El Consejo del Poder Judicial desea responder ante el Parlamento, seg¨²n su presidente

"El Consejo General del Poder Judicial, como ¨®rgano representativo de uno de los poderes del Estado, tiene la decidida voluntad de asumir la responsabilidad pol¨ªtica que le corresponde ante el Parlamento", manifest¨® ayer su presidente, Federico Carlos Sainz de Robles, en el acto de presentaci¨®n oficial del informe emitido por el Consejo sobre el anteproyecto de ley org¨¢nica del Poder Judicial. Sainz de Robles acept¨®, en lo que a ¨¦l se refiere, la propuesta de un informador de celebrar un debate p¨²blico con el ministro de Justicia sobre una ley de tanta trascendencia para la reforma de la justicia.

Sainz de Robles record¨® que "el Consejo no es un ¨®rgano legislador ni desea confundirse con el Gobierno, y no le preocupa que sus criterios triunfen, sino que se discutan, sin previas descalificaciones". Desde este planteamiento subray¨® que el informe sobre el anteproyecto (del que EL PA?S public¨® un amplio resumen el 24 de marzo de 1984) tiene como destinatario al Gobierno, que es al que correspon de elaborar el proyecto de ley. "Pero como no se trata de un documento secreto", a?adi¨®, "una vez que ya ha salido a la luz p¨²blica, preferimos que se conozca como es, para que sea correcta mente entendido".En cuanto a las disidencias ex presadas por algunos consejeros sobre puntos esenciales del informe y sobre la presentaci¨®n del mismo "como un todo monol¨ªtico", Sainz de Robles se mostr¨® sorprendido por este calificativo y manifest¨® su respeto por el ejercicio de la libertad de expre si¨®n de los disidentes. Precis¨® que lo importante, como ocurre con los acuerdos del Consejo de Ministros y de otras instituciones, es el criterio del ¨®rgano m¨¢s que los debates previos a los mismos. En todo caso, record¨® que sobre uno de los puntos b¨¢sicos del informe, el relativo a las competencias y la configuraci¨®n del Consejo General del Poder Judicial, "hubo unanimidad entre los miembros del Consejo".

Precisamente sobre esta materia, Sainz de Robles asegur¨® que lo que el Consejo desea es "alcanzar el techo de autonom¨ªa que la Constituci¨®n establece para el poder judicial, paralelamente a los restantes poderes del Estado, pero no deseamos, contra lo que se ha dicho, crear un Estado dentro del Estado". Como contrapartida a ese alto nivel de competencias, el Consejo est¨¢ dispuesto, seg¨²n su presidente, "a asumir todas las responsabilidades que le correspondan, para lo que existen f¨®rmulas m¨²ltiples que no somos nosotros los indicados para se?alar". Sainz de Robles reconoci¨® que la mera presentaci¨®n al Congreso de los Diputados de la memoria anual del Consejo es insuficiente, y anticip¨® la buena disposici¨®n para someterse a las mociones y ,resoluciones que el Parlamento considere oportunas.

Preguntado sobre el contraste entre el techo de autogobierno, que establece la Constituci¨®n y el que el Ministerio de Justicia pretende atribuir al Consejo General, Sainz de Robles contest¨® que entre uno y otro existe "una diferencia abismal".

Vac¨ªo constitucional

En cuanto a la posibilidad de que el Parlamento elija a los 20 miembros del Consejo, la consider¨® "desajustada a la Constituci¨®n", en la que reconoci¨® que existe un vac¨ªo sobre qui¨¦n debe elegir a los 12 jueces y magistrados, aunque a su juicio no ser¨ªa correcto llenarlo mediante su elecci¨®n parlamentaria. Respecto a los ocho que corresponde elegir a las Cortes Generales, Sainz de Robles se mostr¨® favorable a que los elegidos no sean jueces o magistrados.

El presidente del Consejo General considera que ser¨ªa "absurdo" establecer la posibilidad de que el ministro de Justicia expediente a los jueces, ya que esta iniciativa, prevista en la Constituci¨®n italiana, no tendr¨ªa en definitiva eficacia entre nosotros, dado que ser¨ªa indiferente que sancionara el ministro o el Consejo General, ya que en ¨²ltimo t¨¦rmino ser¨ªan los tribunales, a trav¨¦s de la v¨ªa del recurso contencioso-administrativo, los que dir¨ªan la ¨²ltima palabra. Uno de los puntos m¨¢s pol¨¦micos del anteproyecto de ley, y sobre el que no ha existido acuerdo un¨¢nime en el seno del Consejo, es el del acceso directo a la carrera judicial sin pasar por la oposici¨®n. El presidente del Consejo dijo que la opini¨®n mayoritaria es contraria al acceso directo, y "que no es cierto que exista en otros pa¨ªses para ¨®rganos unipersonales, sino s¨®lo para ¨®rganos colegiados".