Vecinos de la cooperativa de viviendas Pablo Iglesias denuncian al juzgado supuestas irregularidades econ¨®micas

La Asociaci¨®n de Vecinos de la urbanizaci¨®n construida en Rivas-Vaciamadrid por la coperativa Pablo Iglesias, cuyas primeras viviendas se entregaron hace a?o y medio, ha presentado denuncia ante un Juzgado de Madrid contra el anterior consejo rector de la cooperativa, que presid¨ªa Ram¨®n Mu?agorri, por entender que durante su gesti¨®n se han cometido irregularidades econ¨®micas que pueden ser constitutivas de delito.

Una denuncia similar, ampliada con otras presuntas irregularidades de tipo administrativo, se ha presentado en la Uni¨®n Territorial de Cooperativas (Uteco), y otras m¨¢s se han ido presentado a lo largo de este a?o ante la direcci¨®n provincial del Ministerio de Obras P¨²blicas y Urbanismo (MOPU). Al cierre de esta edici¨®n no hab¨ªa sido posible hablar con los denunciados para conocer su versi¨®n de lo ocurrido.La cooperativa de viviendas Pablo Iglesias, situada en el kil¨®metro 15 de la carretera de Valencia, en el t¨¦rmino municipal de Rivas-Vaciamadrid, est¨¢ formada por 939 socios. Fue promovida por militantes o simpatizantes del PSOE, si bien posteriormente se sumaron otras personas y luego fueron publicados anuncios en la Prensa para atraer a nuevos cooperativistas. En su d¨ªa, se present¨® como "algo m¨¢s que una cooperativa", una urbanizaci¨®n de gentes de izquierda, con un arraigado sentimiento de convivencia democr¨¢tica y de claridad en la gesti¨®n de los asuntos comunes.

"Ha sido esta quiebra de la convivencia, adem¨¢s de las irregularidades econ¨®micas, lo que ha afectado tambi¨¦n profundamente a un sector de los cooperativistas, que no lo ¨¦ramos s¨®lo por conseguir una vivienda a buen precio", afirma Luis Vega, presidente de la asociaci¨®n de vecinos y primero de los firmantes de la denuncia. Otro grupo de unos 120 socios ha firmado un documento en el que expresa su apoyo a los denunciantes.

La denuncia presentada ante el juzgado de guardia se centra en dos presuntas irregularidades. La primera, el pago que hizo el consejo rector de la cooperativa, sin conocimiento de los socios, de una factura por importe de 19.467.000 pesetas -10 millones en una letra y el resto en met¨¢lico-, a favor de la empresa Muebles Ayala. Esta firma hab¨ªa suministrado 200 cocinas que luego no se logr¨® hacer funcionar, seg¨²n la denuncia. La empresa en cuesti¨®n no ha cambiado las cocinas, cuyo importe, seg¨²n los denunciantes, ha corrido a cargo de todos los cooperativistas, no s¨®lo de quienes las recibieron.

Deforma similar, sin autorizaci¨®n de la asamblea general, el consejo rector que presid¨ªa Mu?agorri prest¨® 4.700.000 pesetas a la cooperativa de alimentaci¨®n Copima, y otras 1.585.000 pesetas a la guarder¨ªa de la cooperativa Pablo Iglesias.

El 10 de mayo pasado, 132 cooperativistas presentaron otras tantas denuncias ante la delegaci¨®n provincial del MOPU. Cada uno de ellos daba cuenta de las deficiencias de construcci¨®n en sus casas: fisuras en las paredes interiores y exteriores, goteras, entradas de agua de lluvia por puertas y ventanas mal encajadas, y malos olores provenientes de unos servicios defectuosos, entre otros aspectos. De estas deficiencias hacen responsable al arquitecto Manuel Ayll¨®n.

Piscina ilegal

En agosto de 1983 la cooperativa tuvo que realizar un gasto de 30 millones de pesetas para pintar de nuevo las fachadas, que se hab¨ªan deteriorado en muy poco tiempo. Flor otra parte, las viviendas, que estaban presupuestadas en 2.800.000 pesetas por

t¨¦rmino medio, han subido a 4.100.000. De todo este c¨²mulo de presuntas anomal¨ªas se dio cuenta a Alfonso Guerra, vicesecretario general del PSOE, unos d¨ªas antes de las elecciones municipales de mayo de 1983.

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid se ha negado, seg¨²n los denunciantes, a recepcionar la urbanizaci¨®n, ante las deficiencias que presenta. El ayuntamiento teme, al parecer, que asumir las obras le obligue a efectuar gastos de reparaci¨®n y mantenimiento que rebasen su capacidad econ¨®mica.

Por ¨²ltimo, la presunta mala gesti¨®n de los responsables de la cooperativa, seg¨²n los denunciantes, se refleja en la existencia de una piscina ilegal, instalada sobre terrenos cuya calificaci¨®n urban¨ªstica proh¨ªbe cualquier construcci¨®n. As¨ª consta en la carta de fecha 28 de abril de 1983 que Eduardo Mangada, entonces delegado del Gobierno en la Comisi¨®n de Planeamiento y Coordinaci¨®n del ?rea Metropolitana (Coplaco), envi¨® al Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid para informar de la denegaci¨®n de la correspondiente licencia, solicitada cuando la piscina ya estaba en obras. Tres meses depu¨¦s de que se recibiera la denegaci¨®n de licencia, la piscina fue solemnemente inaugurada.