Campsa duplicar¨¢ su capital de 10.000 millones de pesetas antes de recibir todos los activos del monopolio
La primera fase de la mayor operaci¨®n de privatizaci¨®n de bienes p¨²blicos jam¨¢s contada (a excepci¨®n de Rumasa) ser¨¢ cerrada, con toda probabilidad, el pr¨®ximo d¨ªa 28 de diciembre (viernes, festividad de los Santos Inocentes) o el d¨ªa de fin de a?o. La Compa?¨ªa Arrendataria del Monopolio de Petr¨®leos (Campsa) celebrar¨¢ junta general de accionistas el pr¨®ximo d¨ªa 26 de diciembre para aprobrar una fuerte ampliaci¨®n de capital (de una por una liberada, es decir, duplicar¨¢ su actual capital de unos 10.000 millones de pesetas).Inmediatamente despu¨¦s de cerrar la ampliaci¨®n, el Estado proceder¨¢ a venderle por poco m¨¢s de 100.000 millones de pesetas los bienes del Monopolio y comenzar¨¢n las negociaciones finales para vender el 42% del patrimonio neto de Campsa a los refinadores privados (Cepsa, Petronor, Petromed y ERT), quejosos por la "excesiva presencia p¨²blica en la nueva Campsa".
Las prisas por cerrar la operaci¨®n de venta de todos los activos del Monopolio de Petr¨®leos -buques, oleoductos, camiones, trenes, tanques, edificios, etc¨¦tera, propiedad del Patrimonio del Estado- a la compa?¨ªa arrendataria Campsa -propiedad en el 97% del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH)-, para su posterior venta parcial a los refineros privados, se debe, a juicio de los que siguen con lupa el d¨¦ficit p¨²blico, al cierre del ejercicio presupuestario.
El objetivo final de la operaci¨®n, seg¨²n el Proyecto de Ley de Reordenaci¨®n del Sector Petrolero, que aprobar¨¢ el Senado a mediados de diciembre, es la defensa com¨²n los intereses petroleros nacionales p¨²blicos y privados frente a la competencia exterior, autorizada tras el ingreso de Espa?a en la CEE.
Los m¨¢s de 100.000 millones de pesetas que Campsa tiene que ingresar en el Tesoro por la compra de los activos p¨²blicos del Monopolio -tras una inextricable operaci¨®n financiera digna de Claudio Boada, presidente del INH y ex presidente del INI- aliviar¨¢n, siquiera como ilusi¨®n contable por esa cantidad, el d¨¦ficit p¨²blico del a?o 1984.
Para equilibrar la relaci¨®n de los recursos propios de la nueva Campsa con su flamante y voluminoso activo de 100.000 millones, inmovilizados en buques, oleoductos, tanques, etc¨¦tera, el Consejo de Administracci¨®n aprob¨® anteayer la convocatoria de la citada junta general extaordinaria en la que ser¨¢ propuesta la ampliaci¨®n de capital que pasar¨¢ de 10.000 a 20.000 millones de pesetas. El pago de los 100.000 millones de pesetas al Estado a cambio de sus activos citados se repartir¨¢ en dinero fresco y en especies. La entrega en efectivo ser¨¢ algo superior a 35.000 millones de pesetas (reservas que Campsa tiene colocadas, en su mayor parte, en la banca).
Las especies consisten en participaciones accionariales de Campsa (valoradas unos 30.000 millones de pesetas) distribuidas en Butano (50% del capital), Petronor (33%), Asesa (50%), Proas (25%) y Aplesa (100%). Campsa entregar¨¢ tambi¨¦n al Estado su dominio minero, valorado entre 10.000 y 15.000 millones de pesetas. Los varios miles de millones que resten para completar la cifra de compra tendr¨¢ que ser obtenido en el mercado bancario.
Los refineros privados firmaron con el Ministerio de Industria un protocolo para realizar esta reordenaci¨®n del sector petrolero con vistas al ingreso de Espa?a en la CEE, donde est¨¢n prohibidos los monopolios. Ahora, comienzan a inquietarse por "la tardanza del Gobierno en iniciar el proceso de negociaciones para privatizar el prometido 42% de la nueva Campsa". El Estado se quedar¨¢ con el 58% de la propiedad de Campsa (42% a nombre de las refiner¨ªas p¨²blicas y 16% a nombre del INH) y vender¨¢ el 42% restante a las refiner¨ªas privadas. Fuentes oficiosas de Cepsa han criticado la "excesiva participaci¨®n del Estado", y, aunque mantienen que la mayor¨ªa debe ser p¨²blica, manifiestan que "no hay ninguna raz¨®n empresarial ni l¨®gica que justifique la presencia directa del INH con el 16%, pues ello puede constituir un elemento distorsionador del sisterna". Por su participaci¨®n en la nueva Campsa, las refiner¨ªas privadas tendr¨¢n que pagar al Estado el 42% de un neto patrimonial valorado en unos 80.000 millones de pesetas. Cepsa pagar¨¢ unos 10.000 millones de pesetas, Petronor, una cantidad semejante, Petromed, unos 5.000 millones, y ERT -que espera su pr¨®xima fusi¨®n con Cepsa o Petromed-, en tomo a los 4.000 millones.
El reparto de la propiedad de la nueva Campsa, una vieja sociedad administradora apenas carente de bienes propios y robustecida ahora con la compra de los bienes hist¨®ricos del Patrimonio del Estado en el Monopolio de Petr¨®leos, ha originado una singular batalla entre la banca y el Estado, los dos grandes poderes con intereses en el sector. Los bancos de Bilbao, Central y Vizcaya no han ocultado su preocupaci¨®n por el "desequilibrio final del 58%, en lugar del deseado 51%, a favor del Estado".
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