Un abogado procesado por intrusismo y estafa reclama el derecho al honor

El periodista Fernando Orgambides, redactor de EL PAIS, prest¨® declaraci¨®n el pasado martes 23 de abril ante el juez de Primera Instancia n¨²mero 11 de Madrid, Hip¨®lito Hermida, en relaci¨®n con una demanda contra su persona interpuesta por el abogado de polic¨ªas Jos¨¦ Emilio Rodr¨ªguez Men¨¦ndez, quien le reclama 20 millones de pesetas utilizando la ley de Protecci¨®n al Honor y la Intimidad. Esta es la segunda ocasi¨®n en que el citado abogado, actualmente procesado por los supuestos delitos de intrusismo y estafa, emprende acciones judiciales contra dicho periodista. La primera lo fue por la v¨ªa penal, y fue sobrese¨ªda. Coincidiendo con estos hechos, se han recibido en la Redacci¨®n de EL PAIS diversas llamadas an¨®nimas amenazando de muerte a Fernando Orgambides.

La demanda est¨¢ relacionada con una noticia publicada en este peri¨®dico el 6 de marzo de 1984 y firmada por el citado periodista, en la que se informaba del descubrimiento de supuestas irregularidades en la cancelaci¨®n de los antecedentes policiales del citado abogado, entonces asesor jur¨ªdico del Sindicato Profesional de Polic¨ªa (SPP) en Madrid. En la misma noticia, en la que se inclu¨ªa la versi¨®n de Rodr¨ªguez Men¨¦ndez, se informaba que el Ministerio del Interior hab¨ªa ordenado una investigaci¨®n sobre los hechos.La veracidad de la noticia fue confirmada tres d¨ªas despu¨¦s en una conferencia de prensa que presidi¨® el propio ministro del Interior, Jos¨¦ Barrionuevo, y ratificada de nuevo con la apertura, por parte de la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa, de una investigaci¨®n sobre los hechos, que fue encomendada al subcomisario Fernando Sim¨®n Salvat.

El letrado Jos¨¦ Emilio Rodr¨ªguez Men¨¦ndez, que reclama los 20 millones de pesetas (por la v¨ªa penal exig¨ªa 600 millones) ampar¨¢ndose en el art¨ªculo 7 de la ley org¨¢nica 1/1982, de 5 de mayo, de Protecci¨®n Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, est¨¢ procesado actualmente por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Madrid por un supuesto delito de intrusismo y estafa, habi¨¦ndolo estado tambi¨¦n por desacato hasta el 14 de diciembre de 1984 por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Bilbao.

El citado abogado, contra el que el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 30 de Madrid sigue tambi¨¦n un procedimiento oral, fue suspendido en el ejercicio de la profesi¨®n de abogado por el Colegio de Abogados de Vizcaya, sanci¨®n contra la que recurri¨® ante el Consejo General de la Abogac¨ªa. El presidente de ¨¦ste Antonio Pedrol, encarg¨® a los juristas Fernando Garrido Falla y Jes¨²s Gonz¨¢lez P¨¦rez que estudiar¨¢n la posibilidad de extender la efectividad de la sanci¨®n en el ¨¢mbito del Colegio de Abo- gados de Vizcaya al resto de los colegios del Estado. El 22 de diciembre de 1984, el Consejo General de la Abogac¨ªa desestim¨® "totalmente" el recurso presentado por Rodr¨ªguez y confirm¨® la suspensi¨®n de dos a?os y nueve meses que hab¨ªa impuesto el Colegio de Abogados de Vizcaya. El mismo abogado tiene tambi¨¦n abiertos expedientes diversos en el Colegio de Abogados de Madrid, que se ha personado como parte en una de las causas judiciales contra ¨¦l.

Rodr¨ªguez Men¨¦ndez, que manifiesta en la demanda "ejercer dignamente y con gran prestigio la profesi¨®n de abogado", ha alegado en procedimientos judiciales que la informaci¨®n publicada por EL PAIS ha "lesionado", por su vinculaci¨®n con ella, a las siguientes organizaciones: Sindicato Profesional de Polic¨ªa (SPP), Uni¨®n Sindical Obrera (USO), Asociaci¨®n Profesional del Cuerpo T¨¦cnico de Instituciones Penitenciarias (APCTIP) y Centro Democr¨¢tico y Social (CDS).

Amenazas de muerte

Desde que se iniciaron los procedimientos judiciales, en El PAIS se han recibido numerosas llamadas telef¨®nicas con amenazas de muerte y coacciones contra el periodista Fernando Orgambides, de las que se ha dado cuenta a los ¨®rganos competentes de la Direcci¨®n de la Seguridad del Estado. Rodr¨ªguez Men¨¦ndez, el pasado 25 de febrero, tras golpear al fot¨®grafo Blas ?lvarez, entonces perteneciente a la plantilla del diario Liberaci¨®n, dijo ante una veintena de periodistas que cubr¨ªan el caso Nov¨¢s que se hab¨ªa confundido y que a quien quer¨ªa agredir era a Orgambides, al que insult¨® en p¨²blico.Entre las personas que ha citado como testigos la defensa de Rodr¨ªguez Men¨¦ndez en su demanda contra el periodista de EL PAIS figuran los inspectores de polic¨ªa Jes¨²s Nieto y Jos¨¦ Mart¨ªnez, expulsados recientemente del SPP por su participaci¨®n en la detenci¨®n del ex presidente de este sindicato Manuel Nov¨¢s; los tambi¨¦n inspectores Amador Miralpeix y Jos¨¦ Manuel Ortiz, sobre los que se sigue procedimiento por el caso Cast¨¢n -muerte de un polic¨ªa armado al que se le practicaron malos tratos en comisar¨ªa-, y el ex funcionario de prisiones Jes¨²s Manuel S¨¢nchez Buenaposada, expulsado de este cuerpo porque, seg¨²n un informe de la Direcci¨®n General de Instituciones Penitenciarias, de fecha 3 de abril de 1984 y con n¨²mero de referencia 6.2.2./2304 (expediente 18/84), "recibi¨® un cheque por importe de 1,5 millones de pesetas por los trabajos profesionales efectuados por el abogado don Carlos Garc¨ªa Cabrero a fin de lograr la libertad del ex interno ?lvaro Levenfeld Tercero".