Primera petici¨®n fiscal de prisi¨®n para cuatro procesados por estafa en subastas

Una fiscal de la Audiencia de Barcelona ha solicitado, por vez primera, penas de cuatro a?os y dos meses de prisi¨®n menor para un empresario, un ahogado mercantilista y dos subasteros habituales de la Magistratura de Trabajo de Barcelona. La calificaci¨®n provisional de la Fiscal¨ªa se refiere al sumario 59183, concluido por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 9 de Barcelona, cuya tramitaci¨®n, que supera los 1.000 folios, se ha prolongado m¨¢s de dos a?os.

BarcelonaEl delito imputado a los procesados es el de estafa, consistente en haber efectuado el tradicional procedimiento de recompra, en favor del propio empresario y en detrimento de la Seguridad Social, a trav¨¦s de un procedimiento de embargo de la Magistratura de Trabajo de Ejecuciones Gubernativas.Los cuatro procesados son el empresario Federico Trap¨¦, el abogado mercantilista Jos¨¦ Pablo S¨¢nchez ??igo y los subasteros Rafael Grau Ros y Rafael Grau Filiberto, padre e hijo. Los cuatro son presuntamente autores de un delito de estafa, por el que se solicitan cuatro penas id¨¦nticas de cuatro a?os y dos meses de prisi¨®n menor.

El sumario 59 / 83, instruido por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 9 de Barcelona, fue desglosado en julio de 1983 de otro sumario general, el 82 / 83, iniciado por denuncia de la Fiscal¨ªa de la Audiencia de Barcelona. La Fiscal¨ªa actuaba a requerimiento del Consejo General del Poder Judicial para averiguar posibles maquinaciones para alterar el precio de las cosas que se producen en subastas de las magistraturas de Trabajo.

Se trataba, entonces, de averiguar las actividades presuntamente delictivas de un grupo formado por alrededor de 40 individuos, conocidos como subasteros, que act¨²an coordinadamente en gran parte de las subastas de bienes convocadas por las magistraturas. En el grupo figura el ultraderechista Alberto Royuela, que encabeza la principal formaci¨®n. Esos grupos impiden en la pr¨¢ctica el acceso de otros postores a las subastas, situaci¨®n que contin¨²a pr¨¢cticamente inamovible, a pesar de recientes modificaciones procesales en esta materia.

Tanto Royuela como el abogado S¨¢nchez ??igo presentaron varias querellas contra este diario por la publiciaci¨®n de estos hechos, sin que ninguna de ellas prosperara. El expediente inicial fue instruido tambi¨¦n para averiguar posibles irregularidades en procedimientos de la Magistratura Especial de la Seguridad Social de Barcelona, cuyo secretario entonces, Francisco Bover, junto a otros dos funcionarios de la misma magistratura, prest¨® declaraci¨®n a requerimiento del juez instructor.

La 'recompra'

Los primeros resultados de esta instrucci¨®n general son ahora la conclusi¨®n del sumario desglosado para los cuatro procesados que intervinieron en uno de los procedimientos de recompra producidos con bastante frecuencia en casos de empresas en suspensi¨®n de pagos. Seg¨²n la Fiscal¨ªa, en octubre de 1982, el empresario Federico Trap¨¦, que hab¨ªa presentado suspensi¨®n de pagos un a?o antes, lleg¨® a un acuerdo con el subastero Rafael Grau Ros, en virtud del cual, mediante el pago de 6,5 millones de pesetas, ¨¦ste solventar¨ªa al primero sus deudas con la Seguridad Social, que ascend¨ªan a 20,7 millones de pesetas por descubierto en las cotizaciones. Trap¨¦, seg¨²n la versi¨®n fiscal abon¨® la cantidad convenida mediante el pago de cuatro talones que fueron ingresados en una cuenta corriente a nombre de Rafael Grau Ros y de su hijo, Rafael Grau Filiberto. El resto fue abonado mediante la entrega de maquinaria de la empresa.Seg¨²n la acusaci¨®n, el plan fue urdido entre ambos, aunque las declaraciones del empresario en el sumario han insistido varias veces en que, hall¨¢ndose en una situaci¨®n econ¨®mica muy dif¨ªcil, se present¨® en su empresa "un individuo", conocedor del tr¨¢mite de embargo instado por la Seguridad Social, que se ofreci¨® para llevar a cabo la operaci¨®n. Consisti¨® en "no poner en conocimiento de la Magistratura la existencia de la suspensi¨®n de pagos, para que ¨¦sta no paralizara el embargo por descubiertos a la Seguridad Social". El documento a?ade que la. magistratura embarg¨® a Trap¨¦ la totalidad de la maquinaria de su empresa, que por los peritos de la suspensi¨®n de pagos hab¨ªa sido valorada en 26 millones de pesetas. La magistratura tas¨® los bienes muy por debajo, en 1,5 millones de pesetas, bienes que el propio Grau se adjudic¨® en subasta por s¨®lo 769.000 pesetas y que posteriormente cedi¨® al abogado S¨¢nchez ??igo. Este ¨²ltimo abogado cedi¨® posteriormente los mismos bienes a una nueva empresa constituida por Trap¨¦.