La pretendida reforma agraria andaluza

El proyecto de reforma agraria de la Junta de Andaluc¨ªa es al mismo tiempo muy limitado e imposible de llevar a cabo sin la colaboraci¨®n del Gobierno central, que hasta ahora no ha asumido ning¨²n compromiso al respecto, se?ala el autor de este art¨ªculo. En su opini¨®n, esta reforma debiera globalizarse en un plan econ¨®mico general, y el Gobierno andaluz debe gozar de mayores competencias de las que actualmente tiene.

Cuando se analiza el tan anunciado proyecto de reforma agraria de Escuredo y lo dicho en la conferencia de prensa que sigui¨® a su presentaci¨®n en Carmona, con despliegue de un fuerte aparato propagand¨ªstico, hay que lamentar la manipulaci¨®n pol¨ªtica de los t¨¦rminos, las ideas y hasta de los datos.?C¨®mo es posible que se presente a bombo y platillo un proyecto tan limitado en s¨ª mismo que ser¨ªa plenamente asumible o equiparable al de cualquier programa tecnocr¨¢tico o desarrollista de los a?os sesenta del franquismo? Y aun as¨ª, con sus limitaciones, ?creen los autores que van a poder llevarlo a cabo? Los andaluces estamos bastante escarmentados. Porque, ?qu¨¦ ha pasado con el famoso Plan de Urgencia para Andaluc¨ªa (PUA), con sus muchos miles de millones y sus muchos tambi¨¦n miles de nuevos puestos de trabajo? ?Y qu¨¦ de aquel otro Plan Extraordinario de Inversiones (PEI), no menos ambicioso y prometedor? Ahora se recurre a la palabra m¨¢gica reforma agraria, de tan hondas resonancias hist¨®ricas y tan cargada de ilusiones de cambio, para mantener a la opini¨®n p¨²blica enga?ada con falsas expectativas durante otra temporada.

Dos leyes ya existentes

Nadie puede negar, no obstante, los aspectos positivos que el proyecto tiene. Pero tambi¨¦n es cierto que resulta pretencioso calificarlo as¨ª, como reforma agraria. En definitiva, se trata de aplicar a Andaluc¨ªa dos leyes que ya exist¨ªan previamente: la de Reforma y Desarrollo Agrario, del per¨ªodo franquista, y la de Fincas Manifiestamente Mejorables, del Gobierno de UCD. La verdadera novedad, si existe, es la afirmaci¨®n de Escuredo de la "voluntad pol¨ªtica" de aplicarlas.

A sus limitaciones intr¨ªnsecas hay que sumar el hecho de que el proyecto depende para su aplicaci¨®n de las decisiones que en su momento adopte el Gobierno de Madrid.

Se necesita, de un lado, la transferencia a la Junta de Andaluc¨ªa de las fincas de Rumasa, lo que todav¨ªa est¨¢ por ver (no se olvide que a¨²n est¨¢ pendiente la sentencia del Tribunal Constitucional); de otra parte, es preciso que se transfieran al Gobierno andaluz las compentencias del IRYDA y del Icona.

Sin estos requisitos previos la Junta no podr¨¢ iniciar siquiera un atisbo de realizaciones concretas. Y hasta ahora, que se sepa, el Gobierno central no se ha pronunciado al respecto.

Pero hay m¨¢s: llama la atenci¨®n la falta de recursos financieros que se anuncian para la realizaci¨®n del proyecto. Es falso que se disponga de 50.000 millones de pesetas. La suma de partidas de organismos aut¨®nomos que van a engrosar esta cifra (IRYDA, Icona) asciende a 35.000 millones, seg¨²n manifestaciones del propio consejero de Agricultura. Estos 35.000 millones, procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, se hubieran invertido con o sin reforma Escuredo, y tienen ya su destino espec¨ªfico. De los 15.000 millones restantes no se tienen a¨²n noticias en el Consejo de Gobierno.

