Urbanizaciones ilegales en Madrid

La aprobaci¨®n por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid del proyecto de ley de Disciplina Urban¨ªstica pone de nuevo en candelero en la regi¨®n madrile?a, en opini¨®n del autor de este art¨ªculo, la cuesti¨®n de las urbanizaciones ilegales, que han proliferado de forma escandalosa e incontrolada.

El problema de la paulatina urbanizaci¨®n de grandes extensiones e suelo agr¨ªcola por m¨¦todos ilegales y de modo clandestino, que estuvo en segundo plano a lo largo e la campa?a electoral autonom¨ªa, y sobre el cual ha pasado como obre ascuas una buena parte de s ayuntamientos de Madrid, es un factor condicionante de algunas de las pol¨ªticas sectoriales que, al menos como declaraci¨®n de principios, se vienen anunciando por el Consejo de Gobierno. La pol¨ªtica de ordenaci¨®n del territorio, la pol¨ªtica agr¨ªcola y ganadera, de protecci¨®n del medio ambiente, e recuperaci¨®n del medio f¨ªsico, etc¨¦tera, encuentran en ese fen¨®meno un obst¨¢culo de una importancia dif¨ªcilmente eludible para cualquier acci¨®n de progreso. De la envergadura del problema puede dar una idea el hecho de que se encuentren en esa situaci¨®n aproximadamente 100 millones de metros cuadrados de suelo r¨²stico o o urbanizable.La urbanizaci¨®n clandestina afecta hoy, en mayor o menor grado, a aproximadamente 50 t¨¦rminos municipales y el efecto principal de su extensi¨®n y/o consolidaci¨®n es, entre otros, el grav¨ªsimo deterioro del medio natural, ambiental y agr¨ªcola, ya que buena arte de las mejores y m¨¢s f¨¦rtiles vegas de r¨ªos como el Jarama, el Taju?a o el Henares se ven afectadas directamente. Lo mismo ocurre con otras zonas, especialmente de secano, que aun no teniendo tan altos valores agropecuarios eran cultivadas antes de la explotaci¨®n urbanizadora, o con suelos de especial importancia forestal, paisaj¨ªstica, etc¨¦tera.

Por otro lado, este proceso tiene consecuencias nefastas en el normal funcionamiento de los municipios afectados: al carecer de la m¨¢s m¨ªnima infraestructura urban¨ªstica (alcantarillado, asfaltado de calles, alumbrado, etc¨¦tera), las corporaciones se encuentran con muy serias dificultades para garantizar unos servicios dignos, hipotecan su futuro urban¨ªstico por la v¨ªa de los hechos y, en consecuencia, ven limitada la autonom¨ªa municipal para ejercer sus competencias en materia de planeamiento, de programaci¨®n de inversiones o de previsiones de crecimiento, al margen de los efectos negativos sobre las respectivas haciendas locales (muy superiores a los presuntos efectos positivos que utilizan los partidarios de la legalizaci¨®n sin m¨¢s).

Pero lo m¨¢s grave, desde una visi¨®n de conjunto regional, es el condicionante que supone para la aplicaci¨®n coherente de las pol¨ªticas sectoriales en el ¨¢mbito de la comunidad. En agricultura y ganader¨ªa, en medio ambiente y en ordenaci¨®n territorial va a resultar dif¨ªcil actuar, no s¨®lo por el deterioro producido, sino por las expectativas de r¨¢pido beneficio que la pol¨ªtica de dejar pasar de determinados ayuntamientos y la falta de energ¨ªa mostrada por Coplaco, Gobierno Civil y otras instancias supramunicipales en el per¨ªodo anterior ha generado en los promotores. Expectativas que se han interrelacionado con una tendencia acelerada a disminuir la actividad agraria en sectores tradicionalmente ocupados en ella y con las facilidades que los promotores han encontrado en la cierta inhibici¨®n de algunos notarios y registradores de la propiedad, que han facilitado la transmisi¨®n y divisi¨®n de fincas en contra de la normativa urban¨ªstica. Si a ello a?adimos la ocupaci¨®n de algunas zonas para actividades industriales, abriendo de hecho v¨ªas al desarrollo de la econom¨ªa sumergida, podemos darnos cuenta de la gravedad del problema.

Con la ley en la mano

En este marco, el proyecto de ley de Disciplina Urban¨ªstica aparece como un encomiable esfuerzo en la direcci¨®n de cubrir algunos vac¨ªos jur¨ªdicos. Pero, a juicio del PCE, y con independencia de las enmiendas que en su d¨ªa presente, no resuelve por s¨ª mismo el problema fundamental. A nuestro entender, ya exist¨ªa, y existe, la suficiente cobertura legal para intervenir con energ¨ªa y responsabilidad sobre ese fen¨®meno, actuando, con la ley del Suelo en la mano, sobre los promotores y buscando v¨ªas de defensa y apoyo para los afectados en ¨²ltima instancia (los enga?ados compradores de parcelas), restableciendo rigurosamente la legalidad. El problema, por tanto, es de car¨¢cter pol¨ªtico. A pesar de la campa?a realizada por la extinta diputaci¨®n en la primavera de 1982, el proceso, con altibajos, ha continuado avanzando. S¨®lo podemos constatar como acciones en¨¦rgicas en la l¨ªnea arriba apuntada las realizadas el pasado a?o por los ayuntamientos de Arganda y Mejorada del Campo, ambos con alcalde comunista en aquellas fechas.

?De qu¨¦ se trata, entonces? En nuestra opini¨®n, se hace urgente la elaboraci¨®n de un plan de erradicaci¨®n de las urbanizaciones ilegales no consolidadas a partir del Consejo de Gobierno, haciendo desarrollar la responsabilidad que corresponde a los distintos niveles de la Administraci¨®n que act¨²an en el ¨¢mbito regional. Plan del que la citada ley no puede ser sino una parte (y no la fundamental), y que ha de sustentarse en un conocimiento exhaustivo del volumen del suelo clasificado no urbanizable o r¨²stico parcelado, o edificado ilegalmente, en el conjunto del territorio de la comunidad. Es, en consecuencia, imprescindible, al margen de la actuaci¨®n, tener una visi¨®n cuantificada del. problema, con una caracterizaci¨®n precisa de las infracciones. Buena base de partida podr¨ªa ser el estudio realizado por la diputaci¨®n el pasado a?o (con las correspondientes actualizaciones), al que ser¨ªa preciso a?adir un an¨¢lisis valorativo de los efectos que su divulgaci¨®n tuvo sobre la acci¨®n urbanizadora, objeto del presente art¨ªculo. Este plan ha de contemplar medidas de car¨¢cter ejecutivo, ejecutadas con la conveniente prioridad, en cuya concreci¨®n participen, junto a los ¨®rganos de la comunidad, los ayuntamientos afectados.

Esta l¨ªnea de actuaci¨®n, brevemente esbozada, ha sido norma habitual en la actividad del PCE. Coherentemente, su grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid, consciente de la gravedad del, problema, ha presentado una interpelaci¨®n para recabar una pol¨ªtica rigurosa en esta materia al Consejo de Gobierno.

En espera de que, al contrario de lo ocurrido en mayo de 1982 (presentaci¨®n de una pregunta en el Congreso de los Diputados sobre la materia, cuyos efectos fueron nulos), con el PSOE en el Gobierno de la regi¨®n, con todas las competencias en materia de urbanismo a su disposici¨®n y con la hegemon¨ªa pol¨ªtica en la mayor parte de los gobiernos locales de Madrid, se act¨²e coherentemente con la pol¨ªtica de progreso que nuestra comunidad precisa.