Hacienda no somos todos

HOY COMIENZA el per¨ªodo de declaraci¨®n del impuesto sobre la renta. Este a?o los ciudadanos contar¨¢n en el mejor de los casos con un plazo de 60 d¨ªas para cumplir con sus obligaciones Iegales. Los contribuyentes cuya declaraci¨®n sea positiva (esto es, que tengan que pagar a Hacienda cantidades complementarias de las retenciones ya realizadas a lo largo del ejercicio) habr¨¢n de pasar por ventanilla antes del 11 de junio; aquellos declarantes a los que Hacienda tenga que devolver dinero como consecuencia de retenciones excesivas, contar¨¢n con 20 d¨ªas m¨¢s para llenar los formularios. Otra novedad de este ejercicio es que los sujetos pasivos o unidades familiares cuyos ingresos totales sean inferiores a 500.000 pesetas anuales (antes, 300.000) no estar¨¢n obligados a presentar declaraci¨®n, siempre que esas rentas provengan exclusivamente del trabajo y del capital mobiliario, sin computar los rendimientos procedentes de la vivienda propia que constituya el domicilio de los declarantes.El peso del gravamen sobre la renta dentro del conjunto impositivo espa?ol tiene ya una considerable importancia. Dado que aproximadamente una tercera parte de los ingresos fiscales procede de esa fuente, una eventual merma en la recaudaci¨®n respecto a a?os anteriores crear¨ªa un agujero de repercusiones incalculables para la financiaci¨®n del sector p¨²blico. As¨ª, un incremento del d¨¦ficit echar¨ªa por tierra las previsiones de pol¨ªtica econ¨®mica del Gobierno para 1984. El Ministerio de Hacienda viene preparando, en consecuencia, una campa?a contra el fraude fiscal que acerque las cifras reales de recaudaci¨®n a las cifras potenciales mediante la reducci¨®n de las bolsas de fraude. Si bien aquella cifra del bill¨®n de pesetas de fraude fiscal que el PSOE esgrimi¨® en la oposici¨®n fue fijada por alegres procedimientos de tanteo, es cierto que la situaci¨®n fiscal espa?ola bordea el tercermundismo. Uno de cada cuatro ciudadanos con obligaci¨®n de tributar por el impuesto sobre la renta no declara a Hacienda; s¨®lo uno de cada cuatro empresarios individuales y agricultores presenta la declaraci¨®n correspondiente; el 60% de los profesionales y trabajadores por cuenta propia y el 20% de las personas jur¨ªdicas tampoco cumplen con esta obligaci¨®n.

Estas cifras -adelantadas hace poco tiempo por el secretario general de Hacienda- han sido ratificadas en los ¨²ltimos d¨ªas por el presidente del Gobierno. En la asamblea general de la patronal de Madrid, Felipe Gonz¨¢lez lleg¨® a afirmar la posibilidad de que no existiese d¨¦ficit si todo el mundo cumpliese sus obligaciones fiscales, de lo que se desprende que el fraude supera con mucho el bill¨®n de pesetas y se aproxima a grandes pasos a los dos billones. Sin duda, el impresionante crecimiento de la econom¨ªa sumergida -esto es, del conjunto de actividades econ¨®micas oficialmente inexistentes pero cuya cifra de negocios equivale, seg¨²n algunas estimaciones, a una quinta parte del Producto Interior Bruto- ha contribuido a ese desbordamiento del fraude, ya que esos tinglados clandestinos ni pagan seguridad social, ni dan de alta a sus trabajadores, ni sacan licencias fiscales, ni tributan por la renta de sociedades. Todo esto conduce a la conclusi¨®n de que ni siquiera el Gobierno cree ya en la veracidad del antiguo eslogan Hacienda somos todos, entre otras cosas porque la econom¨ªa sumergida es una v¨¢lvula de escape para las tensiones sociales y para la creaci¨®n fraudulenta de empleo que el propio Estado no est¨¢ demasiado interesado en clausurar herm¨¦ticamente.

Para controlar el fraude fiscal, el ministerio prepara medidas normativas -una ley de infracciones y sanciones tributarias, con un nuevo concepto del delito fiscal (in¨¦dito hasta ahora) y la supresi¨®n del secreto bancario- y medidas pr¨¢cticas, en especial la potenciaci¨®n del cuerpo de inspectores y subinspectores y la modernizaci¨®n de su labor. La deuda de los contribuyentes con el fisco en fase de declaraci¨®n ejecutiva asciende a 200.000 millones de pesetas, de los que unos 44.000 millones corresponden a inspecciones realizadas tras la puesta en marcha del plan especial contra el fraude iniciado el pasado mes de noviembre. La comprobaci¨®n de la situaci¨®n fiscal de casi 200.000 contribuyentes ha mostrado que el 40% de los expedientes presentaba alg¨²n tipo de irregularidad. Las actas levantadas a consecuencia de estas inspecciones -efectuadas por 1.800 funcionarios- durante el primer trimestre de este a?o suponen un aumento del 44% respecto al mismo per¨ªodo de 1983, a la vez que la deuda descubierta representa un incremento del 118%.

Con estas perspectivas comienza la campa?a del impuesto sobre la renta. Conviene recordar que Espa?a no es un infierno fiscal, aunque tampoco sea un para¨ªso para los trabajadores y empleados, p¨²blicos y privados, a quienes las empresas o la Administraci¨®n retienen autom¨¢ticamente los porcentajes se?alados por Hacienda. Las estad¨ªsticas demuestran que Espa?a es, dentro del conjunto de los pa¨ªses de la Organizaci¨®n para la Cooperaci¨®n y el Desarrollo Econ¨®mico (OCDE), la zona que soporta una menor presi¨®n fiscal, exceptuando a Turqu¨ªa. Pa¨ªses como Grecia, Portugal e Italia castigan m¨¢s severamente que Espa?a a los contribuyentes. Es cierto, sin embargo, que la presi¨®n fiscal subi¨® el pasado a?o 1,4 puntos -una cifra excesivamente concentrada en un corto per¨ªodo de tiempo- y que los ciudadanos espa?oles no reciben los servicios p¨²blicos a los que el pago de impuestos dar¨ªa derecho. En cualquier caso, las justificadas denuncias contra las bolsas de fraude fiscal s¨®lo pueden producir mal humor a los trabajadores y empleados a quienes se descuenta mensualmente los impuestos, que padecen en sus econom¨ªas familiares la escasa cantidad y mala calidad de los servicios prestados por las Administraciones, que sospechan el excesivo peso de la carga tributaria sobre sus espaldas en comparaci¨®n con los sectores privilegiados y que comprueban c¨®mo el dinero p¨²blico contin¨²a siendo despilfarrado como consecuencia de la desbordada pasi¨®n de algunos altos cargos por los gastos corrientes, sea para colocar a su clientela pol¨ªtica, sea para sufragar su propio boato institucional.