Un 13% de la poblaci¨®n ocupada trabaja para el Estado y decide el gasto del 40% del producto interior bruto

Un 13% de la poblaci¨®n ocupada trabajando en sus dependencias y una decisi¨®n de gasto equivalente al 40% del producto interior bruto (PIB) son dos datos que dan idea de la mastod¨®ntica dimensi¨®n del aparato de la Administraci¨®n espa?ola del Estado. Su reforma es la asignatura pendiente de los Gobiernos espa?oles desde hace casi un siglo. La estructura de la Administraci¨®n, conseguida a base de entradas masivas de funcionarios conforme a los vientos pol¨ªticos que soplaban en cada momento, se sustenta en unos cimientos heredados de la ley de Bravo Murillo de 1852, y cuyas directrices fueron modificadas y completadas en 1918 por el Estatuto de Antonio Maura.

Hasta 1963, con la llegada de los tecn¨®cratas a los Gobiernos de Franco, no se introdujo ninguna otra variaci¨®n sustancial en el aparato administrativo del Estado. El PSOE dedic¨® todo un cap¨ªtulo de su programa electoral a la reforma y modernizaci¨®n de la Administraci¨®n p¨²blica y lo present¨® como una de sus prioridades de gobierno.El Gobierno del PSOE ha decidido, con un a?o de retraso sobre sus promesas electorales, iniciar la modernizaci¨®n de la Administraci¨®n por la v¨ªa legislativa. Y lo ha hecho con un proyecto de ley de Medidas para la Reforma de la Funci¨®n P¨²blica que ha resultado ser una de las normas m¨¢s pol¨¦micas de los ¨²ltimos a?os y ha dejado al Ejecutivo pr¨¢cticamente solo frente a las cr¨ªticas de todos los grupos pol¨ªticos, sindicales y de los sectores sociales afectados.

Este proyecto de ley ha suscitado enfrentamientos desde que se plasm¨® el primer borrador. Los ministros de la Presidencia, Javier Moscoso, y de Econom¨ªa y Hacienda, Miguel Boyer, forzaron el primer aparcamiento de la ley, al no llegar a un acuerdo sobre las competencias de uno y otro ministerio.

Moscoso, argumentando que se conseguir¨ªa una mayor racionalidad, pretendi¨® asumir el control total de los funcionarios, incluidos los aspectos retributivos, desde su departamento, unificando de esta forma los el control funcional y el salarial, que en su actual estructura pluridependiente de cada uno de los ministerios y organismos aut¨®nomos constituye uno de los cap¨ªtulos m¨¢s ca¨®ticos.

Miguel Boyer, inflexible cuando se trata de asumir decisiones o introducir modificaciones que puedan afectar a la estrategia de su pol¨ªtica monetaria, cuyo fin es la contenci¨®n del crecimiento del d¨¦ficit p¨²blico, no cedi¨® las competencias que hist¨®ricamente tiene atribuidas Hacienda en esta materia y hubo de buscarse una soluci¨®n alternativa a los planteamientos iniciales. En el proyecto de ley aprobado en el Congreso hay dos art¨ªculos exclusivamente dedicados a las competencias de cada uno de ellos: Presidencia "coordina, inspecciona y vela por el cumplimiento" de las funciones de la Administraci¨®n p¨²blica, y el reunificado Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda fija el presupuesto para cada departamento ministerial, retribuci¨®n, complemento salarial o convocatoria de nuevas plazas.

No obstante a ¨²ltima hora del pasado martes se aprobaba, en la correspondiente comisi¨®n del Senado donde se debat¨ªa este proyecto de ley, una enmienda por la que se redactaba de nuevo el art¨ªculo 2 de la ley y se establec¨ªa que todos los Cuerpos y Escalas de la Administraci¨®n tendr¨¢n una dependencia org¨¢nica del Ministerio de la Presidencia, sin perjuicio de la que puedan tener funcionalmente de cada ministerio.

Varios proyectos del PSOE

La gestaci¨®n del proyecto de ley para la Reforma de la Funci¨®n P¨²blica sufri¨® diversos avatares. Exist¨ªan posturas divergentes en el seno del PSOE en cuanto al modo en que deb¨ªa ser acometida la reforma del aparato de la Administraci¨®n del Estado. Desde el Ministerio de la Presidencia, y m¨¢s concretamente desde la Secretar¨ªa de Estado para la Funci¨®n P¨²blica, se ofrec¨ªa un proyecto de ley amplio y bastante minucioso en algunos aspectos concretos.

