Juez en San Sebasti¨¢n, un oficio ef¨ªmero
La Administraci¨®n de justicia de la capital donostiarra vive una creciente degradaci¨®n
Jos¨¦ Luis Barrag¨¢n, Eduardo Calvo, ambos de 28 a?os, y Jos¨¦ Mar¨ªa G¨®mez D¨ªaz de Castroverde, de 26 a?os, no s¨®lo han sido los magistrados jueces que m¨¢s tiempo han permanecido en los tres juzgados de instrucci¨®n de San Sebasti¨¢n en los ¨²ltimos a?os (nueve meses hasta ahora), sino que, seg¨²n fuentes del palacio de Justicia, rompieron con el h¨¢bito de muchos de sus antecesores de fijar su residencia s¨®lo de forma temporal en la capital donostiarra: una semana de cada tres (la que estaba de guardia su juzgado). Dirig¨ªan el juzgado las otras dos por tel¨¦fono y solo excepcionalmente acud¨ªan si ten¨ªan asuntos urgentes, situaci¨®n que los abogados sol¨ªan aceptar mayoritariamente como un hecho consumado.Funcionarios de juzgados, colegios de abogados, juntas de gobierno de facultades de Derecho y una gran parte de medios de comunicaci¨®n de Euskadi, han coincidido en se?alar que no s¨®lo han logrado poner al d¨ªa una parte importante de asuntos y diligencias judiciales pendientes desde hace incluso ocho a?os, sino que han sido los primeros en afrontar lo que para el juez decano y magistrado de primera instancia de San Sebasti¨¢n, Joaqu¨ªn Navarro, es m¨¢s que una evidencia en la vida de Euskadi, la tortura: "Se sigue torturando en el Pa¨ªs Vasco", afirma. Opini¨®n que han demostrado compartir los tres j¨®venes magistrados, que han tramitado varias denuncias por tortura y condenado a algunos de los denunciados, como en el caso de Eduardo Calvo, que dicto sentencia recientemente contra un inspector de polic¨ªa por malos tratos.
El expediente abierto hace meses por el Consejo General del Poder Judicial -sobreseido hace unos d¨ªas- por criticar la ley de habeas corpus a los citados Navarro, Barrag¨¢n y G¨®mez D¨ªaz de Castroverde, junto a su compa?ero Luis Bl¨¢nquez y la recusaci¨®n y porterior querella por prevaricaci¨®n -desestimada por la audiencia- de un guardia civil acusado de malos tratos, han originado un amplio movimiento solidario de grupos pol¨ªticos y de colectivos de intelectuales, profesionales y artistas sin precedentes, si se considera la desconfianza de la poblaci¨®n vasca hacia el aparato judicial.
"En la comunidad m¨¢s distanciada de la administraci¨®n de Justicia que existe en Espa?a", en opini¨®n de Joaqu¨ªn Navarro y Jos¨¦ Luis Barrag¨¢n. El primero comparte la creencia que le expuso un diputado socialista por Guipuzcoa de que los ¨²ltimos acontecimientos han supuesto un avance de muchos a?os de la Justicia en Euskadi.
"Yo creo que ha pesado m¨¢s que ser miembros de Justicia para la Democracia, el hecho de ser j¨®venes y estar ilusionados para sacar adelante el trabajo atrasado y garantizar una continuidad en los juzgados", estima Barrag¨¢n, quien, no obstante, confiesa sentirse arropado por el hecho de que 10 de los 26 jueces de Guipuzcoa (algunos de los juzgados de distrito est¨¢n sin cubrir) pertenecen al mismo colectivo judicial. Guipuzcoa es en la actualidad la provincia con mayor representaci¨®n relativa de profesionales de la Justicia autocalificados dem¨®cratas de toda Espa?a.
Sin embargo, con ser sus estancias las m¨¢s largas y sus trabajos los m¨¢s fecundos, Barrag¨¢n, Calvo y G¨®mez D¨ªaz de Castroverde, pasar¨¢n a engrosar la estad¨ªstica de jueces que han aprovechado la primera oportunidad para solicitar un nuevo destino fuera del Pa¨ªs Vasco, que son m¨¢s del 90%. Jos¨¦ Luis Barrag¨¢n y Jos¨¦ Mar¨ªa G¨®mez D¨ªaz de Castroverde han concursado para ser trasladados a Madrid y Eduardo Calvo a Granada. Los tres dejar¨¢n San Sebasti¨¢n antes de septiembre. Por lo que respecta a Joaqu¨ªn Navarro, quien excepcionalmente lleva en la capital guipuzcoana desde febrero de 1981 y ha visto pasar a treinta jueces -"porque lo cierto es que vine con la intenci¨®n de quedarme un par de meses"-, ser¨¢ el primero en irse: es pr¨¢cticamente seguro que en unas semanas se incorporar¨¢ al juzgado n¨²mero 3 de los de instrucci¨®n de Madrid.
Juicios con ocho a?os de retraso
Con los todav¨ªa titulares, habr¨¢n sido 25 los jueces de instrucci¨®n que han pasado por los juzgados donostiarras desde el comienzo de 198 1, lo que da un promedio de algo m¨¢s de cinco meses por magistrado. "Muchos de ellos ni siquiera tuvieron oportunidad de conocer la situaci¨®n real del juzgado que dirig¨ªan y, desde luego, no tramitaron los temas m¨¢s conflictivos que iban heredando y que permanecieron en los cajones y los archivos. Aunque hubo otros que vinieron con una visi¨®n sesgada de la realidad social de Euskadi y cuando empezaron a interesarse por ella y a comprenderla y apreciarla ya hab¨ªan solicitado un nuevo destino", estiman los magistrados consultados al respecto.
