Los impuestos en los municipios

La vieja m¨¢xima, directamente extra¨ªda del refranero espa?ol, "que cada palo aguante su vela" parece haber inspirado directamente a los responsables de la Administraci¨®n del Estado para plantear, y poner en v¨ªas de realizaci¨®n, el esquema de descentralizaci¨®n de las haciendas locales. Los ayuntamientos percibir¨¢n durante este a?o, y con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, 234.160 millones de pesetas, que representan el 7,23% de los impuestos recaudados y no cedidos a las entidades aut¨®nomas por la Administraci¨®n central. Este porcentaje resulta inferior al del a?o anterior, establecido en un 8%. Estos fondos se distribuyen entre los municipios mediante un mecanismo bastante complejo para el que computan conceptos tales como el esfuerzo fiscal que realizan los propios municipios, su n¨²mero de habitantes o las escuelas existentes. Las entregas de las cantidades correspondientes se realizan, desde la Administraci¨®n central, trimestralmente.Este esquema b¨¢sicamente se mantendr¨¢, aunque los proyectos del Gobierno pretenden pasar de unas aportaciones porcentuales sobre los ingresos fiscales del Estado, a la fijaci¨®n de unas cantidades concretas definidas por la v¨ªa presupuestaria cada ejercicio. Las aportaciones actuales vienen a cubrir un 30% aproximadamente de las necesidades municipales y resultan, l¨®gicamente, insuficientes para atender las exigencias de los presupuestos de las corporaciones locales. La Administraci¨®n central no parece muy dispuesta a derivar m¨¢s fondos de los actuales para la financiaci¨®n de los municipios. Por tanto se han buscado otras salidas alternativas entre las que ha tenido el mayor alcance popular precisamente la posibilidad de que sean los propios ayuntamientos en funci¨®n a sus necesidades los que fijen sus impuestos.

Este proceso parte de la ley de Medidas Urgentes de Saneamiento y Regulaci¨®n de las Haciendas Locales, en la que se establec¨ªa la posibilidad de que los municipios vieran condonadas sus deudas anteriores a 1982, a cambio de que asumiesen planes de contenci¨®n de gastos y se comprometiesen a buscar la financiaci¨®n complementaria a la que recibiesen del Estado a trav¨¦s de las contribuciones locales.

El perd¨®n de las deudas municipales

El primer paso para conseguir unas haciendas locales aut¨®nomas y autosuficientes en materia financiera ha venido, pues, definido por la cancelaci¨®n de las deudas que las corporaciones locales ten¨ªan hasta el 31 de diciembre de 1982 al asumirlas el Estado. Algo m¨¢s de 144.000 millones de pesetas ha sido la cifra final de estas deudas. Trescientos tres ayuntamientos se han acogido a esta posibilidad. El Ayuntamiento de Barcelona, con una deuda acumulada del orden de los 74.000 millones de pesetas, encabezaba el ranking de los municipios deudores. Detr¨¢s, pero ya a respetable distancia, aparec¨ªan Madrid, con 18.000 millones; Valencia, con 7.000, y Sevilla, con unos 5.000 millones de pesetas.

A partir de este momento se liberalizaron los tipos de grav¨¢menes aplicables a las contribuciones r¨²sticas y urbanas, y se establec¨ªa el principio de discrecionalidad en el recargo al Impuesto sobre la Renta de las Personas F¨ªsicas para aquellos ayuntamientos que se acogieran a la ley antes citada. Hab¨ªa empezado la guerra.

Realmente las primeras decisiones de las distintas corporaciones pecaron de anticipaci¨®n, pero resultaba muy dif¨ªcil establecer criterios afinados en s¨®lo una semana, que era el plazo con que contaban los mun¨ªcipes para adherirse a lo publicado en el Bolet¨ªn Oficial del Estado, siete d¨ªas antes de que terminase el pasado a?o. Eso, junto con la mala acogida que dispensaron los ciudadanos a las decisiones de incrementar la presi¨®n fiscal, a la que est¨¢n extraordinariamente sensibilizados, hizo que m¨¢s de un ayuntamiento rectificase sus planteamientos iniciales.

No obstante, algunas corporaciones se mantuvieron firmes en sus decisiones, como eran los casos de Santander y Sevilla, aunque con distinta suerte. Las 15.000 personas que se manifestaron el pasado viernes en la capital c¨¢ntabra frente al ayuntamiento, para manifestar su disconformidad con la decisi¨®n del alcalde Hormaechea de establecer el recargo municipal en un 10% sobre la cuotade los contribuyentes, ha constituido una clara expresi¨®n de hasta qu¨¦ punto ha subido el nivel de incomodidad ciudadana. Estos recargos se han constituido en una de las medidas m¨¢s impopulares de los ¨²ltimos tiempos.

Si lo que persegu¨ªa desde las instancias gubernamentales era atribuir la responsabilidad de este incremento en los impuestos a los ayuntamientos, no puede hablarse de un gran ¨¦xito. Las prisas no fueron exclusivas de los ediles a la hora de sumarse a esta ley. La propia norma fue alumbrada con bastantes premuras y en ella se establec¨ªa que el recaudador de estos impuestos adicionales ser¨ªa el propio Estado. Y es precisamente en el mismo impreso donde se realiza la liquidaci¨®n del IRPF, y dif¨ªcilmente existe un impreso m¨¢s f¨¢cilmente identificable y menos agradable para un ciudadano obligado a tributar en Espa?a que ¨¦ste.