Este borrador era criticado desde otros sectores del propio partido, donde se insist¨ªa en la conveniencia de redactar una ley breve, que sirviese exclusivamente para solucionar los problemas m¨¢s acuciantes, a la vez que se dejaba al futuro Estatuto de la Funci¨®n P¨²blica el planteamiento y desarrollo de las bases de una nueva Administraci¨®n.

Aparte de problemas estrictamente formales, se argumentaba desde estos sectores la conveniencia de evitar el doble desgaste pol¨ªtico que representar¨ªa el debate parlamentario sobre esta ley y el consiguiente sobre el Estatuto, que a la vista de la situaci¨®n actual posiblemente no ver¨¢ la luz hasta la pr¨®xima legislatura.

Sin embargo, los reproches de la oposici¨®n parlamentaria al presidente Gonz¨¢lez durante el debate sobre el estado de la naci¨®n en septiembre pasado, en el sentido de que la tan anunciada reforma de la Administraci¨®n se hab¨ªa quedado en hacer madrugar a los funcionarios, impuls¨® al Gobierno a acelerar la presentaci¨®n de este proyecto de ley. Una vez aprobado en Consejo de Ministros, comenzaron a generarse las primeras protestas por la pr¨¢ctica totalidad de los sectores afectados.

Javier Moscoso decidi¨® buscar el consenso del Grupo Popular sobre este proyecto de ley. Las negociaciones aparentemente marchaban por unos cauces de entendimiento mutuo, hasta que inesperadamente, y sin que ninguna de las dos partes ofrecieran a la opini¨®n p¨²blica ninguna raz¨®n convincente, los populares rompieron las conversaciones.

Sobre esta ruptura existen varias versiones. Una apunta la hip¨®tesis de que el secretario de Estado para la Administraci¨®n p¨²blica, Francisco Ramos, acept¨® la negociaci¨®n con el Grupo Popular a rega?adientes. Seg¨²n fuentes socialistas, Ramos no ve¨ªa con buenos ojos alterar el contenido del proyecto de ley en los aspectos que pretend¨ªan los populares.

Con ocasi¨®n de los debates a puerta cerrada de un suplicatorio, Ramos tach¨® de de "fascista" -al menos eso aseguran quienes afirman haberlo o¨ªdo-, al diputado del Grupo Popular Arturo Garc¨ªa Tiz¨®n, uno de los parlamentarios designados por AP para negociar con el PSOE.

La otra versi¨®n hace referencia a la rentabilidad pol¨ªtica que Alianza Popular pod¨ªa obtener dejando solo al Gobierno ante un proyecto de ley criticado en todos los frentes. El desgaste evidenciado por el Gobierno en las elecciones catalanas y los propios problemas intemos de AP con el Partido Dem¨®crata Popular parecen reforzar esta segunda interpretaci¨®n de la ruptura. Una ruptura que, en cualquier caso, no se produjo por desacuerdos fundamentales con el texto de la ley.

Descontento general

As¨ª las cosas, el Gobierno trata en estos momentos de sacar adelante una ley que no contenta a nadie: todos los partidos de la oposici¨®n la han atacado duramente en el Congreso de los Diputados; el propio Grupo parlamentario Socialista ha tenido que recurrir a portavoces improvisados para su defensa, como fue el caso de Eduardo Mart¨ªn Toval o de Fernando Gimeno, ya que los m¨¢s autorizados -por su especializaci¨®n en temas de Administraci¨®n p¨²blica- han procurado escurrir el bulto argumentando diversas circunstancias, quiz¨¢ porque no aprueban el conjunto de la ley.

Diputados y senadores socialistas comentan en privado el malestar existente por tener que votar favorablemente un proyecto de ley con el que discrepan en varios aspectos, especialmente en el referido a la carrera administrativa. No obstante, los parlamentarios socialistas mantienen a rajatabla el principio de la disciplina de voto y no es probable que se produzca ninguna manifestaci¨®n p¨²blica en contra de los planteamientos gubernamentales.