Los jornaleros del SOC ocupan una finca en C¨¢diz que consideran mal explotada
Un grupo de 60 jornaleros del Sindicato de Obreros del Campo (SOC) ocup¨® ayer la finca El Grullo -al parecer, propiedad de Jos¨¦ de la Cuadra Burgos, teniente coronel del Ej¨¦rcito de Tierra-que consideran mal explotada. La finca, con una extensi¨®n de unas 240 hect¨¢reas, se encuentra situada en el t¨¦rmino municipal de Villamart¨ªn, en la provincia de C¨¢diz. La ocupaci¨®n se produjo a primeras horas de a tarde de ayer, y a la hora de redactar esta informaci¨®n, el gobernador civil de la provincia, Salvador Dom¨ªnguez, a¨²n no hab¨ªa manifestado ninguna decisi¨®n al respecto.
Francisco Casero, uno de los m¨¢s destacados l¨ªderes del SOC, se encontraba a la cabeza de los ocupantes, que se?alan esta finca como mal explotada, con predominio de cultivos que proporcionan escasa mano de obra, como el girasol o el trigo, y con una zona de monte incultivada. Los jornaleros del sindicato campesino, que tienen esta comarca y en la de Marinaleda sus focos de influencia, exigen que la reforma agraria pase por la incautaci¨®n de este tipo de fincas, en base a un criterio de extrapolaci¨®n de la sentencia del caso Rumasa, que, en la interpretaci¨®n del SOC, ha respaldado la expropiaci¨®n de bienes particulares por causas de extraordinario inter¨¦s social.La finca pertenece, seg¨²n los jornaleros, a un teniente coronel del Ej¨¦rcito, Jos¨¦ de la Cuadra Burgos, que tendr¨ªa su residencia en M¨¢laga, si bien este extremo no pudo ser comprobado por este peri¨®dico. Los jornaleros manifestaron en la tarde de ayer su intenci¨®n de dormir en la finca y de empezar sus trabajos en ella. Previamente, a lo largo de la ma?ana se produjo la ocupaci¨®n de una de las fincas expropiadas a Rumasa, El Indiano, situada en los l¨ªmites entre las provincias de Sevilla y C¨¢diz, entre las localidades de Puerto Serrano y Montellano y perteneciente al t¨¦rmino municipal de esta ¨²ltima poblaci¨®n. El Indiano, perteneciente a Rumasa hasta la expropiaci¨®n del grupo, ya fue objeto de una ocupaci¨®n al poco del decreto de incautaci¨®n del holding y desalojada por la Guardia Civil. La ocupaci¨®n de esta finca a primeras horas de la ma?ana fue justificada por el propio Casero por la exigencia a los poderes p¨²blicos de la puesta en marcha de planes que eleven la econom¨ªa de esta comarca. A juicio de Casero, una vez ratificada por el Tribunal Constitucional la expropiaci¨®n de Rumasa, hay que exigir de los poderes p¨²blicos la puesta en marcha de planes para la explotaci¨®n, con beneficios sociales, de estas fincas. Al respecto, hay que decir que el proyecto de reforma agraria de la Junta de Andaluc¨ªa cuenta con las tieITas expropiadas a Rumasa como hase para las primeras experiencias piloto. Tras unas horas de ocupaci¨®n y de asamblea en El Indiano, se decidi¨® trasladar la ocupaci¨®n a El Grullo.
CC OO estudia acciones
Podr¨ªa no ser ajeno a esta decisi¨®n el hecho de que el gobernador de Sevilla ha venido mostr¨¢ndose hasta el momento m¨¢s en¨¦rgico son las acciones de los jornaleros que el de C¨¢diz, que hasta ahora ha conseguido bandear con habilidad este tipo de problemas en su provincia y al que con la ocupaci¨®n de El Grullo se le coloca ante la necesidad insalvable de intervenir si, como es de esperar, el propietario de la finca. denuncia la ocupaci¨®n.Al tiempo, CC OOO estudiaba ayer en Pruna un plan de acciones en rechazo a aplicaci¨®n del criterio de la unidad familiar y de otras medidas restrictivas en los censos de beneficiarios del paro comunitario. El descenso del paro comunitario ha subido extraordinariamente en las ¨²ltimas semanas, lo que, a juicio de las autoridades, se debe a la proximidad del establecimiento de un sistema sustitutivo y al deseo de estar en el censo inicial cuando se ponga en marcha el nuevo sistema. El n¨²mero de beneficiarios del paro comunitario ha alcanzado en las ¨²ltimas fechas hasta las 165.000 personas, n¨²mero muy por encima del de a?os anteriores en las mismas fechas. El alcalde de Casariche, por otra parte, denunci¨® tambi¨¦n ayer la resistencia del gobernador a recibir al pleno del ayuntamiento de este pueblo para estudiar algunas exclusiones en el paro comunitario.
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