La derecha gana la 'batalla' de la seguridad ciudadana

El Gobierno ha arrojado la toalla y se ha plegado a las exigencias de la derecha de reformar la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal ante la imposibilidad de ser aplicada correctamente por la insuficiencia del aparato judicial y por el enfrentamiento existente entre los polic¨ªas y sus propios mandos y el fracaso de la racionalizaci¨®n y modernizac¨ª¨®n de sus estructuras. El espectacular incremento de la delincuencia en los ¨²ltimos meses indujo finalmente al Gabinete de Felipe Gonz¨¢lez a dar marcha atr¨¢s en el tema y endurecer la normativa legal, para lo cual el Consejo de Ministros que preside se reunir¨¢ el mi¨¦rcoles con car¨¢cter extraordinario.Tras una intensa operaci¨®n de acoso y derribo, orquestada en torno a las ¨²ltimas muertes violentas y secuestros de empresarios, y tras el continuo hostigamiento desde alguna Prensa, la gran derecha ha mordido carne por primera vez en el Gobierno, despu¨¦s de campa?as como la del aborto o la ense?anza. En el seno del Gobierno parece haberse impuesto la l¨ªnea dura, encabezada por el ministro del Interior, Jos¨¦ Barrionuevo, frente a la l¨ªnea progresista marcada por el titular de Justicia, Fernando Ledesma.

Desde el primero de los ministerios se ha contribuido veladamente en los ¨²ltimos meses a crear un estado de opini¨®n favorable a que las excarcelaciones de los 7.000 presos preventivos desde la reforma de abril de 1983 fueron la causa principal del incremento de la delincuencia com¨²n, especialmente de los delitos contra la propie dad, cuyo porcentaje ha crecido en los ¨²ltimos meses por encima del ciento por ciento. Una prueba concluyente puede ser la tesis mantenida ante periodistas el pasado jueves por un alto cargo de la polic¨ªa, que se?al¨® que se habr¨ªa dado un paso decisivo si las c¨¢rceles es pa?olas tuviesen una poblaci¨®n de 20.000 personas, frente a la 15.000 actuales, de las que un 40% aproximadamente se econtraban a la espera de juicio.

Una reforma progresista, inclui da en el programa electoral delPSOE y tendente a adecuar a la realidad social del pa¨ªs el mandato del art¨ªculo 17 de la Constituci¨®n (relativo a la regulaci¨®n de la prisi¨®n preventiva, especialmente de cara a que nadie permaneza en prisi¨®n m¨¢s de la mitad del tiempo de la pena correspondiente a cada delito), naufraga cuando a¨²n no ha cumplido un a?o. Un Gobierno fuerte, con 10 millones de votos a sus espaldas, pretendi¨® poner en consonancia la situaci¨®n de las c¨¢rceles espa?olas (donde se hacinaban 22.474 reclusos, de ellos 10.045 preventivos) con el esp¨ªritu y la letra constitucionales, pero se encontr¨® prisionero de las propias instituciones del Estado a¨²n no reformadas.

Aunque Fernando Ledesma, ministro de Justicia y promotor de la reforma, rechaza la terminolog¨ªa acu?ada en la Prensa y entre la clase pol¨ªtica de la reforma de la reforma de los art¨ªculos 503 y 504 de la ley de Enjuiciamiento Criminal y del C¨®digo Penal, y prefiere hablar de retoques, lo ciertobs que las variaciones en los citados textos legales y las mayores atribuciones para la Direcci¨®n General de Polic¨ªa y los gobernadores civiles suponen un paso atr¨¢s en el campo de las libertades individuales.

En una reuni¨®n celebrada esta semana en un hotel de Madrid entre los ministros de Interior y de Justicia y sus respectivos colaboradores, propiciada desde la Moncloa para limar las evidentes diferencias de criterio entre los titulares de ambas carteras, se establecieron las l¨ªneas maestras de lo que ser¨¢ el plan del Gobierno para atajar el incremento de la delincuencia com¨²n. Se trata de un conjunto de medidas legales (la modificaci¨®n de los citados art¨ªculos de la ley de Enjuiciamiento Criminal, de la ley de Extranjer¨ªa y los retoques del C¨®digo Penal), policiales (entrada en funcionamiento de la polic¨ªa judicial, mayor despliegue policial en las calles), administrativas (creaci¨®n de nuevos juzgados de instrucci¨®n) y sociales (un plan integral de lucha contra la droga, en el que podr¨ªa incluirse la consideraci¨®n de la drogadicci¨®n como una enfermedad y su tratamiento en la Seguridad Social).

