La campa?a electoral en El Salvador olvida las violaciones de los derechos humanos y el di¨¢logo con la guerrilla

La campa?a electoral salvadore?a para los comicios del pr¨®ximo domingo olvid¨® dos asuntos capitales en la pol¨ªtica nacional: el di¨¢logo con la guerrilla iniciado en la localidad de La Palma en octubre del a?o pasado y la violaci¨®n de los derechos humanos.Todos los partidos parecieron ponerse de acuerdo en orillar estos asuntos, que consideraban demasiado inc¨®modos. Resulta sorprendente el olvido de los derechos humanos por parte de la democracia cristiana, porque su m¨¢ximo l¨ªder y actual presidente, Jos¨¦ Napole¨®n Duarte, prometi¨® en su discurso de investidura llevar a cabo una lucha incansable y abierta para combatir los abusos de autoridad y toda forma de violencia.

San SalvadorENVIADO ESPECIAL

El presidente asegur¨® entonces que caer¨ªa todo el peso de la ley sobre los tristemente: c¨¦lebres escuadrones de la muerte. A un d¨ªa de celebrarse nuevas elecciones cabe recordar que esta promesa est¨¢ muy lejos de curriplirse. Ning¨²n miembro de los escuadrones de la muerte ha sido llevado hasta ahora ante los tribunales, y, lo que es peor, seg¨²n estad¨ªstica del arzobispado de San Salva dor, el n¨²mero de asesinatos ha comenzado a aumentar de nuevo durante los dos primeros meses del a?o en comparaci¨®n con el ¨²ltimo semestre de 1984.Seg¨²n la oficina de tutela legal del arzobispado, 14 personas fueron asesinadas por los escuadrones de la muerte en enero. "Esto representa unaumento del 40% con respecto a los primeros meses del mandato de Duarte en los que, efectivamente, se logr¨® un descenso significativo Para nosotros, esto significa que las estructuras de los escuadrones est¨¢n intactas", seg¨²n dijo a EL PAIS Mar¨ªa Julia Hern¨¢ndez directora de esta oficina.

Por razones que tienen que ve con un viejo problema nacional como es el de la administraci¨®n de justicia, las cabezas de los escuadrones no han sido tocadas. Todo lo m¨¢s, se elimin¨® la conexi¨®n org¨¢nica que en a?os

anteriores manten¨ªan con los cuerpos de seguridad. El desplazamiento al exterior de los o¨¢ciales m¨¢s comprometidos les ha restado fuerza, pero mantienen sus estructuras en conexi¨®n con los partidos de ultraderecha y algunas agrupaciones empresariales.

La incapacidad del presidente Duarte para una efectiva administraci¨®n de justicia en el pa¨ªs tiene tal vez su mejor ejemplo en el asesinato del arzobispo ?scar Arnulfo Romero. El presidente prometi¨® hace un a?o, en plena campa?a electoral, que una tarea primordial de su Gobierno ser¨ªa el esclarecimiento de este crimen, ocurrido en marzo de 1980. Anunc¨ª¨® la formaci¨®n de una comisi¨®n especial que se ocupar¨ªa permanentemente del caso. "No hemos visto nada de esa investigaci¨®n. Tampoco sabemos lo que haya hecho la comisi¨®n nombrada por Duarte", dijo Mar¨ªa Julia Hern¨¢ndez. El sumario descansa en los archivos del Juzgado Penal n¨²mero 4 de San Salvador, sin que haya incorporado nuevas investigaciones. Tampoco la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica, m¨¢xima au toridad responsable de la

investigaci¨®n y ocupada ahora por un militante de la ultraderechista Alianza Republicana Nacional (Arena), ha logrado avances en la b¨²squeda de los culpables.

El problema de la justicia en El Salvador, seg¨²n la directora de tutela legal, es la corrupci¨®n: "Los pocos jueces honestos prefieren archivar los asuntos porque son amenazados", asegura Mar¨ªa Julia Hern¨¢ndez. "Nunca un juez ha hecho una investigaci¨®n seria en los casos de cr¨ªmenes pol¨ªticos". El arzobispo de San Salvador record¨® el pasado domingo que el problema originado por el asesinato de su predecesor no desaparece archivando el sumario. investigar esta muerte es requisito indispensable para conseguir la paz en el pa¨ªs", dijo Arturo Rivera. "Los culpables deben ser castigados".

Tampoco la violencia en las zonas de guerra encuentra nunca ning¨²n responsable. Siguen siendo frecuentes las violaciones de los derechos humanos, a pesar de las normas precisas dictadas por el ministro de Defensa, que en su "instructivo permanente n¨²mero 1", calificado de secreto, ordena a los jefes militares instruir a sus soldados para que eviten da?os a los civiles. Seg¨²n este documento, "la poblaci¨®n civil ser¨¢ protegida en todo momento de los peligrosos procedimientos de operaciones militares y ser¨¢ objeto de un trato respetuoso". Proh¨ªbe atacar, destruir o sustraer bienes, "salvo que est¨¦n ocupados por enemigos".

A pesar de estas instrucciones, la oficina de tutela legal informa que s¨®lo en el mes de enero hubo 90 v¨ªctimas civiles a causa de las acciones militares, y que 19 personas m¨¢s fueron asesinadas por el Ej¨¦rcito y las fuerzas paramilitares. Seg¨²n Mar¨ªa Julia Hern¨¢ndez, el Ej¨¦rcito viola sistem¨¢ticamente el protocolo adicional del Convenio de Ginebra, que otorga la consideraci¨®n de civiles a las personas que incluso facilitan alimentos a uno de los bandos. Esto le basta al Ej¨¦rcito salvadore?o en muchas ocasiones para incluirlos en la categor¨ªa de guerrilleros. La mejor¨ªa lograda en las ciudades en materia de de-rechos humanos se enfrenta a un deterioro progresivo en el campo.

El caso del asesinato de 74 campesinos, ocurrido hace dos a?os en el cant¨®n de Hojas Verdes, en el departamento de Sonsonate, es un ejemplo. Las investigaciones realizadas por la oficina de tutela legal arrojaron la evidencia de que la matanza hab¨ªa sido ordenada por oficiales del Ej¨¦rcito. En este caso se consiguieron incluso algunos nombres, pero nadie ha sido todav¨ªa juzgado. El Tribunal Supremo de Justicia sobresey¨® tambi¨¦n el caso de un comandante acusado de organizar el asesinato de dos sindicalistas norteamericanos y el entonces director del Instituto de Transformaci¨®n Agraria. Los militares son intocables para los jueces. "El poder judicial en este pa¨ªs est¨¢ adem¨¢s supeditado en ¨²ltima instancia al poder militar", asegura Mar¨ªa Julia Hern¨¢ndez, "especialmente en materia de delitos pol¨ªticos".