Uno de los aspectos m¨¢s curiosos que ha presentado la apertura a la discrecionalidad en esta parte de los tributos municipales han sido los extra?os hermanajes a los que ha dado lugar. Corporaciones con mayor¨ªa de Alianza Popular han decidido aprovechar esta v¨ªa para intentar allegar algunos fondos a sus maltrechas arcas. En otros ayuntamientos, en los que el partido que aglutina Manuel Fraga no gobernaba, los planteamientos resultaron diametralmente opuestos e incluso se busc¨® la desautorizaci¨®n del Ejecutivo municipal por la v¨ªa del recurso administrativo. Pero tampoco los hombres del PSOE se pon¨ªan de acuerdo. En unos casos optaban por aprovechar la oportunidad de aumentar los ingresos locales que se les ofrec¨ªa, pero en otras ocasiones se mostraban mucho m¨¢s parcos. En definitiva estas actitudes ven¨ªan a dar la raz¨®n una vez m¨¢s a aquellos que piensan que el principal trabajo de la oposici¨®n es precisamente oponerse a las iniciativas de la mayor¨ªa.

Distintas pol¨ªticasEn provincias de marcado car¨¢cter rural como Zamora, la mayor parte de sus corporaciones locales han declinado la posibilidad de incrementar la presi¨®n fiscal sobre sus vecinos. S¨®lo 21 de los 249 ayuntamientos integrados en esta provincia han decidido aprobar este gravamen. En dos de estos municipios, San Justo y Trefacio, con alcaldes del Partido Dem¨®crata Liberal y de Alianza Popular, respectivamente, acordaron establecer estas nuevas contribuciones en el 20%, con lo que se sit¨²an en uno de los m¨¢ximos niveles del pa¨ªs. Por su parte, la corporaci¨®n municipal de Valladolid decidi¨® aprobar este gravamen adicional fij¨¢ndolo en el 4%. La mayor¨ªa socialista que rige el consistorio de Salamanca aprob¨® fijar este impuesto adicional en el 5%. El Ayuntamiento de Palencia decidi¨® fijar la nueva tasa en el 3%. Lugo ha sido otra de las provincias en la que muy escasos municipios se

han decidido a incrementar las cargas sobre sus vecinos. S¨®lo seis de los 66 ayuntamientos de la provincia lo hicieron y en la capital el consistorio decidi¨® no utilizar la posibilidad que se le brindaba de reducir sus problemas econ¨®micos. Tambi¨¦n en Galicia niguno de los ayuntamientos de la comarca de Santiago de Compostela ha establecido este gravamen. Sin embargo, la corporaci¨®n viguesa, a pesar de la oposici¨®n del grupo municipal de Alianza Popular, decidi¨® establecer este recargo en un 2,5%.En las islas Canarias tampoco han sido nada bien recibidos estos recargos. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha sido objeto de duras cr¨ªticas al aprobar un 5% como adici¨®n al IRPF. En Gran Canaria 11 de los 21 municipios existentes en la isla decidieron incrementar la presi¨®n fiscal, mientras que esto no se ha producido en ninguna localidad de Lanzarote ni Fuerteventura. En Baleares s¨®lo el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, gobernado por el PSOE, se decidi¨® a adoptar el recargo, que fij¨® en el 2,5%.

La mayor¨ªa socialista que domina el Ayuntamiento de Logro?o aprob¨® un incremento del 4,25% y fue acompa?ado por otros 13 municipios riojanos. En Albacee capital tambi¨¦n la mayor¨ªa socialista consegu¨ªa imponer un 3% de recargo. En Murcia 12 municipios realizaban este incremento de las tasas, mientras en la capital se generaba una subida del 35% en la contribuci¨®n urbana y un 20% en la r¨²stica. Sin embargo, municipios como los de Segovia o Toledo, donde tambi¨¦n gobierna el PSOE, decidieron no incrementar las obligaciones tributarias de los vecinos. ?ste es el mismo caso de Madrid capital.

S¨®lo siete en Catalu?aSiete ayuntamientos catalanes solicitaron al Ministerio de Hacienda la aplicaci¨®n de recargos en el Impuesto sobre la Renta. Salvo el caso de L¨¦rida, el consistorio m¨¢s importante por n¨²mero de habitantes y el ¨²nico que est¨¢ gobernado por mayor¨ªa socialista, el resto corresponde a municipios que no superan los 5.000 habitantes. Tres de estas poblaciones est¨¢n gobernadas por Converg¨¨ncia i Uni¨® (Sant Pere de Torell¨®, Agullana y Hostalrich), las restantes, por agrupaciones de independientes: Cervell¨®, por Unitat de la Palma; El Papiol, por la Agrupaci¨®n Electoral Uni¨®, y Sant Joan de les Abadesses, por el grupo denominado Junts per l'Efic¨¤cia (Juntos por la Eficacia). El Ayuntamiento de Cervera, en el que gobierna CiU en coalici¨®n con UCD, cuyo pleno aprob¨® inicialmente acogerse a los beneficios del recargo de la Renta, anul¨® su propio acuerdo al arrepentirse el alcalde de la localidad, Joan Salat, de la propuesta.

El porcentaje de recargo aplicado en cada uno de los casos oscila desde el 5% de Cervell¨® (3.547 habitantes), El Papiol (3.178) y Hostalrich (2.672) al 1% aplicado en L¨¦rida (106.814), Agullana (693) y Sant Pere de Torell¨® (2.006) que lo han hecho en un 2,5%, mientras Sant Joan de les Abadesses (4.247) se limit¨® a un 2%.

El caso m¨¢s significativo fue, sin duda, el del Ayuntamiento de L¨¦rida, que acord¨® establecer por primera vez un recargo del 1% sobre la cuota l¨ªquida del Impuesto sobre la Renta de las Personas F¨ªsicas (IRPF) durante un pleno celebrado el 30 de diciembre de 1983, por 17 votos de los socialistas.