El PSOE rechaza. todas las enmiendas en el debate sobre incompatibilidades de funcionarios
El Congreso de los Diputados; comenz¨® ayer por la tarde el debate del proyecto de ley de Incompatibilidades de Funcionarios al Servicio de la Administraciones P¨²blicas, del que s¨®lo dej¨® por aprobar las disposiciones transitorias y adicionales. La mayor¨ªa socialista no admiti¨® ninguna de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular y los nacionalistas vascos y catalanes.
Ciriaco de Vicente (PSOE), que dio el visto bueno a una enmienda conservadora, se encontr¨® con que previamente hab¨ªa sido retirada y, por tanto, tendr¨¢. que ser aceptada en el tr¨¢mite posterior delSenado. ?ste es el cuarto texto relativo a incompatibilidades sometido a debate en las Cortes. El primero, aprobado por el Gobierno de UCD y circunscrito a "altos cargos", fue promulgado en junio de 1982. El segundo, tambi¨¦n para "altos cargos" de la Administracin, lo aprob¨® el Gobierno socialista y fue publicado en el Bolet¨ªn Oficial del Estado en diciembre de 1983. El relativo a la incompatibilidad de los parlamentarios no lleg¨® a entrar en vigor, aprobado en diciembre de 1983 en las Cortes, porque lo invalid¨® el Tribunal Constitucional, tras un recurso del Grupo Popular, al entender que la materia que regula debe figurar espec¨ªficamente en una ley org¨¢nica electoral. El debate sobre este cuarto texto referente a incompatibilidades se inici¨® con un ataque en tromba del conservador Arturo Garc¨ªa Tiz¨®n, que motiv¨® pateos en los esca?os socialistas. El mensaje que dej¨® Garc¨ªa Tiz¨®n en la C¨¢mara, al igual que sus compa?eros de coalici¨®n, fue muy simple: los socialistas desconf¨ªan por sistema del funcionariado. La discusi¨®n general, centrada en el punto clave de que ning¨²n funcionario puede tener m¨¢s de un puesto retribuido' en la Administraci¨®n, tom¨® otras variantes al estudiar aquellos art¨ªculos en los que se recogen excepciones muy condicionadas. Por ejemplo, en las esferas educativa y sanitaria, para las que, en el supuesto de tener una segunda actividad, es necesario contar con la previa autorizaci¨®n. La compatibilidad podr¨¢ producirse siempre y cuando no exista modificaci¨®n de jornada de trabajo ni horario. La posibilidad de hacer compatibles dos empleos ha de ser tenida en cuenta, asimismo, atendiendo a regunenes de dedicaci¨®n a tiempo parcial y una duraci¨®n contractual determinada. La ley establece igualmente las condiciones sala riales de la compatibilidad, de modo que la cantidad total recibida por ambos puestos no rebase la prevista en los Presupuestos Generales del Estado para un director general.
Actividades particularesLa clave de fondo en el debate era la defensa del derecho a poder compartir un trabajo en la Administraci¨®n p¨²blica con la empresa privada. La ley proh¨ªbel ejercicio profesional de aquellas actividades bajo dependencia de entidades particulares que se relacionen di rectamente con las que desarrolla el departamento, organismo o en tidad donde estuviere destinado el funcionario. Con ello se quiere evitar que determinados funcionarios ejerzan asesor¨ªas cuyo fin sea contrapuesto al propio inter¨¦s de la Administraci¨®n p¨²blica. Hilario L¨®pez Luna (PSOE), que defendi¨® las tesis del Gobierno, afirm¨® que todas las prevenciones de la ley est¨¢n destinadas a lograr "que no escape nadie de los que se han escapado hasta ahora .
Garc¨ªa Tiz¨®n calific¨® la ley de "represiva, decimon¨®nica y cavern¨ªcola", y a?adi¨® que se va declarar incompatibles a funcionarios que no simpaticen con el Gobierno. El diputado nacionalista vasco Joseba Zubia se?al¨® que el proyecto conculca los derechos del Pa¨ªs Vasco, que tiene competencias sobre la Administraci¨®n. Los socialistas le respondieron que la "ley tambi¨¦n es aplicable en el caso del funcionario que simult¨¢neamente pueda ser miembro de la Administraci¨®n central. El debate continuar¨¢ la pr¨®xima semana.
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