Cuestiones previas a la concertaci¨®n de septiembre / 1

En los primeros d¨ªas de agosto se suspendieron las conversaciones iniciadas poco antes con vistas a la firma de un pacto social, previsiblemente en septiembre, antes de la remisi¨®n al Congreso de los Diputados, de los Presupuestos Generales para 1985. El pretendido Acuerdo Econ¨®mico y Social (AES) abarcar¨ªa la segunda mitad de la legislatura, en un intento de incorporar a las organizaciones patronales y sindicales a una pol¨ªtica econ¨®mica en la que hasta ahora prim¨® de forma absoluta el monetarismo, con un desd¨¦n considerable respecto de cualquier concertaci¨®n con los sectores econ¨®micos y sociales.En este momento, lo m¨¢s interesante de esas conversaciones consiste en que el Gobierno ha puesto sobre el tapete algunas de sus previsiones econ¨®micas para los pr¨®ximos a?os. Sin embargo, no es el objetivo de estas l¨ªneas hacer un comentario de las incidencias de las primeras jornadas o encuentros triangulares Gobierno-patronal-sindicatos. Ya se han ocupado ampliamente de ello los medios de comunicaci¨®n social, y ha habido, adem¨¢s, tomas de Posici¨®n muy .concretas por los responsables m¨¢s destacados de los tres lados del tri¨¢ngulo.

?Una operaci¨®n tard¨ªa?

Lo que voy a intentar es se?alar algunas cuestiones que me parecen previas a la concertaci¨®n a que se aspira, que en cierto modo son el origen de ella misma, y que ponen de relieve las limitaciones de la actual pol¨ªtica econ¨®mica.

Primero de todo, creo que la concertaci¨®n, casi dos a?os despu¨¦s de haberse formado el actual Gobierno, se ha planteado como una operaci¨®n m¨¢s bien tard¨ªa. En diciembre de 1982, las autoridades econ¨®micas parec¨ªan tenerlo todo previsto, y, se dispon¨ªan a trabajar sobre el cuerpo social espa?ol como si fuera de cera virgen f¨¢cilmente moldeable. Las cosas se han revelado m¨¢s dif¨ªciles, entre otras cosas porque los m¨¦todos empleados han sido considerablemente herm¨¦ticos: con decisiones insuficientemente discutidas con los protagonistas sociales, e incluso nada debatidas en los dos ¨®rganos de la soberan¨ªa popular, el Congreso y el Senado.

Las acusaciones de hace algo m¨¢s de una d¨¦cada a la pol¨ªtica econ¨®mica de los Gobiernos de entonces -de tecnocr¨¢tica, autoritaria, sin consultas previas, etc¨¦tera- pueden ser trasladadas a hoy, ciertamente en un marco de democracia pol¨ªtica, pero con ribetes de despotismo, no s¨¦ si ilustrado, en materia econ¨®mica.

Buena prueba de todo ello es la circunstancia de que hasta el presente, el actual Gobierno se ha mostrado reacio a la idea de combinar planificaci¨®n y mercado. En tiempos, el PSOE prometi¨® crear el Consejo Econ¨®mico y Social a que se refiere el art¨ªculo 131 de la Constituci¨®n. Pero luego se prefiri¨® el Casi habsburguiano sistema de un valido para la econom¨ªa; de un superministro, como dice la prensa. Y, desde luego, nada propicio a contrastar sus prop¨®sitos con los sindicatos y la patronal, por mucho que despu¨¦s tengan enormes consecuencias en t¨¦rminos de coste y de que, en definitiva, a causa del d¨¦ficit del sector p¨²blico se acabe por bloquear cualquier proyecto serio de relanzamiento end¨®geno, esto es, m¨¢s all¨¢ de lo que puedan suponer el tir¨®n, internacional o el cosech¨®n del siglo.

Del Libro Verde al presupuesto

No se cre¨® el Consejo Econ¨®mico y Social, a pesar de que se prometi¨®. Y el Libro Verde proyectado, de un plan econ¨®mico para 1983-1986, qued¨® en mero "programa econ¨®mico a medio plazo", con la excusa de que no cabe planificar sin el Consejo constitucionalmente previsto. Pero lo m¨¢s grave es que el programa cuatrienal (los no se sabe cu¨¢ntos folios, preparados por ya no se recuerda cu¨¢ntas comisiones en la Secretar¨ªa de Estado de Planificaci¨®n), con las indecisiones propias de quienes consideran que planificar en vez de reducir la incertidumbre y de ayudar a construir el futuro es una acci¨®n m¨¢s bien perniciosa, se vio relegado, por el transcurso de un a?o perdido, a programa trienal, y poco a poco fue cayendo en el olvido, para finalmente quedar todo a merced de las rutinarias previsiones presupuestarias del a?o a a?o.

Esa falta de planificaci¨®n, que ha tenido un elevad¨ªsimo coste, se intenta compensar ahora con la prometida concertaci¨®n. Pero es dif¨ªcil pensar que la potencial labor continuada de un Consejo Econ¨®mico y Social pueda sustituirse por unas pocas sesiones apresuradas, en las cuales la informaci¨®n se presenta con la calidad t¨¦cnica inaceptable que caracteriz¨® a la cuantificaci¨®n hecha el pasado 2 de agosto por el propio Gobierno, cuando ins¨®litamente se anunci¨® que ser¨ªa posible crear 700.000 nuevos empleos en los dos a?os que restan de legislatura. Para s¨®lo un d¨ªa despu¨¦s -se supone que tras severa reprimenda- tener que desdecirse el propio ministro de Trabajo, diciendo que todo aquello no era m¨¢s que un "puro ejercicio aritm¨¦tico..., s¨®lo entregado ante la insistencia de CC OO por conocer las previsiones del Gobierno en este sentido". Semejantes palabras habr¨ªan sido suficientes en otras latitudes pol¨ªticas para dimitir del cargo por ostensible irresponsabilidad t¨¦cnica y pol¨ªtica y por la m¨¢s elemental falta de respeto a las partes en presencia.

Malos recuerdos del ANE

Si no hay novedades a finales de agosto, la concertaci¨®n a dos a?os, el Acuerdo Econ¨®mico y Social que se persigue, puede convertirse en algo tan tristemente lamentable como aquel Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE) que en 1981 propuso y logr¨® que se firmara -por sindicatos, Gobierno y patronal- Leopoldo Calvo Sotelo. Todo lo all¨ª prometido qued¨® incumplido. Los c¨¦lebres 350.000 puestos de trabajo ofrecidos entonces, para los 18 meses que quedaban hasta diciembre de 1982, se convirtieron en realidad en m¨¢s de 300.000 parados adicionales.

Es imposible creer que simplemente con un Acuerdo Econ¨®mico y Social 1984-1986 vayan a sentarse las bases de creaci¨®n de empleo, sin contar con un verdadero balance de nuestra poblaci¨®n activa, sin disponer de unos proyectos concretos de paquetes de promoci¨®n de trabajo en las distintas actividades econ¨®micas, sin prestar una ayuda resuelta a las pyme (que, por lo dem¨¢s, quedan por entero faltas de representaci¨®n en las negociaciones), sin un programa de empresas p¨²blicas que haga pensable que el d¨¦ficit del INI y del resto del sector productivo del Estado no va a seguir por el plano inclinado del f¨¢cil expediente del recurso al Tesoro P¨²blico. Todo eso, y mucho m¨¢s, ser¨ªa necesario para un acuerdo realmente cre¨ªble y firmable. Seguiremos ma?ana.