La falta de informaci¨®n oficial sobre las empresas de Rumasa radicaliza las reclamaciones de sus accionistas minoritarios

La nula informaci¨®n sobre la situaci¨®n real de las empresas de Rumasa ha radicalizado las reclamaciones de los accionistas minoritarios de cara a la prometida indemnizaci¨®n. Entre los representantes del accionariado de las dos mayores sociedades del grupo, Galer¨ªas Preciados y Banco Atl¨¢ntico, que reun¨ªan m¨¢s de 60.000 peque?os propietarios, sobre un total de 100.000 para todo el grupo, se ha hablado ya de promover una asociaci¨®n de afectados para presionar con mayor fuerza ante la Administraci¨®n. Los ahorradores que invirtieron en t¨ªtulos de Galer¨ªas han acordado pedir, con m¨¢s desesperanza que convicci¨®n, 843,75 pesetas por cada una de sus acciones, cotizadas en Bolsa a menos de 120 pesetas d¨ªas antes de la expropiaci¨®n.

Las gestiones para constituir una asociaci¨®n de afectados, nucleada en torno a los accionistas expropiados de Galer¨ªas Preciados (unos 40.000) y del Banco Atl¨¢ntico (m¨¢s de 20.000), se han mantenido hasta ahora reservadas. Fuentes del accionariado han reconocido que se trata m¨¢s de un posible argumento ante la Administraci¨®n que de un proyecto con posibilidades de prosperar, debido a que muchos peque?os ahorradores lo que desean es recibir la indemnizaci¨®n cuanto antes y, en cualquier caso, no efectuar desembolsos adicionales.Desde la Administraci¨®n se observan con recelo estos movimientos. Uno de los principales temores detectados es que podr¨ªan ser instrumentados por personas pr¨®ximas a Ruiz-Mateos. En el mundo bancario ya hubo precedentes de este tipo. Los m¨¢s sobresalientes han sido en los casos de la quiebra del Banco de Navarra -cuya asociaci¨®n fue asesorada por el actual representante jur¨ªdico del fundador de Rumasa, Crisp¨ªn de Vicente- y el m¨¢s reciente de la suspensi¨®n de pagos del Banco de los Pirineos. Ambas son las entidades que, junto a Rumasa, han tenido soluciones m¨¢s at¨ªpicas a su crisis.

Fuentes de la Administraci¨®n han recordado que tales asociaciones ser¨ªan in¨²tiles y quiz¨¢ contraproducentes, pues la disposici¨®n expropiadora ya se?alaba entre sus objetivos el "respeto mas absoluto de los derechos de los accionistas", as¨ª como un procedimiento plagado de garant¨ªas para conseguirlo. Aparte de tales garant¨ªas, los actuales administradores de Rumasa han insinuado a los representantes de los accionistas el prop¨®sito de devolver las, acciones a todo aquel que lo desee mucho antes incluso de llegar a un acuerdo sobre la indemnizaci¨®n o justiprecio.

Pero lo cierto es que este proyecto, albergado por la Direcci¨®n General del Patrimonio desde antes del verano, todav¨ªa no se ha concretado. Asimismo, en la asamblea general de la comunidad de socios de Galer¨ªas (el decreto-ley les llamaba accionistas y en la ley han quedado como socios) se inform¨® de la total resistencia de los responsables de la empresa a facilitarles datos sobre la situaci¨®n real de la misma, pese a que el director general del Patrimonio del Estado, Javier Moral, les remiti¨® a ellos. Dicha negativa ha dado origen a un requerimiento notarial.

Elevadas indemnizaciones

Precisamente la carencia de datos ha empujado a los socios expropiados de la mayor empresa de Rumasa al acuerdo de pedir 843,7 pesetas por acci¨®n, lo que supone una cotizaci¨®n del 168,75% sobre el nominal de cada t¨ªtulo (500 pesetas), cuando en Bolsa se cotizaban al 23% durante los d¨ªas anteriores a la expropiaci¨®n. El propio presidente de esta comunidad, Jes¨²s Mar¨ªa Agurruza, agente burs¨¢til e inspector financiero y tributario, advirti¨® a la asamblea general del pasado lunes que ning¨²n accionista deb¨ªa expresar su deseo de ceder sus t¨ªtulos a valores inferiores. Dijo que ¨¦se era el valor contable que se desprende de las dos ¨²ltimas memorias anuales de la sociedad, incluso despu¨¦s de suprimir sobrevaloraciones, por lo que s¨®lo ser¨ªa revisado en caso de que los responsables de Galer¨ªas accedan a proporcionarles informaci¨®n.

Hay tres formas de fijar la indemnizaci¨®n por la ley de expropiaci¨®n de 1954: promedio de cotizaci¨®n en los dos ¨²ltimos a?os (36% para Galer¨ªas), capitalizaci¨®n del beneficio promedio en los tres ejercicios finales (cero pesetas en Galer¨ªas) y dividir por el n¨²mero de acciones la diferencia entre la valoraci¨®n contable de los bienes y el total de las deudas. Los accionistas de la segunda empresa espa?ola de grandes almacenes han elegido la ¨²ltima, que es la propiciada por la disposici¨®n expropiadora. Pero, si bien el decreto-ley y la ley prev¨¦n el ajuste de los valores contables a los reales, con los criterios comerciales m¨¢s usuales, la segunda disposici¨®n no recoge la posibilidad de que se incluya el valor del fondo de comercio (el precio del nombre de la sociedad).

Si no hay acuerdo en los dos o tres pr¨®ximos meses entre las reclamaciones que formulen los accionistas de las empresas expropiadas y las propuestas de la Administraci¨®n, la indemnizaci¨®n deber¨¢ fijarla dentro del plazo de otros seis meses el Jurado Provincial de Expropiaci¨®n de Madrid. Luego, el Estado dispone para pagar de tres meses m¨¢s, aunque deber¨¢ a?adir un inter¨¦s del 8%. desde el 23 de febrero pasado, perspectiva que no satisface tampoco a los afectados.