Los arquitectos acusan a la autonom¨ªa de invadir competencias municipales

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) acus¨® ayer a la Comunidad de Madrid de invadir competencias urban¨ªsticas de los ayuntamientos y de los particulares, con procedimientos que "no parecen propios de un Estado democr¨¢tico", con el pretexto de la necesidad de controlar y atajar el fen¨®meno de las urbanizaciones ilegales. El propio COAM reconoce, por otra parte, que el fen¨®meno "es grav¨ªsimo, ya que existen 107 urbanizaciones piratas, que ocupan 7.500 hect¨¢reas de terreno, en las que se han construido 5.000 viviendas", seg¨²n afirm¨® su presidente, Vicente S¨¢nchez de Le¨®n.

El COAM critic¨® duramente el Programa de Actuaci¨®n elaborado por el Gobierno regional y aprobado por la Asamblea de Madrid el 12 de diciembre de 1984, dirigido a dotar a la Comunidad de una ley de car¨¢cter excepcional con la que poder tomar medidas dr¨¢sticas contra las urbanizaciones ilegales existentes en Madrid.El Programa de Actuaci¨®n, as¨ª como el Cat¨¢logo de Urbanizaciones Ilegales de Madrid, son documentos que la Consejer¨ªa de Ordenaci¨®n Territorial y Medio Ambiente confeccion¨® por mandato de la Asamblea de Madrid, que el 7 de marzo de 1984 aprob¨® por unanimidad una proposici¨®n no de ley en este sentido. El cat¨¢logo especifica una por una las 107 urbanizaciones ?legales de la regi¨®n madrile?a. El Programa de Actuaci¨®n analiza los or¨ªgenes del fen¨®meno y su desarrollo, y, para atajarlo, reclama a la Asamblea que permita a la Comunidad adoptar medidas de actuaci¨®n de car¨¢cter extraordinario, lo que la Asamblea aprob¨® en la fecha citada del 12 de diciembre de 1984.

Entre esas medidas, al margen de las puramente sancionadoras, figuran la posibilidad de que la comunidad "pueda ordenar y permitir el establecimiento de n¨²cleos de poblaci¨®n en suelo no urbanizable", as¨ª como elaborar planes de ordenaci¨®n -a los que tendr¨ªan que acomodarse las normas urban¨ªsticas de los Ayuntamientos- y "asignar a la comunidad la competencia de modificar los planes y normas" de dichos Ayuntamientos.

Seg¨²n las palabras de S¨¢nchez de Le¨®n, la Comunidad de Madrid ha incumplido el propio mandato de la Asamblea, puesto que dicho mandato establec¨ªa que el Programa de Actuaci¨®n, una vez aprobado, ser¨ªa comunicado a los Ayuntamientos para que ¨¦stos pusieran en marcha las medidas, y s¨®lo en el caso de incumplimiento municipal ser¨ªa la propia comunidad la que se har¨ªa cargo de las actuaciones. El COAM entiende que, al margen de la invasi¨®n por parte de la comunidad de competencias municipales, el propio Programa de Actuaci¨®n contempla la posibilidad de emplear procedimientos "excepcionales y autoritarios", que, si bien pueden ser "m¨¢s eficaces y expeditivos, no parecen propios de un Estado democr¨¢tico".

"El problema es grav¨ªsimo", afirm¨® S¨¢nchez de Le¨®n, "y estamos totalmente de acuerdo en que hay que acabar con ¨¦l, pero en lo que no estamos de acuerdo, en absoluto, es en el m¨¦todo de aplicaci¨®n que, a priori, nos parece un tanto arbitrario". El COAM se decant¨® por que "se d¨¦ un plazo no inferior a los seis meses para que los particulares o los Ayuntamientos puedan formular los instrumentos de planeamiento necesarios para la regulaci¨®n de las urbanizaciones ilegales, de acuerdo con la normativa general que se determine, y controlada a trav¨¦s de una unidad de seguimiento de la Consejer¨ªa de Ordenaci¨®n Territorial".

Asimismo, "y con independencia de la regularizaci¨®n o legalizaci¨®n urban¨ªstica, ser¨ªa necesaria la realizaci¨®n de los oportunos expedientes de legalizac¨ª¨®n de las edificaciones existentes", trabajos para los que el colegio ofrece su colaboraci¨®n.