?Desastres naturales?

La reciente experiencia de las inundaciones acaecidas en el norte de Espa?a, que el autor de este art¨ªculo ha vivido directamente, y los comentarios que han prodigado estos d¨ªas sobre los problemas de protecci¨®n civil que se han presentado con motivo de las mismas, son objeto de una serie de reflexiones que desea trasladar a la opini¨®n p¨²blica.

La actitud generalizada en nuestro pa¨ªs, y muy especialmente en la Administraci¨®n, respecto a los riesgos derivados de la actuaci¨®n de procesos naturales, oscila entre el fatalismo -la naturaleza es la responsable de los desastres y ¨¦stos son inevitables, seg¨²n tuvimos ocasi¨®n de escuchar a personalidades relevantes durante las inundaciones de octubre pasado en Levante- y el voluntarismo ingenuo, considerando que los procesos naturales van a actuar como nosotros deseamos que lo hagan.Eso no es, ni mucho menos, as¨ª. Se tienen, en el estado actual del conocimiento cient¨ªfico, elementos suficientes como para se?alar las zonas de nuestro pa¨ªs sujetas a riesgos s¨ªsmicos o volc¨¢nicos, a deslizamientos de tierras, a inundaciones, a erosi¨®n litoral, etc¨¦tera. Se pueden elaborar as¨ª mapas que sirvan de base para la promulgaci¨®n de normas legales que limiten ciertos tipos de uso en las zonas sujetas a riesgo, lo que sin duda har¨ªa disminuir grandemente los da?os en caso de desastre. Recorriendo algunas de las zonas de Cantabria afectadas por los temporales (entre otras, la propia pen¨ªnsula de La Magdalena), resulta evidente, para cualquier persona con unos conocimientos b¨¢sicos, que hay muchos edificios que est¨¢n asentados en zonas identificables como inundables en base a criterios geomorfol¨®gicos; que muchos puentes tienen una, secci¨®n insuficiente para acomodar caudales de una magnitud que es de esperar se produzca varias veces por siglo; que hay numerosas construcciones en lugares donde la constituci¨®n, estructura y geomorfolog¨ªa del terreno indican la existencia de riesgo de deslizamientos, etc¨¦tera. Esto es, por supuesto, tambi¨¦n v¨¢lido para el Pa¨ªs Vasco, Catalu?a y Comunidad Valenciana, por citar s¨®lo las zonas afectadas en fechas recientes.

No quiero ni pensar cu¨¢l ser¨¢ la situaci¨®n de producirse un terremoto de cierta intensidad en la zona de Almer¨ªa-C¨¢diz (de sismicidad hist¨®rica bien conocida) o una erupci¨®n volc¨¢nica en zonas habitadas del archipi¨¦lago canario, donde han tenido lugar ya tres erupciones en lo que va de siglo.

No se puede seguir en este pa¨ªs con unos sistemas de protecci¨®n civil y de ordenaci¨®n territorial que ignoran los procesos naturales y que los consideran pr¨¢cticamente como caprichos de los dioses. Existen demasiados casos de carreteras y autopistas que act¨²an como represas en caso de avenidas y agravan las mismas, de zonas industriales asentadas en ¨¢reas inundables, de planes de urbanismo trazados desde una mesa con tal ignorancia de la realidad del medio sobre el que se est¨¢ planificando que colocan ¨¢reas urbanizables en lugares de deslizamientos o hundimientos potenciales, etc¨¦tera; incluso en alg¨²n caso se han se?alado ¨¢reas urbanizables en zonas ocupadas por un embalse... que no figuraba en los mapas utilizados al efecto.

Las consecuencias de este tipo de actitud tienen la gravedad que todos conocemos, y se pagan en vidas humanas y en cuantiosas p¨¦rdidas econ¨®micas.

Lo lamentable y triste del caso es que existen en el pa¨ªs suficientes profesionales cualificados para realizar una cartograf¨ªa sistem¨¢tica de las zonas sujetas a riesgos naturales, y que dicha labor puede llevarse a cabo con un coste muy reducido. Unas decenas de millones de pesetas habr¨ªan permitido seguramente realizar este tipo de cartograf¨ªa en el Pa¨ªs Vasco, un coste rid¨ªculo comparado con los da?os producidos. Por otro lado, es evidente que disponer de mapas de zonas sujetas a riesgos naturales no es suficiente por s¨ª solo para evitar los da?os en las mismas. Es imprescindible que esos mapas se vean complementados con medidas legislativas que definan con claridad y rigor los tipos de usos tolerables en cada zona.

Lamentablemente, en regiones como Cantabria o Alicante, donde existe ya una cartograf¨ªa de esta naturaleza, o como Valencia, donde se est¨¢ elaborando, no se han tomado, que yo conozca, medidas legales de ning¨²n tipo que sirvan para paliar los males comentados.

Como en tantas ocasiones, es preciso acudir a la comparaci¨®n con lo que se hace en otros pa¨ªses de nuestro entorno, en los cuales es habitual que los planes de ordenaci¨®n provincial, municipal, etc¨¦tera, tengan presentes este tipo de factores a la hora de establecer normas de uso que permitan una mayor protecci¨®n de la poblaci¨®n contra los procesos naturales. Es hora ya de tomar medidas serias para acabar con el tercermundismo de esta faceta de nuestra protecci¨®n civil, por medio de una acci¨®n decidida de la Administraci¨®n central o de las administraciones auton¨®micas que incluya tanto la identificaci¨®n y cartograf¨ªa de los riesgos naturales existentes como las medidas legislativas necesarias.