Una alternativa al actual modelo policial

Bien poco ha cambiado la organizaci¨®n general de la polic¨ªa desde la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n, en 1978, afirman los autores. Tampoco puede decirse -a?aden- que dos a?os largos de -Gobierno socialista hayan servido de mucho. Lo cierto es que a¨²n persisten los rasgos m¨¢s caracter¨ªsticos de la organizaci¨®n policial anterior a la democracia. A partir de esta afirmaci¨®n ofrecen la que llaman propuesta Alavedra, que el conseller de Gobernaci¨®n hizo ante el Parlament.

No solamente por el hecho de que la legislaci¨®n policial sea anterior a la Constituci¨®n y que las leyes org¨¢nicas que ¨¦sta prev¨¦ para desarrollar el nuevo modelo policial no se hayan traducido ni siquiera en un proyecto sino porque tampoco se ha modificado sustancialmente el car¨¢cter militar de la mayor parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque no se ha prev¨ªsto el papel que deber¨¢n desempe?ar en el nuevo modelo ni las polic¨ªas locales ni las auton¨®micas, porque no se ha buscado una f¨®rmula que permitiera a las tres administraciones (local, auton¨®mica y central) compartir efectivamente la responsabilidad sobre la seguridad p¨²blica, porque no se ha regulado debidamente el ejercicio de los derechos y libertades que tambi¨¦n les corresponden a los polic¨ªas en un sistema que se pretenda democr¨¢tico; porque no se han adoptado, en definitiva, medidas efectivas para desterrar completamente de la polic¨ªa todo tipo de pr¨¢cticas que puedan resultar incompatibles con la defensa y la promoci¨®n de los derechos humanos.Luego no nos puede sorprender que empiecen a aflorar tantas contradicciones del seno de la polic¨ªa, que no desaparezcan las competencias corporativistas entre los diferentes cuerpos, que el clima de inseguridad entre la poblaci¨®n aumente, que las relaciones entre la polic¨ªa y los ciudadanos no mejoren sustancialmente, o que, en definitiva, resulte tan complejo adecuar el ritmo de la polic¨ªa al de los cambios sociales y pol¨ªticos.

El edificio policial se viene abajo. Sin dramatismos ni alarmismos de ning¨²n g¨¦nero, deber¨ªamos darnos cuenta de una realidad inexorable a la cual a¨²n nos podemos anticipar. Nuestro modelo policial responde, en sus rasgos principales, a las peculiariares circunstancias decimon¨®nicas que lo alumbraron, as¨ª como a las que lo consolidaron durante el r¨¦gimen anterior. Lo cual explica, en buena medida, que no sea factible ajustar la polic¨ªa a la nueva realidad pol¨ªtica si antes no se operan cambios importantes en su organizaci¨®n general.

Aunque pudiera parecer lo contrario, a veces la mejor prudencia y sentido de la responsabilidad aconsejan, justamente, la mayor audacia. Este es el caso. Urge definir un nuevo modelo policial que se ajuste escrupulosamente a la nueva organizaci¨®n territorial y administrativa del Estado (es decir, que tenga debidamente en cuenta la autonom¨ªa local y el papel de las comunidades aut¨®nomas) y que sea capaz de garantizar y de promover el libre y pac¨ªfico ejercicio de todos los derechos y libertades que la Constituci¨®n reconoce a los ciudadanos.

Una responsabilidad compartida

Esto es precisamente lo que vino a ofrecer, en su intervenci¨®n ante el Parlament de Catalu?a, el conseller de Gobernaci¨®n, Maci¨¢ Alavedra.

La propuesta Alavedra prefigura un nuevo modelo de seguridad p¨²blica en el que puedan resultar compatibles la descentralizaci¨®n, la coordinaci¨®n y, en definitiva, la eficacia. Toda su propuesta se sustenta en la convicci¨®n expresada de que la seguridad p¨²blica es una responsabilidad que deben compartir las tres administraciones, lo cual requiere la clarificaci¨®n y la racionalizaci¨®n de sus respectivas competencias.

Los alcaldes deben recuperar la condici¨®n de autoridad en materia de orden p¨²blico. Son ellos y no los gobernadores civiles quienes se hallan en la mejor situaci¨®n para ejercer estas facultades en sus respectivas poblaciones, al mismo tiempo que deben asumir m¨¢s directamente la responsabilidad principal en relaci¨®n a la indispensable seguridad que reclaman los ciudadanos ante la amenaza delictiva. Ello deber¨¢ completarse con la creaci¨®n de comisiones locales de seguridad presididas por el alcalde, y en las cuales participar¨ªa el resto de administraciones implicadas a fin de garantizar la coordinaci¨®n de las respectivas fuerzas policiales.

