La ley de Aguas

La actual legislaci¨®n sobre la propiedad y el uso de las aguas necesita una revisi¨®n para adaptarse a la realidad. Pero, seg¨²n el autor, el problema es el alcance de la ley proyectada por el Gobierno, que va a suponer que la actual propiedad privada de las aguas subterr¨¢neas pase a manos del Estado, sin indemnizaci¨®n o compensaci¨®n alguna.

El proyecto de ley convierte las aguas subterr¨¢neas, que son privadas a perpetuidad seg¨²n la vigente ley, en aguas de dominio p¨²blico hidr¨¢ulico del Estado. Ello supone que los actuales socios de los pozos de riego, que son propietarios de las aguas que alumbran, pierdan dicha propiedad en favor del Estado sin recibir nada a cambio; es; lo que se ha estado llamando nacionalizaci¨®n, estatalizaci¨®n, expropiaci¨®n o expoliaci¨®n de las aguas subterr¨¢neas. El pozo, con todas sus instalaciones, queda en propiedad de los socios; es el agua la que se pasa al Estado.Tambi¨¦n se nos est¨¢ insistiendo en que se respetan los derechos de los actuales propietarios de las aguas subterr¨¢neas (los agricultores que las usan), al indicar que se respetar¨¢ el r¨¦gimen de explotaci¨®n actual durante 50 a?os siempre que se: mantengan las condiciones actuales. Ello supone que cualquier modificaci¨®n que suponga aumento de caudal, cambio en la cantidad de tierras regadas, trabajos efectuados en el pozo, etc¨¦tera, har¨ªa que se suspendiera el per¨ªodo de los 50 a?os y las aguas pasar¨ªan a titularidad p¨²blica. Asimismo, y en el mejor de los casos, a los 50 a?os las aguas subterr¨¢neas dejar¨ªan de pertenecer a los agricultores que las usan, para pasar al Estado sin indemnizaci¨®n alguna.

Conflictos con las autonom¨ªas

Otro aspecto que tener en cuenta es la posibilidad de conflictos que puede ocasionar entre el Estado y las comunidades aut¨®nomas que tienen reconocidos en sus estatutos competencias sobre el tema. Esta tendencia hace que no se puedan reconocer las peculiaridades que el r¨¦gimen de aguas subterr¨¢neas tiene en la Comunidad Valenciana, queri¨¦ndose aplicar una misma ley, muy concreta, cuando la realidad demuestra que el tema de las aguas subterr¨¢neas es muy distinto en nuestra zona que en Castilla, Galicia, Andaluc¨ªa, etc¨¦tera, y esto tendr¨ªa que ser contemplado, pues creemos que el esfuerzo y sacrificio de nuestros agricultores merece mejor reconocimiento.

Tambi¨¦n queremos aclarar que aquellos caudales que se pueden usar con m¨¢s libertad y no quedan tan afectados por la ley son de una cantidad de 4.000 metros c¨²bicos anuales. Para que se comprenda lo irrisorio de este caudal s¨®lo podemos indicar que un pozo que saca 3.000 litros por minuto tarda 22 horas en sacar los 4.000 metros c¨²bicos, por lo que se ve claramente que todos los pozos de nuestra zona superar¨¢n los 4.000 metros c¨²bicos, pues funcionan muchas m¨¢s horas de las que indic¨¢bamos, teniendo en cuenta que se trata de horas al a?o.

Un punto importante del proyecto de ley es el que se refiere a que la planificaci¨®n, gesti¨®n y control de las aguas corresponde a la Administraci¨®n, dejando a los regantes una representaci¨®n m¨ªnima. Para ello se crean varios organismos (Consejo Nacional del Agua, organismos de cuenca, asamblea de usuarios, junta de explotaci¨®n, etc¨¦tera), en los que la mayor¨ªa de los miembros pertenece, como hemos dicho, a la Administraci¨®n, y los regantes o no tienen representaci¨®n o ¨¦sta es s¨®lo de un tercio, por lo que estar¨¢n un poco como convidados de piedra. Todo esto llevar¨¢ a una burocratizaci¨®n, que supondr¨¢ conflictos importantes a la hora de resolver los problemas que se plantean cada campa?a y que requieren una soluci¨®n r¨¢pida; todos sabemos la eficacia y rapidez con que funciona la Administraci¨®n a la hora de resolver cualquier problema. Al mismo tiempo, todo ello contribuye a que los presidentes y miembros de los organismos antes citados sean ocupados, por los pol¨ªticos de turno y no por profesionales, con el peligro que ello supone.

Tambi¨¦n, y relacionado con este tema, hay que se?alar que los organismos; que se crean ser¨¢n financiados en parte por los que usen el agua, con lo que nuestros agricultores correr¨¢n con un nuevo gasto sobre los ya existentes. Est¨¦ tema es muy claro, ya que el proyecto, al hablar de los ingresos de los organismos de cuenca, se?ala, en sus apartados d y f lo siguiente:

d) Los procedentes de la recaudaci¨®n de tasas, exacciones y precios autorizados al organismo.

f) El producto de las posibles cuotas a los usuarios.

Otro tema en el que insiste el ministerio es el relativo a la posibilidad que deja a los actuales propietarios de los pozos para seguir en la misma situaci¨®n en que est¨¢n, pero sin la protecci¨®n administrativa que regula la nueva ley. Significa que podemos seguir siendo propietarios del agua bajo control de la Administraci¨®n, pero la nueva ley de Aguas no protege ni garantiza dicho derecho, con lo que nos deja en la m¨¢s absoluta indefensi¨®n. Esto no creemos que sea ninguna posibilidad, sino una burda maniobra para obligarnos a inscribir nuestras aguas como p¨²blicas.

Repercusi¨®n social

No se ha tenido en cuenta para nada, a pesar de que se quiera decir lo contrario, a los representantes de los pozos de riego; es decir, a los usuarios de las aguas subterr¨¢neas, cuando son los m¨¢s afectados por la ley. El Gobierno ha querido presentar el proyecto de ley de aguas como fruto del acuerdo con las partes afectadas, pero esto no es cierto, pues ni las comunidades de regantes, ni los pozos de riego, ni las industrias que utilizan el agua como materia prima est¨¢n de acuerdo con el mismo; por tanto, no sabemos con qui¨¦n se ha puesto de acuerdo el Gobierno.

A pesar de todo lo expuesto estamos convencidos de que es necesaria una revisi¨®n de la vigente ley de Aguas para adaptarla a la realidad actual, pero el problema es el alcance y el sentido que le ha dado a la reforma el Gobierno, por lo que es necesario preguntarse: ?para solucionar la problem¨¢tica existente es necesario invertir totalmente los principios hasta ahora vigentes, para adoptar precisamente los contrarios? Nosotros estamos convencidos de que no es necesario invertir los t¨¦rminos, pues la Administraci¨®n dispone de infinidad de medios y procedimientos sin necesidad de llegar a sustraer la titularidad de las aguas a sus propietarios. Estamos convencidos de que el Gobierno no ha valorado suficientemente la negativa repercusi¨®n social que el nuevo proyecto de ley de aguas va a tener, perjudicando a un sinf¨ªn de peque?os agricultores que con su iniciativa, esfuerzo y sacrificio han hecho posible en estas tierras una realidad palpable cuya funci¨®n social es innegable.

es secretario de la Asociaci¨®n Provincia? Empresarial de Pozos de Agua para Usos Agr¨ªcolas de Castell¨®n (APEPAUAC).