Desde el propio seno de la Administraci¨®n andaluza han salido voces m¨¢s serias huyendo de falsos triunfalismos, como la del director general de Pol¨ªtica Financiera, quien ha advertido de la .muy poca capacidad econ¨®mica de la Junta de Andaluc¨ªa" y, en consecuencia, afirmaba: "Haremos la reforma agraria que podamos" (v¨¦ase diario Costa del Sol de 21 de octubre de 1983).

Maniobra pol¨ªtica

A partir de estas constataciones, f¨¢cilmente se deducen. las dificultades reales que la Junta va a encontrar para llevar a la pr¨¢ctica el proyecto Escuredo. Incluso la fijaci¨®n de baremos para diagnosticar si una finca es infrautilizada y la comprobaci¨®n de dicha infrautilizaci¨®n para cargarle con un nuevo impuesto a?adido exigen tales recursos t¨¦cnicos por parte del creado Instituto Andaluz para la Reforma Agraria (IARA) que tal tarea resulta por s¨ª misma excesivamente ardua.

De otra parte, piensa el PSA que la reforma agraria deber¨ªa inscribirse en un plano econ¨®mico global, en el que se contemplara paralelamente la industrializaci¨®n, abordando una reordenaci¨®n de la econom¨ªa andaluza en base a objetivos m¨¢s aut¨®nomos. Para todo ello es imprescindible la aportaci¨®n econ¨®mica del Estado, ante la insuficiencia de recursos de la Administraci¨®n andaluza, en cuant¨ªa suficiente durante el per¨ªodo de vigencia del plan y consign¨¢ndose anualmente en los Presupuestos Generales del Estado las partidas correspondientes que con tal finalidad ser¨ªan transferidas a la Junta de Andaluc¨ªa. Los andalucistas mantenemos que el Estatuto de Andaluc¨ªa no otorga competencias al Gobierno de nuestra nacionalidad para llevar a cabo una reforma agraria de verdad. Por ¨¦sta, entre otras razones, nosotros (el PSA) votamos en contra del mismo cuando fue aprobado en C¨®rdoba (marzo de 1981) por la Asamblea de parlamentarios andaluces. Y por eso tambi¨¦n, cuando fue sometido a refer¨¦ndum, lo hicimos afirmativamente, aunque con objeciones, porque sab¨ªamos que no deb¨ªa paralizarse un proyecto auton¨®mico que tanto hab¨ªa costado poner en marcha. De aqu¨ª que estemos dispuestos a desmitificar desde el principio este proyecto, para que el pueblo andaluz no se llame una vez m¨¢s a enga?o. Y decir desde este momento, con la mayor claridad, que el proyecto es insuficiente y no va a resolver en absoluto el grave problema estructural de la agricultura andaluza, y que aun as¨ª el Gobierno andaluz se encuentra atado de pies y manos para llevarlo a la pr¨¢ctica.

Subsanar deficiencias

En estas circunstancias, el grupo parlamentario andalucista lleva a cabo una iniciativa en el Parlamento andaluz tendente a subsanar las deficiencias del estatuto en cuanto a competencias relativas al sector primario en su conjunto y a la reforma agraria espec¨ªficamente. La v¨ªa escogida es la solicitud al Estado de ampliaci¨®n de competencias conforme al art¨ªculo 21 del estatuto andaluz, que resulta ser un mecanismo m¨¢s f¨¢cil y r¨¢pido que la reforma del estatuto, y adem¨¢s contempla la dotaci¨®n a la comunidad aut¨®noma de los medios financieros, personales y administrativos.

Cuando tal iniciativa se sustancie en el pleno correspondiente del Parlamento andaluz, ser¨¢ una buena ocasi¨®n para saber si Escuredo quiere o no competencias y medios (poder, en definitiva) para emplearlos en cambiar las estructuras econ¨®micas andaluzas o, por el contrario, pretende continuar con su limitado proyecto de reforma agraria del que muchos tememos que poco o nada quedar¨¢ en dos o tres a?os.

Luis Uru?uela Fern¨¢ndez es sectetario general del PSA, partido andaluz.