El Consejo General del Poder Judicial plantea conflicto constitucional contra el Congreso de los Diputados

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acord¨® anoche, por mayor¨ªa de 13 frente a 8 en contra, a propuesta de su presidente, Federico Carlos Sainz de Robles, plantear conflicto constitucional con el Congreso de los Diputados, a prop¨®sito de la elecci¨®n parlamentaria de los 12 vocales del CGPJ de procedencia judicial -hasta ahora elegidos por los propios jueces y magistrados-, introducida por el Congreso en el proyecto de ley org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ). Sainz de Robles invoc¨® la vigente ley org¨¢nica del Tribunal Constitucional, que leg¨ªtima al CGPJ para plantear dicho recurso cuando estime que otro ¨®rgano constitucional "adopta decisiones asumiendo atribuciones que la Constituci¨®n o las leyes org¨¢nicas" confieren al CGPJ.

El acuerdo se adopt¨® con los votos favorables de Sainz de Robles y 10 de los vocales elegidos por los jueces y magistrados, m¨¢s dos de elecci¨®n parlamentaria: Agust¨ªn Aizparren y Miguel Pastor.Votaron en contra ocho consejeros, seis elegidos por el Parlamento -Eduardo Jauralde, Fernando Garc¨ªa Mon, Jaime Cortezo, Juan Garc¨ªa Barb¨®n, Gonzalo Casado y Perfecto Andr¨¦s Ib¨¢?ez- y dos de procedencia judicial: Manuel Garc¨ªa Miguel y Adolfo Carretero.

La propuesta de Sainz de Robles se fundamenta en que la vigente ley org¨¢nica 1/1980, del Consejo General del Poder Judicial, atribuye a la Junta Electoral creada por dicha ley y presididida por ¨¦l mismo, en su calidad de titular del Tribunal Supremo, la convocatoria de la elecci¨®n de los 12 vocales de procedencia judicial "entre jueces y magistrados pertenecientes a todas las categor¨ªas". Seg¨²n Sainz de Robles, la modificaci¨®n introducida en el proyecto de LOPJ por la mayor¨ªa socialista en la Comisi¨®n de Justicia e Interior del Congreso y aprobada el pasado martes por el Pleno de la C¨¢mara, constituye una asunci¨®n de atribuciones que la citada ley org¨¢nica 1/80 confiri¨® a la Junta Electoral que cre¨®.

La argumentaci¨®n de Sainz de Robles es que, puesto que el propio Parlamento, en desarrollo de una parte de la Constituci¨®n -la relativa al gobierno del poder judicial-, cre¨®, por ley org¨¢nica, una Junta Electoral encargada de convocar las elecciones, organizarlas, realizar el escrutinio y proclamar los 12 jueces y magistrados elegidos por sus compa?eros de profesi¨®n, el acuerdo adoptado ahora por el Congreso de los Diputados atribuyendo esta elecci¨®n a las Cortes Generales, significa la asunci¨®n por el Parlamento de una atribuci¨®n conferida a un ¨®rgano judicial. Para S¨¢inz de Robles, la opci¨®n legal para que los 12 vocales del CGPJ sean elegidos entre y por los jueces y magistrados tiene suficiente firmeza, habida cuenta de que existe cauce para reclamar al Tribunal Constitucional frente al pretendido hurto de una atribuci¨®n legal por parte de otro ¨®rgano constitucional.

'Bomba pol¨ªtica'

Los consejeros del sector progresista estimaron la iniciativa como una bomba pol¨ªtica, en un momento de plena efervescencia de las tensiones entre los ¨®rganos constitucionales, incluido el Gobierno y el propio ¨®rgano encargado de dirimir los conflictos constitucionales, el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el sector progresista se encuentra dividido sobre esta materia y no se produjo una actuaci¨®n concordante de todos sus miembros, aunque coincidieron en valorar la trascendencia pol¨ªtica de la propuesta de Sainz de Robles.

Durante la reuni¨®n, algunos consejeros, desde una perspectiva estrictamente jur¨ªdica, se?alaron que el ¨®rgano al que el Parlamento arrebata la competencia sobre la elecci¨®n de los 12 vocales de procedencia judicial no es el CGPJ, sino la Junta Electoral, que no cuenta con legitimidad para plantear el conflicto constitucional.

El largo pleno extraordinario fue suspendido para almorzar y para dar tiempo a un encuentro entre Sainz de Robles y el presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez. Durante el desarrollo de la reuni¨®n, este peri¨®dico obtuvo del portavoz oficial del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Casado, la confirmaci¨®n de la noticia.

El conflicto corresponde plantearlo ante el ¨®rgano que se estime que ha asumido atribuciones propias, esto es, en este caso, ante el Pleno del Congreso, y s¨®lo si este afirma "que act¨²a en el ejercicio constitucional y legal de sus atribuiciones", o pasado un mes sin que responda satisfactoriamente, puede plantearse ante el Tribunal Constitucional.