Las anomal¨ªas descubiertas son una m¨ªnima parte del fraude

La corrupci¨®n en el transporte por carretera, seg¨²n testimonios recogidos entre profesionales del sector, responsables actuales de la Administraci¨®n y personas que en anteriores Gobiernos han tenido responsabilidad sobre el mismo, no se hubiera podido producir sin una legislaci¨®n confusa y obsoleta, y sin la connivencia de algunos funcionarios y la colaboraci¨®n mediante decisiones concretas o simplemente haciendo la vista gorda de altos cargos de la Administraci¨®n. Ning¨²n transportista ignora c¨®mo se han hecho ciertas fortunas partiendo pr¨¢cticamente de la nada, y es un secreto a voces la financiaci¨®n que se ha otorgado en los ¨²ltimos a?os a distintos partidos de cara a comicios electorales por parte de los grandes empresarios del sector.Aunque en la mayor parte de los casos no existen pruebas, faltan documentos concretos o resguardos de talones, a lo largo de este informe van a ponerse de manifiesto una serie de hechos constatados que coinciden en el tiempo con la gesti¨®n de determinados funcionarios y responsables pol¨ªticos, y de denuncias concretas realizadas por personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas a las que ha tenido acceso este diario.

Una larga herencia

El sector del transporte se desarrolla fuertemente en la d¨¦cada de los sesenta, aprovechando el impulso general de la econom¨ªa espa?ola y la apertura hacia el exterior. Son tiempos de buenos negocios si se tienen influencias. Si uno es empresario y quiere prosperar al calor de las concesiones administrativas, tiene que estar a bien con el sindicato vertical (Vicente Garc¨ªa Ribes, Jos¨¦ Mar¨ªa Cabildo, Francisco Corell). Y si es ingeniero de caminos y quiere hacer carrera pol¨ªtica, debe ingresar en Obras P¨²blicas. Unos y otros se van a encontrar, van a confluir en la Direcci¨®n General de Transportes Terrestres.

Son los a?os en que la concesi¨®n de una l¨ªnea de transportes de viajeros entre dos grandes ciudades o la concesi¨®n de licencias internacionales de mercanc¨ªas, que en muchos casos depend¨ªa de la recomendaci¨®n o de la camarader¨ªa, han levantado fortunas. Lo importante eran las autorizaciones y no el capital, ya que la explotaci¨®n se pod¨ªa hacer subcontratando autobuses o camiones de aut¨®nomos, o, en todo caso, siempre hab¨ªa cr¨¦ditos oficiales o gente dispuesta a participar en la sociedad.

La muerte de Franco anuncia una nueva ¨¦poca, y el sindicato vertical del transporte, aprovechando la redacci¨®n de su estatuto, se transforma con hombres y patrimonio en grandes patronales. Hay algunas tensiones, prueba de ello es la matanza de abogados laboralistas de Atocha, pero en general se adaptan a la nueva situaci¨®n y con un par de huelgas dur¨ªsimas, que paralizan durante varias jornadas el transporte en Espa?a, logran hacerse respetar y conservar buena parte de su influencia ante la Administraci¨®n.

Se crea un nuevo ministerio

Tras las elecciones del 15 de junio de 1977, Adolfo Su¨¢rez crea el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Jos¨¦ Llad¨®, titular del mismo, tiene que estructurar una serie de competencias que le vienen transferidas de los m¨¢s diversos departamentos: Transportes por Carretera, Aviaci¨®n Civil, Marina Mercante, Correos y Tel¨¦grafos, Telef¨®nica, etc¨¦tera. Y tiene que dar cohesi¨®n tambi¨¦n a funcionarios procedentes de las m¨¢s diversas jurisdicciones (incluida la militar).

Forma su equipo con Ignacio Bay¨®n como subsecretario (que ya hab¨ªa ocupado igual cargo en Vivienda, en 1975, y que hab¨ªa sido antes secretario general t¨¦cnico de Obras P¨²blicas) y deja al frente de la Direcci¨®n General de Transportes Terrestres a Juan Antonio Guitart, que ya desempe?aba tal cargo en Obras P¨²blicas. Unos meses despu¨¦s ser¨ªa sustituido ¨¦ste por Jos¨¦ Luis Garc¨ªa L¨®pez, un hombre de Meil¨¢n Gil.

