Detr¨¢s de la huelga

LA RECIENTE huelga de los profesores y trabajadores de la ense?anza privada, en defensa de sus reivindicaciones econ¨®micas y profesionales, ha sido presenta da por las organizaciones empresariales y los partidos de la oposici¨®n conservadora como unas jornadas de protesta contra la pol¨ªtica educativa del Gobierno. De esta forma, los empresarios no s¨®lo intentaban elud¨ªr sus propias responsabilidades en las negociaciones con sus empleados sino que tambi¨¦n se esforzaban por aumentar la presi¨®n social sobre el Tribunal Constitucional en v¨ªsperas de la sentencia sobre la ley org¨¢nica del Derecho a la Educaci¨®n (LODE). Nuevamente la discusi¨®n sobre los dineros -ahora entre trabajadores y empresarios, como antes lo fue entre la Adminitraci¨®n y los colegios privados- es disfrazada de debate ideol¨®gico; y otra vez el concepto de libertad de ense?anza- vuelve a ser enarbolado como bandera por los mismos que ayer impon¨ªan a los dem¨¢s su propia intolerancia. Las organizaciones patronales hicieron saber desde el principio de las negociaciones que no pod¨ªan negociar el convenio hasta que no se conociesen los m¨®dulos de las subvenciones para este a?o. Cuando ¨¦stas se hicieron p¨²blicas, los empresarios ofrecieron un incremento salarial del 7,5% (equivalente a la aportaci¨®n aprobada por el Ministerio) a los profesores de las aulas subvencionadas y una subida del 5,5% (acogi¨¦ndose a la banda del Acuerdo Econ¨®mico Social) a los profesores de los centros no subvencionados. Sin embargo, los salarios del personal no docente, tanto de las empresas subvencionadas como de las restantes, quedaban congelados. El argumento de la Confederaci¨®n Espa?ola de Centros de Ense?anza (CECE) fue que la partida de las subvenciones destinada a gastos de funcionamiento -que creci¨® tambien en un 7,5%- no permite modificar los salarios del personal no docente. Este debate, que en apariencia es similar a las negociaciones de los convenios de otros sectores, est¨¢ lastrado, sin embargo, por la carga pol¨ªtica de la pol¨¦mica LODE, que intenta poner orden en las subvenciones que el Estado destina a la ense?anza privada.

Recordemos que la Confederaci¨®n Cat¨®lica de Padres de Familia (CONCAPA) interpuso recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Supremo contra la ¨®rdenes ministeriales que regulaban las subvenciones a centros privados. Una sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo dio parcialmente la raz¨®n al recurso de la Concapa, si bien el Gobierno recurri¨® en amparo ante el Tribunal Constitucional, que admiti¨® a tr¨¢mite el recurso. El obstruccionismo legal que sectores de la derecha conservadora practican con la pol¨ªtica educativa del Gobierno se ha visto completado ahora por la reacci¨®n adoptada frente a la huelga de profesores en demanda de mejoras econ¨®micas y profesionales: un cierre patronal, que en definitiva es una manera a?adida de desafiar las reformas previstas. Los hechos parecen empe?ados en demostrar que, tras la discusi¨®n sobre la libertad de ense?ariza, se esconde un problema econ¨®mico y la lucha por el control de las subvenciones estatales.

Mientras todo esto sucede, nadie -ni Gobierno ni empresarios- parece plantearse seriamente el debate verdaderamente necesario: el relativo a la calidad y contenido de la ense?anza. Y sigue vigente en nuestro pa¨ªs la triste realidad de una ense?anza general b¨¢sica con angustiosas carencias en las zonas rurales y suburbios y un fracaso escolar galopante en las ense?anzas medias, que est¨¢n pidiendo a gritos una urgente reforma. Conf¨ªemos en que la inminente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso previo interpuesto por Alianza Popular permita desbloquear la situaci¨®n, descargar al conflicto de la artificiosa ideologizaci¨®n a que ha sido sometido por la ofensiva de la derecha conservadora y obligar a unos'y a otros a plantear esa reforma de la ense?anza que capacite a los espa?oles del siglo XXI para responer a los desaf¨ªos de la modernidad.