160 testigos han declarado en el 'caso Banca Catalana'

El 23 de mayo de 1984, hoy hace un a?o, el fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Barcelona, Alejandro Sanvicente, present¨® en nombre del fiscal general del Estado una querella contra Jordi Pujol y otros 24 ex directivos de Banca Catalana, por los presuntos delitos de falsedad documental y apropiaci¨®n indebida. Los 25 folios de la querella, que hab¨ªan sido redactados dos semanas antes por los fiscales Carlos Jim¨¦nez Villarejo y Jos¨¦ Mar¨ªa Mena, hab¨ªan reposado en el fondo de un caj¨®n del despacho del fiscal jefe mientras se discut¨ªan algunos detalles procesales relacionados con la tramitaci¨®n del documento.La presentaci¨®n del escrito, en el que se ve¨ªa implicado el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, estuvo precedida por un herm¨¦tico silencio, que provoc¨® cierta inquietud entre quienes hab¨ªan elaborado el escrito de denuncia. Hac¨ªa apenas un mes, el fiscal jefe, Alejandro Sanvicente, y el fiscal Jos¨¦ Mar¨ªa Mena hab¨ªan dado por zanjado un incidente profesional, relacionado con la tramitaci¨®n y archivo de una querella contra Eduard Bueno, candidato a la Generalitat por Coalici¨®n Popular, al que se acusaba de los supuestos delitos de estafa y falsedad.

El fiscal general del Estado, Luis Bur¨®n Barba, despu¨¦s de examinar la solidez de las imputaciones recogidas en el escrito de querella contra los ex consejeros de Banca Catalana, decidi¨® impulsar y apoyar la denuncia, que finalmente se present¨® el 23 de mayo en la Audiencia Territorial. Cuando se cumple un a?o de la tramitaci¨®n del sumario sobre el caso Banca Catalana, la causa est¨¢ integrada por 3.000 folios y 21 carpetas con documentaci¨®n anexa, que a su vez contienen 6.000 folios m¨¢s.

Durante este tiempo se ha tomado declaraci¨®n a m¨¢s de 160 testigos, se ha recogido un examen pericial propuesto por un sector de abogados defensores, se han celebrado seis plenos de la Audiencia Territorial, se han tramitado cinco recursos fiscales y se encuentra pendiente de resoluci¨®n un nuevo examen pericial y el destino final que se dar¨¢ a 20.000 fotocopias sobre la contabilidad de la entidad, que fueron entregadas la semana pasada a los fiscales encargados del caso. Tambi¨¦n durante este per¨ªodo han fallecido dos de los inculpados, Antoni Moragas Gallissa y Ram¨®n Monforte Noval¨®n.

En defensa de Pujol

Los primeros problemas jur¨ªdicos que se plantearon en la Audiencia Territorial de Barcelona y en el Tribunal Supremo sobre qu¨¦ ¨®rgano era el competente para enjuiciar la causa, quedaron ahogados por una campa?a a favor de Jordi Pujol, en la que participaron numerosas entidades pol¨ªticas y sociales. Estos sectores interpretaban que la presentaci¨®n de la querella por el supuesto fraude de Banca Catalana era un golpe bajo al nacionalismo catal¨¢n, que hab¨ªa logrado una amplia mayor¨ªa en las elecciones del 29 de abril y que hab¨ªa devuelto a la presidencia de la Generalitat a uno de los querellados, Jordi Pujol.Al d¨ªa siguiente de la presentaci¨®n de la querella, el cardenal arzobispo de Barcelona, Narc¨ªs Jubany, visit¨® a Jordi Pujol en el Palau de la Generalitat con el objeto de ofrecerle su apoyo. Una fuente autorizada del arzobispado explic¨® despu¨¦s que aquella visita ten¨ªa un car¨¢cter privado y de cortes¨ªa y "constituye un gesto de solidaridad del cardenal, como primera autoridad de la di¨®cesis, hacia la primera autoridad leg¨ªtima de Catalu?a, dada la situaci¨®n por la que est¨¢ pasando la instituci¨®n". El portavoz del arzobispado asegur¨® que "adem¨¢s de esta dimensi¨®n institucional, se trata, sobre todo, como sacerdote, de un gesto de solidaridad y cordial hacia la persona". Santiago Moreno, dirigente de la Federaci¨®n de Entidades Culturales Andaluzas en Catalu?a, se mostr¨® mucho m¨¢s enigm¨¢tico sobre el apoyo ofrecido a Pujol, y, tras su visita al Palau de la Generalitat, asegur¨® que al presidente, adem¨¢s del apoyo moral, le hab¨ªa ofrecido, "si hace falta, cualquier otro tipo de apoyo".