Mariano Mateu, el llamado "rey del transporte" y otros grandes empresarios, orquestan una huelga tremenda a primeros de agosto, para hacerse respetar. Jos¨¦ Llad¨® e Ignacio Bay¨®n aguantan el pulso como pueden y aceptan, para terminar con el paro, algunas de las reivindicaciones planteadas. Una de ellas se traduce en la pr¨¢ctica eliminaci¨®n del canon de coincidencia para el transporte de mercanc¨ªas (cantidad que pagaban los camiones al ferrocarril cuando hab¨ªa coincidencia de itinerarios). Esta orden ministerial, cuya legalidad ahora se cuestiona, ha supuesto una minoraci¨®n de ingresos al Tesoro de unos 1.500 millones de pesetas.

Tambi¨¦n en este per¨ªodo se inicia el cobro de tasas que no existen, la gesti¨®n extrapresupuestaria de fondos y la falta de ingreso de determinadas cantidades al Tesoro. Todo ello tiene su origen en disposiciones e instrucciones emanadas en tiempos del director general, Jos¨¦ Luis Garc¨ªa L¨®pez.

Un personaje importante

La vieja legislaci¨®n de 1947 sigue dejando resquicios legales, el llamado art¨ªculo 35, para conceder de forma provisional (autorizaciones que peri¨®dicamente se van prorrogando) l¨ªneas de viajeros a quien convenga. En esta ¨¦poca se conceden cuatro.

Un ingeniero de caminos influyente, amigo de Leopoldo Calvo Sotelo, o al menos se ufanaba de ello, accede a la Subdirecci¨®n General de Transportes en esta ¨¦poca de Llad¨® y asume la responsabilidad del transporte internacional. Continuar¨¢ desempe?ando tales atribuciones, independientemente de las distintas reestructuraciones y cambios de cargo en la Direcci¨®n General de Transportes, hasta finales de 1982. Cuando el ministro Luis Gamir lo cesa, una treintena de grandes empresarios del transporte acude a su despacho exigiendo que se le reponga en el puesto.

Aparte de los testimonios personales, del ministro Gamir y de su subsecretario Carlos Merino, hay un documento elocuente sobre el cese de Diego Calleja. Es un escrito que tiene sello de registro de entrada en el Ministerio de Transportes de 10 de noviembre de 1982 y est¨¢ firmado por Francisco Corell, presidente de la gran patronal TIR (la Asociaci¨®n de Transporte Internacional), en nombre de quienes hab¨ªan acudido al despacho del ministro.

En el escrito se afirma que el cese de Calleja, que ven¨ªa ocup¨¢ndose del control y distribuci¨®n de las autorizaciones para el transporte internacional, "preocupa grandemente a todas nuestras empresas asociadas, m¨¢xime si se tiene en cuenta el previsible cambio de Gobierno" -se refiere a la victoria socialista en las elecciones del 28 de octubre- "y el posible vac¨ªo administrativo que podr¨ªa producirse". Despu¨¦s se alaba la capacidad y competencia de Diego Calleja y se pide que se le reponga en el cargo.

Diego Calleja es uno de los tres funcionarios que han dispuesto durante todo este per¨ªodo de firma en las cuentas privadas en las que se gestionaba extrapresupuestariamente el canon de coincidencia. Desde estas cuentas, entre otras salidas pintorescas, se ha detectado una subvenci¨®n de 500.000 pesetas a la patronal de transportes de viajeros Feneb¨²s y adelantos a la empresa Gr¨¢ficas Maribel.

Diego Calleja, que en un principio hab¨ªa aceptado exponer sus puntos de vista sobre estos hechos, se neg¨® posteriormente a cualquier tipo de declaraci¨®n a este diario.

La etapa S¨¢nchez Ter¨¢n-Rebollo

A Salvador S¨¢nchez Ter¨¢n corresponde otra orden ministerial, cuya legalidad ahora se discute, que pr¨¢cticamente elimin¨® el canon de coincidencia para las empresas de transporte de viajeros. Esta orden no s¨®lo redujo los ingresos de Renfe y el Tesoro, sino que prim¨® el transporte coincidente con el ferrocarril en unos 2.000 millones (los empresarios han podido seguir cobrando el canon en su integridad a los usuarios). El ex ministro, ex presidente de Telef¨®nica y ex director general de Renfe, entre otros muchos cargos, ha insistido a este diario en la legalidad de la citada orden ministerial.

Alejandro Rebollo, su subsecretario, manifest¨® por su parte que quien deb¨ªa defender la orden era el ministro, y que la Direcci¨®n General de Transportes era muy aut¨®noma y despachaba normalmente con el ministro. Rebollo desconoc¨ªa por eso las irregularidades que estaban teniendo lugar, pero en los temas que pudo conocer exigi¨®, seg¨²n dice, cumplimiento de la legislaci¨®n y transparencia.

