Coalici¨®n Popular incluir¨¢ en su recurso nueve motivos de inconstitucionalidad
El recurso que medio centenar de parlamentarios de Coalici¨®n Popular tiene previsto presentar hoy por la ma?ana ante el Tribunal Constitucional contra la ley de la Comunidad de Madrid que cre¨® el recargo del 3% incluir¨¢ hasta nueve motivos de posible insconstitucionalidad, seg¨²n inform¨® ayer el jurista Andr¨¦s de la Oliva, que ha participado directamente en la preparaci¨®n del texto. El plazo para la presentaci¨®n del recurso de inconstitucionalidad, que no paraliza la aplicaci¨®n de la ley, termina ma?ana, al haber transcurrido tres meses desde su entrada en vigor.De la Oliva declar¨® ayer que una de las razones de presunta inconstitucionalidad, ya conocida, es que el recargo grava todas las rentas del contribuyente, incluso las que se han generado fuera del ¨¢mbito geogr¨¢fico de la Comunidad de Madrid, lo cual est¨¢ expresamente prohibido en la Constituci¨®n. Otro tipo de argumentos se refieren a las limitaciones o interferencias que representa para la autonom¨ªa de los ayuntamientos madrile?os la ley del Fondo de Solidaridad Municipal, en la que se incluye la creaci¨®n del recargo sobre el impuesto de la renta de las personas fisicas.
El primer motivo de inconstitucionalidad que alega Coalici¨®n Popular es el de que la ley del Fondo de Solidaridad infringe el principio de jerarqu¨ªa normativa, seg¨²n lo que establece el propio Estatuto de Autonom¨ªa de Madrid.
El art¨ªculo 53 del Estatuto de-termina que la Hacienda de la comunidad aut¨®noma se constituye, entre otras fuentes, con "los recargos que establezca la Comunidad de Madrid sobre impuestos estatales, en los t¨¦rminos que establezca la ley reguladora de los mismos".
Esta ley reguladora, seg¨²n declar¨® ayer De la Oliva, "a¨²n no existe, aunque cuando se redact¨® el Estatuto de Madrid estaba en preparaci¨®n". De la Oliva a?adi¨® que ignora el motivo de que aquella ley no llegara a aprobarse "pero parece evidente que la imposici¨®n del recargo del 3%, sin que exista norma estatal reguladora de los recargos auton¨®micos, choca con el corpus constitucional".
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