Aprobada en Argentina una ley de defensa de la democracia que permitir¨¢ condenar a los golpistas hasta a 25 a?os de c¨¢rcel

El Senado argentino, por unanimidad de todos sus miembros presentes, convirti¨® en ley en la noche del jueves el proyecto de Protecci¨®n del Orden Constitucional y Defensa de la Democracia preparado por el Gobierno. La nueva legislaci¨®n condena con penas de hasta 25 a?os de prisi¨®n a quienes se alcen en armas contra la Constituci¨®n con el fin de cambiar "de modo permanente" el sistema de Gobierno.Si quienes cometen este delito de golpismo son personas con estado, empleo o asimilaci¨®n militar, el castigo m¨ªnimo se elevar¨¢, en un tercio de las penas previstas para los civiles. La nueva ley anula adem¨¢s varias disposiciones anteriores de la dictadura que ten¨ªan fines represivos y reforma el C¨®digo Penal argentino. La palabra rebeli¨®n, utilizada habitualmente por los militares como un curioso sin¨®nimo de golpe de Estado, fue reemplazada del c¨®digo, y de ahora en adelante, cualquiera que sea la forma que tome y los supuestos motivos, s¨®lo se hablar¨¢ de atentado a la Constituci¨®n.

La ley, que hab¨ªa entrado en el Parlamento dentro de un paquete inicial de proyectos enviados por el presidente Ra¨²l Alfons¨ªn, fue aprobada por unanimidad, tras ser introducidas algunas reformas para hacer a¨²n m¨¢s estrictos los t¨¦rminos y m¨¢s severos los castigos.

La pena inicial ser¨¢ de 5 a 15 a?os de prisi¨®n a los que se alcen en armas para cambiar la Constituci¨®n, deponer alguno de los poderes p¨²blicos e impedir el libre ejercicio de las facultades del Gobierno o que ¨¦ste se renueve en los plazos y formas legales. Si ese atentado pretendiera adem¨¢s "cambiar de modo permanente" el sistema democr¨¢tico, se sumar¨¢n 10 a?os a la pena, y si el que lo intenta es militar, otros cinco a?os.

Por su parte, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas concluy¨® ayer el informe que debe presentar la semana pr¨®xima a la C¨¢mara de Apelaciones. El 12 de julio pasado, la C¨¢mara hab¨ªa ampliado en 30 d¨ªas el plazo dado al tribunal militar para que adelantase los resultados de las causas que lleva contra las tres primeras juntas militares y otros altos jefes y oficiales, acusados por su participaci¨®n en la represi¨®n ?legal durante la llamada guerra sucia.

Militares detenidos

De las tres primeras juntas, ya se encuentran procesados los generales Videla y Galtieri, los almirantes Lambruschini y Anaya y los brigadieres Agosti, Graffigna y Lami Dozo. Entre el lunes y el martes se citar¨¢ probablemente al general Viola, el ¨²nico miembro de esas juntas que a¨²n no fue detenido. Otro de los acusados, el almirante Massera, se encuentra preso por causas anteriores y no se ha podido presentar ante el tribunal porque contin¨²a enfermo.

El consejo lleva tambi¨¦n los juicios sumarios contra el general Camps, el contralmirante Chamorro, ex director de la Escuela de Mec¨¢nica de la Armada, el general Sasian, ex jefe de la polic¨ªa; los capitanes Enrique Mones Ruiz y Gustavo Alcina y el sargento primero Miguel ?ngel P¨¦rez.

En un tribunal civil se present¨® ayer un mayor retirado del Ej¨¦rcito, Luis Vicente Noailles, para que la justicia investigue la denuncia de la revista Alerta Nacional, editada por la ultraderecha, en la que se asegura que grupos de Franja Morada, la juventud universitaria del radicalismo, se entrenan y preparan para una "everitual guerra civil". Noailles se present¨®, seg¨²n aclar¨¦, "como simple ciudadano".