Declaran el secretario y dos funcionarios de la magistratura de la Seguridad Social

El secretario de la Magistratura Especial de Ejecuciones Gubernativas de Barcelona, dedicada a los cobros por apremio de la Tesorer¨ªa de la Seguridad Social, Francisco Jos¨¦ Boyer Belenguer, y dos funcionarios de la misma Magistratura prestaron declaraci¨®n ayer ante el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 9 de Barcelona, a requerimiento del fiscal y en relaci¨®n con la presunta estafa cometida en una subasta instada por la Seguridad Social. En el sumario, desglosado con el n¨²mero 82/83, de las actuaciones judiciales generales seguidas por presuntas irregularidades en subastas de las magistraturas de Trabajo, est¨¢n procesados por estafa un empresario, un subastero y un abogado mercantilista, todos ellos de Barcelona.

Las declaraciones de funcionarios de la Magistratura de Trabajo Especial son las primeras que se toman a miembros de este organismo desde que el Consejo General del Poder Judicial ordenara la apertura de una investigaci¨®n sobre irregularidades en las subastas. Las actuaciones generales se dirigen hacia las posibles actuaciones delictivas de un grupo formado por cerca de 40 individuos que monopolizan, junto con el ultraderechista Alberto Royuela, los procedimientos de concurso de la Seguridad Social en Barcelona.Existen indicios de complicidad entre el grupo de subasteros y determinados empresarios que, en parte coaccionados y en parte protagonistas de sus propios autoembargos, pagan a los primeros para organizar operaciones de recompra de sus bienes. La posible implicaci¨®n de ciertos abogados de empresa, peritos y la familiaridad con que los subasteros frecuentan la Magistratura de Trabajo Especial se encuentran en el fondo de las investigaciones, sin que, hasta ahora, hubieran sido llamados a declarar funcionarios de la Magistratura.

El costoso precio

Algo m¨¢s de dos horas se prolong¨® ayer el interrogatorio de los funcionarios, a requerimiento del fiscal. El sumario hace referencia a una de las llamadas operaciones de recompra, que afect¨® a una peque?a empresa propiedad de Federico Trap¨¦, situada en la poblaci¨®n de Montesquiu, pr¨®xima a Vic. El empresario, el subastero Rafael Grau y el abogado de empresa Jos¨¦ Pablo S¨¢nchez I?igo se encuentran procesados por esta causa, seguida ¨²nicamente por el presunto delito de estafa, aunque podr¨ªan coincidir otros tipos de conductas delictivas.Los bienes de la empresa, valorados en 30 millones en el expediente de suspensi¨®n de pagos, fueron adjudicados por el subastero Grau en una subasta de la Seguridad Social por 760.000 pesetas, con acuerdo previo entre los tres procesados, y cedidos en la misma acta de remate al abogado S¨¢nchez I?igo. La constituci¨®n de una sociedad an¨®nima y la b¨²squeda de la insolvencia de la empresa matriz eran el objeto de la frecuente operaci¨®n. El cuantioso precio pagado por el empresario alcanz¨®, en esta ocasi¨®n, la suma de 6,5 millones de pesetas, mientras que lo pagado en la Magistratura ascendi¨® s¨®lo a 700.000 pesetas, lo que es una muestra del perjuicio causado a la Seguridad Social en este tipo de maquinaciones, que normalmente pasan inadvertidas.

En esta ocasi¨®n, sin embargo, los trabajadores de la empresa, que han comparecido como parte perjudicada en el sumario, se dirigieron al magistrado ejecutante, Vicente Ur¨ªos, para exponer las supuestas irregularidades cometidas, dado que el procedimiento ni siquiera hab¨ªa sido notificado a los interventores de la suspensi¨®n de pagos. La subasta fue al final anulada, aunque, curiosamente, este hecho no fue notificado a los interesados hasta seis meses despu¨¦s, una vez abiertas las actuaciones del juzgado instructor. En el sumario, desglosado del general sobre los subasteros de las magistraturas, figuran todas las certificaciones del expediente administrativo.