En este sentido, tanto S¨¢nchez Ter¨¢n como Rebollo recordaron que hab¨ªan sido ellos quienes hab¨ªan creado la Inspecci¨®n General de Servicios del Ministerio. Para el ex ministro, "no existe ni ha existido fraude de 10.000 millones de pesetas en el Ministerio de Transportes".

En esta etapa, que se extiende de febrero de 1978 a mayo de 1980, se concedieron 41 concesiones de l¨ªneas de viajeros por la v¨ªa excepcional del art¨ªculo 35. Durante buena parte de este mandato fue director general de Transportes Pedro Gonz¨¢lez Haba, que no quiso hacer declaraciones a este diario y que en la actualidad ha sido nombrado por el Ejecutivo socialista presidente del Instituto Nacional de Meteorolog¨ªa.

En la etapa de Jos¨¦ Luis ?lvarez como ministro y Juan Carlos Guerra Zunzunegui como subsecretario, que se extiende de mayo de 1980 a diciembre de 1981, se producen las denuncias francesas por las falsificaciones que algunos transportistas espa?olas realizan de las autorizaciones TIR. Tambi¨¦n en esta ¨¦poca tiene lugar la transferencia de algunas de las autorizaciones internacionales de Mateu-Mateu, que suspende pagos a finales de 1979 y meses despu¨¦s es declarado en quiebra, hacia otras empresas de transporte. Sobre los temas que han aparecido en Prensa relativos a irregularidades en el ministerio, Jos¨¦ Luis ?lvarez declara que los desconoc¨ªa, pero que si hubieran llegado a su conocimiento, ¨¦l habr¨ªa sido el primero en corregirlos. Durante su etapa se conceden 28 autorizaciones de l¨ªneas de viajeros excepcionales, v¨ªa articulo 35.

En diciembre de 1981 entra Luis Gamir, con Carlos Merino como subsecretario y Jes¨²s Posada (que ya estaba con ?lvarez) como director general de Transportes. En esta ¨¦poca se cesa a Jes¨²s Quesada como subdirector general, a ra¨ªz de una discutible concesi¨®n por el art¨ªculo 35. Quesada es hoy director general del Gobierno socialista de Castilla-La Mancha. En una reuni¨®n con las comunidades aut¨®nomas se descubre que en Sevilla se est¨¢n cobrando tasas ilegales, y a ra¨ªz de ello el ministro y el subsecretario dan instrucciones precisas de que cesen de percibirse conceptos que no se ajusten a la legalidad, al tiempo que abren una investigaci¨®n.

"Se consider¨® que lo l¨®gico era que la investigaci¨®n la realizara la Intervenci¨®n Genera del Estado, porque legalmente es un tema de su competencia -aunque tambi¨¦n pueden actuar los servicios de inspecci¨®n de un ministerio-", afirma Luis Gamir, que recuerda que fue la Intervenci¨®n quien realiz¨® una auditor¨ªa muy brillante sobre Televisi¨®n. Para el ex ministro, "si no se hubiesen anticipado las elecciones, es posible que la Intervenci¨®n General del Estado hubiese acabado su investigaci¨®n".

Jes¨²s Posada, que dimiti¨® para presentarse a las elecciones del 28 de octubre por Soria y hoy es procurador de AP por aquella provincia en Castilla-Le¨®n, autoriz¨® semanas antes cuatro solapes (enlace entre dos itinerarios), dos de los cuales pasaban por Soria. Posada declar¨® a este diario que fueron correctamente concedidos y que su calidad de soriano, que tambi¨¦n influy¨®, le aseguraba un conocimiento de las necesidades a cubrir y de las empresas que lo solicitaban.

La etapa socialista

Enrique Bar¨®n, a las pocas semanas de acceder al cargo, encarg¨® que se hiciera la investigaci¨®n que ahora ha salido a la luz y que ha puesto de manifiesto buena parte de las irregularidades comentadas.

No obstante, el fraude sobrepasa los l¨ªmites hasta ahora investigados y la corrupci¨®n contin¨²a en muchos campos. Este diario, por ejemplo, ha tenido acceso a numerosas listas negras, en las que figuran los titulares de camiones y las matr¨ªculas de ¨¦stos, que se intercambian las agencias de transporte para dejar sin trabajo a los aut¨®nomos que no se doblegan a las condiciones que les imponen.