Todas las partes en conflicto reconocen que el problema capital es el de la droga, con el que est¨¢n relacionados al menos tres de cada cuatro delitos. La drogadicci¨®n y el desempleo son los dos factores dominantes a la hora de entender "este tipo de delincuencia, que no est¨¢ constituida por delincuentes comunes; una delincuencia nada sistem¨¢tica, desesperada, sin ning¨²n tipo de l¨®gica", en opini¨®n de los expertos.

En concreto, los plazos de prisi¨®n preventiva fijados hasta la fecha pasan de 6 y 18 meses, respectivamente, de acuerdo con la calificaci¨®n de la pena, a 12 y 24 meses, dejando al arbitrio de los jueces la posibilidad de duplicar dichos per¨ªodos de prisi¨®n preventiva. Igualmente, se concreta m¨¢s a los jueces que en delitos que tengan aparejada la pena de prisi¨®n me nor se decrete un mayor n¨²mero de prisiones preventivas y libertades provisionales bajo fianza, aunque la multirreincidencia no se considera como factor determinante para el ingreso en prisi¨®n.

La incapacidad de la Administraci¨®n de justicia espa?ola para ver causas hasta dos a?os despu¨¦s de iniciadas, cuando lo normal en otros pa¨ªses es que los juicios se celebren antes de tres meses, y la suavizaci¨®n de la legislaci¨®n vigente (especialmente al suprimir la multirreincidencia como factor de ingreso en prisi¨®n) han poblado el mapa de la delincuencia de personas que tienen pendientes hasta 30 procesos distintos, de los cuales ninguno tiene calificada la pena de prisi¨®n mayor, por lo que el juez decreta de forma autom¨¢tica su libertad provisional, con o sin fianza, o salen de las prisiones despu¨¦s de haber cumplido unos meses como preventivos. La polic¨ªa ha denunciado continuamente la profesionalizaci¨®n de los nuevos delincuentes, a los que detiene repetidamente en el curso de breves per¨ªodos de tiempo.

Para Liborio Garc¨ªa, subsecretario de Justicia, "el tema de la seguridad ciudadana es f¨¢cilmente manipulable, y de hecho se ha manipulado desde un sector del arco pol¨ªtico". Para este corresponsable de la reforma de abril de 1983, ¨¦sta cumpli¨® su funci¨®n de dar a los jueces una doctrina penal acorde con la Constituci¨®n, y no es en absoluto responsable por s¨ª misma del incremento de los delitos.

Psicosis colectiva

Sin embargo, la conjunci¨®n de los datos estad¨ªsticos (un 32% m¨¢s de media de delitos en 1983 que en el a?o anterior, con s¨®lo un 4% m¨¢s de delitos esclarecidos en igual per¨ªodo de tiempo) con la oleada de secuestros y asesinatos de peque?os y medianos empresarios y con el pronunciamiento de sectores importantes de la vida espa?ola, han sido suficientes para crear una psicosis colectiva de inseguridad ciudadana y para acorralar al Gobierno socialista hasta hacerle reformar su propia reforma.El cardenal primado proclam¨® desde el p¨²lpito con motivo del secuestro y posterior asesinato de un industrial toledano que, "cuando menos se espere, se puede producir un estallido de c¨®lera ciudadana irreprimible que lo arrase todo como un vendaval". La direcci¨®n de la Confederaci¨®n Espa?ola de Organizaciones Empresariales (CEOE) aprob¨® que sus empresarios se armasen," aunque queremos ser buenos empresarios y no buenos pistoleros", en palabras de su secretario general. Todas las partes interesadas en la contrarreforma han expresado p¨²blicamente su satisfacci¨®n por la decisi¨®n del Gobierno.

Por el momento, Felipe Gonz¨¢lez ha enviado como avanzadilla a los dos ministros enfrentados en el tema de la reforma. Hace falta saber ahora si el presidente asumir¨¢ personalmente el problema, como hizo con el de la reconversi¨®n industrial. En las ¨²ltimas horas se especul¨® con la posibilidad de que la siguiente comparecencia del primer ministro en televisi¨®n tuviese como tema central el de la seguridad ciudadana.