"Es uno de los s¨ªmbolos de la degradaci¨®n de la administraci¨®n de la justicia en San Sebasti¨¢n", opina Navarro, "ya que se est¨¢n haciendo diligencias penales, careos e interrogatorios iniciados en 1980 o 1981, algunos de los cuales han pasado ya hasta por diez jueces". Jos¨¦ Luis Barrag¨¢n es m¨¢s tajante: "Estamos celebrando juicios hasta de 1976 y uno se encuentra con sumarios considerados conflictivos en los que ha habido compa?eros que no han a?adido una sola hoja al mismo".
La falta de peticiones de destino a los juzgados vascos, ha convertido a estos organismos en lugares de paso obligatorios para los que ascienden de jueces a magistrados o para aquellos que no se promocionan por no alcanzar los baremos suficientes. No as¨ª los juzgados de distrito, donde por haber m¨¢s plazas que estudiantes de la Escuela Judicial los nuevos jueces tienen oportunidad de elegir. De esta forma, el juzgado de distrito de Hernani lleva sin cubrirse m¨¢s de dos a?os y est¨¢ atendido por un suplente no profesional. En parecida situaci¨®n est¨¢ el ministerio fiscal. En los ¨²ltimos dos a?os han pasado por San Sebasti¨¢n tres fiscales jefes, los dos ¨²ltimos en comisi¨®n de servicio y hay varios fiscales en esta misma situaci¨®n.
El hecho de que pr¨¢cticamente nadie solicite destino en Euskadi -son muy pocas las excepciones, como las titulares de los juzgados de distrito de Ir¨²n y Renter¨ªa- ha movido al Gobierno Vasco a conceder veinte becas de 300.000 pesetas, por dos a?os, prorrogables por un tercero, para estudiar en la Escuela Judicial con el compromiso moral de solicitar un juzgado vasco.
La degradaci¨®n de la administraci¨®n de justicia tiene, adem¨¢s, otro aspecto. Los jueces ordinarios de San Sebasti¨¢n no tienen competencia sobre el terrorismo, cuyas diligencias se llevan directamente en los juzgados centrales de instrucci¨®n de Madrid, en la Audiencia Naacional. De esta forma, estiman magistrados de San Sebasti¨¢n, al tener mutiladas las competencias en algo tan instalado en la vida de Euskadi como la
Juez en San Sebastian, un oficio ef¨ªmero
actividad terrorista, "se tiene la sensaci¨®n de ser menos juez. Sobre todo, porque se produce la incongruencia de que, en cambio, s¨ª se tienen competencias para investigar, y castigar en su caso, los malos tratos y torturas por parte de las fuerzas de seguridad. Con lo que si se act¨²a rectamente algunos sectores de ¨¦stas pueden acusarnos de una cierta parcialidad y si no se actua de acuerdo con la funci¨®n de salvaguarda de los derechos humanos, el pueblo vasco puede acusar a los jueces de inhibici¨®n, lo que traducido a lenguaje penal no es otra cosa que prevaricaci¨®n"."En este contexto", opina Navarro, "si la relaci¨®n jueces-aparatos policiales es mala en todo el pa¨ªs, en Euskadi el magistrado se convierte en ocasiones en una especie de intruso al que se trata con respeto en el mejor de los casos, porque puede dar la impresi¨®n de que, aparentemente, el juez interviene siempre en estos casos contra los aparatos policiales".
Contribuir a la pacificaci¨®n
La devoluci¨®n a los jueces ordinarios de las competencias en materia de terrorismo devolver¨ªa una gran parte de la confianza de? pueblo vasco en la administraci¨®n de la justicia, potenciar¨ªa la legitimaci¨®n ¨¦tica del Estado ante sus ciudadanos y contribuir¨ªa a la pacificaci¨®n del Pais Vasco, siempre en opini¨®n de los citados magistrados. Esta opini¨®n la comparten la mayor¨ªa de los jueces actualmente destinados en San Sebasti¨¢n. Los agrupados en Justicia para la Democracia piden incluso la desaparici¨®n de la Audiencia Nacional en su actual estuctura, que califican como artificial, pero el problema se plantear¨ªa entonces en la seguridad de los jueces. Joaqu¨ªn Navarro estima que siempre habr¨ªa profesionales dem¨®cratas dispuestos a establecerse en el Pa¨ªs Vasco, si esas circunstancias se diesen, para contribuir a esa pacificaci¨®n. Jos¨¦ Luis Barrag¨¢n a?ade que tendr¨ªan que estar muy bien pagados. (Un magistrado reci¨¦n ascendido gana 200.000 pesetas netas mensuales). "A¨²n as¨ª, tendr¨ªan que estar fuertemente protegidos y vivir en un bunker. La situaci¨®n se har¨ªa parecida a la que soportan los magistrados en Sicilia con la mafia", se?ala.
En cuanto al desarraigo, Navarro piensa que es uno de los principales problemas de los nuevos jueces. "Aqu¨ª se llega a ser bien recibido, cuando se llega, a pesar de ser juez, cuando en el resto del pa¨ªs es al rev¨¦s. En otras partes, los magistrados se integran en las capas sociales m¨¢s elitistas. En Euskadi se le califica a uno antes como persona que como juez". Jos¨¦ Luis Barrag¨¢n entiende, en cambio, que el desarraigo no es superior al de otros pueblos donde no se conoce a nadie. "Se ha mitificado mucho la funci¨®n de los jueces en el Pais Vasco y su trabajo es igual que en otra partes". Los dos coinciden en que desde el punto de vista de la seguridad personal no se presentan problemas ni se toman m¨¢s precauciones que las normales. ¨²nicamente hubo un atentado, fallido, contra un magistrado de trabajo.
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