Las comunidades aut¨®nomas deben poder asumir la m¨¢xima responsabilidad en relaci¨®n a la seguridad p¨²blica en su respectivo ¨¢mbito. Ello se traducir¨ªa en la creaci¨®n de cornisiones auton¨®micas (le seguridad presididas por el consejero de Gobernaci¨®n, y en las que participaran los representantes de los ayuntamientos y de la Adrninistraci¨®n central.

A la Administraci¨®n central le corresponde la responsabilidad de establecer un marco general que integre las diversas acciones auton¨®micas y locales en un mismo esfuerzo para reducir la problem¨¢tica delictiva de ¨¢mbito estatal. Esta funci¨®n se ejercer¨ªa a trav¨¦s de una comisi¨®n estatal de seguridad, presidida por el ministro del Interior y en la cual participar¨ªan los representantes de los ayuntamientos v de las comunidades aut¨®nomas.Un nuevo modelo policial

Esta redistribuci¨®n de las responsabilidades atribuidas a cada una de las tres administraciones implicadas en el proceso de seguridad p¨²blica (que deber¨¢ comportar una redistribuci¨®n equitativa de los recursos financieros) lleva aparejada una delimitaci¨®n racional de los ¨¢mbitos de intervenci¨®n de los diferentes cuerpos policiales.

Los municipios que dispongan de la, base de poblaci¨®n necesaria (probablemente en torno a los 20.000 habitantes) asumir¨ªan,directamente la prestaci¨®n del servicio policial b¨¢sico (prevenci¨®n del delito, intervenci¨®n en delitos y accidentes, mantenimiento del orden p¨²blico, control de la circulaci¨®n, auxilio a la poblaci¨®n) mediante su propia polic¨ªa local.

Los municipios que, agrup¨¢ndose, consigan el m¨ªnimo de poblaci¨®n requerido tambi¨¦n podr¨ªan asurnir la prestaci¨®n conjunta del servicio policial b¨¢sico mediante una polic¨ªa supramunicipal.

Los municipios que no est¨¦n en condiciones de asumir, ni directamente ni a trav¨¦s de agrupaciones, la prestaci¨®n del servicio policial b¨¢sico podr¨ªan establecer convenios con la respectiva comunidad aut¨®noma (en el caso de que disponga de polic¨ªa auton¨®mica), o bien con la Administraci¨®n del Estado, a fin de garantizar dicha prestaci¨®n mediante otras fuerzas policiales.

All¨ª donde exista polic¨ªa auton¨®mica, ¨¦sta se ocupar¨¢ de prestar a las polic¨ªas locales todo el apoyo que les sea necesario a fin de resolver aquellas circunstancias conflictivas que desborden sus posibilidades de intervenci¨®n; all¨ª donde no exista, esta funci¨®n la asumir¨¢ la polic¨ªa dependiente de la Administraci¨®n del Estado.

La polic¨ªa del Estado adem¨¢s asumir¨ªa la responsabilidad completa en todo el territorio, por lo que se refiere a las competencias de ¨¢mbito supra y extracomunitar¨ªo (fronteras, identidad, contrabando, vigilancia fiscal, terrorismo, tr¨¢fico de droga, etc¨¦tera).

La propuesta elaborada por la Direcci¨®n General de Seguridad Ciudadana de la Generalitat de Catalu?a (dificil de analizar ahora con mayor detalle) no ha sorprendido a la mayor parte de los grupos parlamentarios que participaron en el debate del Parlament. Su mayor virtud quiz¨¢ consista en haber sabido recoger los resultados de un largo y paciente proceso de reflexi¨®n, estudio, experiencia y debate, que se inici¨® en Catalu?a en 1979, y a ra¨ªz del acceso a la Administraci¨®n local de un grupo de hombres y mujeres que se vieron confrontados a la necesidad ineludible de elaborar una alternativa a la organizaci¨®n policial existente, y que a¨²n hoy contin¨²an trabajando, quiz¨¢ en lugares diferentes, con el mismo horizonte.

Quiz¨¢ por ello se explique que quienes firmamos este art¨ªculo no hallemos mayor dificultad para el trabajo en com¨²n en el seno de la Direcci¨®n General, a pesar de nuestras diferentes opciones ideol¨®gicas (comunista, socialista y convergente, respectivamente).

La propuesta presentada en el Parlament, en la medida en que se propone ajustar la organizaci¨®n policial a las previsiones constitucionales y a las nuevas realidades sociales y pol¨ªticas, puede y deber¨ªa servir para iniciar un fruct¨ªfero di¨¢logo entre las tres administraciones con el objetivo com¨²n de elaborar un nuevo modelo de seguridad p¨²blica. Justo lo que acord¨® por unanimidad (Converg¨¦ncia i Uni¨®, Partit deis Socialistes de Catalunya, Partit Socialista Unificat de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya y Alianza Popular) el Pleno del Parlament de Catalu?a el pasado d¨ªa 9.