Disgusto y desencanto en los sectores jur¨ªdicos y pol¨ªticos progresistas

La Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos (APDH), Jueces para la Democracia y el Grupo de Abogados J¨®venes, que pidieron en su d¨ªa al Defensor del Pueblo que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra la ley Antiterrorista, expresaron ayer a este peri¨®dico su disgusto ante la negativa de Joaqu¨ªn Ruiz-Gim¨¦nez a presentarlo. Igualmente, Euskadiko Ezkerra (EE), que se opuso a esta ley en el Parlamento, mostr¨® su desencanto ante la decisi¨®n adoptada.El presidente de la APDH, Jos¨¦ Mar¨ªa Mohedano, declar¨®: "No encuentro ninguna explicaci¨®n jur¨ªdica a la decisi¨®n del Defensor del Pueblo, porque los motivos para promover el recurso me parecen tan patentes como los que ten¨ªa la comunidad dem¨®crata para rechazar la vieja legislaci¨®n antiterrorista franquista, de la que la actual es casi una reproducci¨®n agravada. Tengo un viejo afecto por Ruiz-Gim¨¦nez, pero creo que debo decir que ha tomado una decisi¨®n err¨®nea, que no contribuye a la mejor defensa de los derechos humanos ni a que la instituci¨®n de la que es titular preserve su imagen de independencia ante los juristas dem¨®cratas no comprometidos pol¨ªticamente con el poder".

El portavoz de Jueces para la Democracia, C¨¢ndido Conde-Pumpido Tour¨®n, manifest¨®: "Me resulta una decisi¨®n poco comprensible, porque siempre es positivo que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre un tema como este, discutible y que afecta a los derechos fundamentales de forma nuclear, por lo que requiere el m¨¢ximo de garant¨ªas. Ante las dudas suscitadas, ser¨ªa bueno que el Tribunal Constitucional se pronunciara de forma global, en lugar de por las otras v¨ªas del recurso de amparo que puedan plantear los ciudadanos o la cuesti¨®n de inconstitucionalidad que tal vez susciten los tribunales que tengan que aplicar la ley".

La presidenta del Grupo de Abogados J¨®venes de Madrid, ?ncleles L¨®pez ?lvarez, se?al¨®: "Me parece muy mal. Nosotros, tras estudiar la ley con ojos de juristas, vimos que se extralimitaba respecto a los derechos suspendibles seg¨²n el art¨ªculo 55.2 de la Constituci¨®n, y que faltaba el adecuado control parlamentario y judicial. No creo que le convenci¨¦ramos, pero cuando le vimos tan preocupado por las v¨ªctimas del terrorismo, le dijimos que un Estado democr¨¢tico no puede establecer dos categor¨ªas distintas de ciudadanos".

Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s (EE), se?al¨® que para ¨¦l "ha supuesto una gran decepci¨®n". "Considerar", a?adi¨®, "que la ley Antiterorista no es inconstitucional significa o una gran benevolencia por parte de Ruiz-Gim¨¦nez o falta de profundizaci¨®n sobre el tema. Que se pueda registrar un domicilio sin mandato judicial expreso, no s¨®lo conculca los preceptos que establecen la inviolabilidad de domicilio, sino que tambi¨¦n traspasa las facultades que confiere a la ley org¨¢nica el art¨ªculo 55.2 de la Constituci¨®n. Que Ruiz-Gim¨¦nez diga que se va a ocupar de que no se hagan atropellos a los derechos humanos y para eso lo mejor es evitar la existencia de una ley que los favorece".