Los ¨²ltimos presidentes de la diputaci¨®n creen que la auditor¨ªa no revelar¨¢ irregularidades

El anuncio de que el Tribunal de Cuentas realizar¨¢ una auditor¨ªa sobre los ejercicios de la extinguida Diputaci¨®n Provincial comprendidos entre 1975 y el 14 de junio de 1983, fecha de su disoluci¨®n en la nueva Comunidad Aut¨®noma de Madrid, ha sido recibido con aparente indiferencia por los actuales gestores de la Comunidad de Madrid y por los ¨²ltimos presidentes de la diputaci¨®n, quienes en general consideran que no se detectar¨¢n irregularidades importantes.C¨¦sar Cimadevilla, actual vicepresidente del Gobierno regional y presidente de la Diputaci¨®n los ¨²ltimos cuatro meses de su existencia, manifest¨® que le parece bien la auditor¨ªa. "Hasta lo que yo s¨¦, no hay problemas. Nuestra actuaci¨®n fue correct¨ªsima y estuvo sometida a intervenci¨®n".

"Creo que es un procedimiento sano. No s¨®lo me parece muy bien sino que estimo que los ciudadanos tienen el derecho a estar informados de c¨®mo se administran sus fondos", manifest¨® por su parte Carlos Revilla, ex presidente de la Diputaci¨®n, elegido por el PSOE, y actual presidente de la federaci¨®n madrile?a del Centro Democr¨¢tico y Social. "Durante el tiempo que yo estuve al frente de la Diputaci¨®n, entre abril de 1979 y octubre de 1980", a?adi¨® Revilla, "no hubo ninguna irregularidad ni la hubiera consentido".

Jos¨¦ Mar¨ªa Rodr¨ªguez Colorado, actual gobernador de Madrid y presidente de la Diputaci¨®n en los a?os 1981 y 1982, manifest¨® que no eonoce los motivos de la petici¨®n del Grupo Popular. "Si es porque disponen de indicios de que se cometi¨® alguna irregularidad, no tengo ning¨²n temor y asumo la responsabilidad de mi mandato Si lo hacen s¨®lo por cuesti¨®n de orden, pienso que la generalizaci¨®n del procedimiento bloquear¨ªa el Tribunal de Cuentas".

Del Grupo Popular

La realizaci¨®n de la auditor¨ªa, que obligar¨¢ a mover miles de papeles, hab¨ªa sido pedida en 1983 por el Grupo Popular en una proposici¨®n no de ley que desestim¨® el Grupo Socialista, mayoritario en la Asamblea Legislativa regional. Entonces los socialistas argumentaron que no era necesario contratar los servicios de los miembros del Instituto de Censores de Cuentas de Espa?a y que para hacer una auditor¨ªa como la que se ped¨ªa estaba el Tribunal de Cuentas.Gabriel Usera, diputado del Grupo Popular, que defendi¨® la citada proposici¨®n no de ley, manifest¨® ayer que su grupo se puso en contacto con el Tribunal de Cuentas, al que solicit¨® un estudio de las cuentas. "La respuesta confirma que un cambio de situaci¨®n como el paso de la diputaci¨®n a la Comunidad Aut¨®noma exig¨ªa un an¨¢lisis claro de lo que se recib¨ªa". Usera a?adi¨® que con este estudio "se aclarar¨¢ el alcance de las adjudicaciones de obras sin concurso y el estado de las cuentas que recibi¨® la Comunidad".

""Se han visto cogidos en su propio juego. S¨®lo puedo expresar mi satisfacci¨®n", manifest¨® Luis Guillerrno Perinat, portavoz del Grupo Popular. "Tenemos que saber de qu¨¦ base partimos. No queremos hacer frente a posibles irregularidades por el s¨®lo hecho de heredarlas", dijo.