Oral o escrito

Las movilizaciones populares a favor de Jordi Pujol y las descalificaciones p¨²blicas a la actuaci¨®n del ministerio fiscal y del Gobierno socialista arreciaron en el mes de agosto con la pol¨¦mica sobre si Jordi Pujol deb¨ªa declarar de forma oral o escrita y con los testimonios de los primeros ex consejeros querellados. Las protestas prosiguieron durante todo el verano para culminar en el mes de octubre, cuando los fiscales Carlos Jim¨¦nez Villarejo y Jos¨¦ Mar¨ªa Mena hicieron unas declaraciones a la revista Cambio 16 que fueron desautorizadas por determinados sectores ciudadanos pr¨®ximos pol¨ªticamente a Pujol, y muy especialmente por el Colegio de Abogados de Barcelona. Estos sectores empezaron a reclamar que se dejara de discutir p¨²blicamente sobre el caso.Las declaraciones de los dos fiscales, realizadas durante un almuerzo con una redactora de la revista, ten¨ªan un car¨¢cter general y no desvelaban ning¨²n aspecto procesal importante, pero fueron lo suficientemente ingenuas como para provocar un alud de protestas e instaurar esa pol¨ªtica de silencio. Esta pol¨ªtica ha sido fielmente acatada por todos los abogados relacionados con la defensa de los encausados, hasta el punto de hacerlos impermeables a cualquier investigaci¨®n period¨ªstica.

Algunos letrados, que se hab¨ªan mostrado hasta entonces dispuestos a colaborar con la Prensa en las tareas de informaci¨®n, guardaron silencio de repente y el contenido del sumario, sin ser secreto, se ha convertido en uno de los asuntos m¨¢s reservados del Palacio de Justicia de Barcelona.

Un sumario casi secreto

La pol¨ªtica de silenciar el caso Banca Catalana ha afectado, al parecer, a la edici¨®n del primer libro que se ha escrito sobre esta entidad bancaria despu¨¦s de la presentaci¨®n de la querella. La editorial Plaza y Jan¨¦s compr¨® el 25 de octubre de 1984 los derechos de autor de la obra Banca Catalana. M¨¢s que un banco, m¨¢s que una crisis, que ha sido elaborado por los periodistas Francesc Baiges, Enric G¨®nzalez y Jaume Reixac, pero hasta el momento se ha negado a publicarlo alegando que el texto conten¨ªa posibles inexactitudes. Anteriormente, editorial Planeta hab¨ªa rechazado tambi¨¦n su publicaci¨®n. Los autores del libro afirman premonitoriamente, en el pre¨¢mbulo de los 208 folios, que el trabajo "supone un intento de explicar de forma detallada qu¨¦ fue Banca Catalana".La colaboraci¨®n m¨¢s generosa en materia informativa con la que ha contado la Prensa para seguir de cerca la investigaci¨®n judicial del caso Banca Catalana ha sido, parad¨®jicamente, la que ha prestado el propio magistrado instructor, Ignacio de Lecea, quien no ha rehuido nunca el contacto con los periodistas. De Lecea no ha mostrado ninguna dificultad en explicar aspectos procesales de la causa y ha ofrecido incluso generosas explicaciones exculpatorias para los querellados. S¨®lo as¨ª se justifica el hecho de que hasta el p¨²blico haya llegado la versi¨®n procesal y p¨²blica de la instrucci¨®n de la causa; los recursos de los fiscales, los plenos de la Audiencia, los enfrentamientos entre el instructor y los fiscales, la improvisaci¨®n procesal y jur¨ªdica o la petici¨®n de relevo planteada por el propio De Lecea.

Se conocen muy pocos datos relativos a los temas objeto de investigaci¨®n judicial y motivo de la querella o a la estrategia de las defensas o a la actitud de Jordi Pujol con referencia a la investigaci¨®n.

En medios jur¨ªdicos se asegura que el letrado Joan Piqu¨¦ Vidal, encargado oficiosamente de la defensa. de Jordi Pujol, se ha convertido en un verdadero abogado-orquesta del caso Banca Catalana. Cada decisi¨®n adoptada con relaci¨®n al sumario, es valorada, estudiada y sopesada por Piqu¨¦ Vidal con tal dedicaci¨®n que se ha visto obligado a abandonar otros encargos judiciales para dedicarse casi exclusivamente al caso.

Nadie duda ya de que este profesor de Derecho Procesal, tiempo atr¨¢s pr¨®ximo al Opus Dei, es el principal art¨ªfice de la teor¨ªa seg¨²n la cual "Jordi Pujol es inocente y no hace falta que se articule en su favor ninguna defensa", tesis que se ha traducido en la negativa a personarse en el sumario y a designar oficialmente abogado defensor.