La Audiencia de Valladolid suspende el decreto que paraliz¨® la mina de Leitariegos

La sala contencioso administrativa de la Audiencia Territorial de Valladolid acord¨® ayer la suspensi¨®n del decreto dictado por el alcalde comunista de Villablino (Le¨®n), Eliecer Rodr¨ªguez Barrero, por el que se ordenaba la paralizaci¨®n inmediata de las obras de destierre de la explotaci¨®n de carb¨®n a cielo abierto que la empresa Minero Sider¨²rgica de Ponferrada (MSP) tiene en la localidad de Leitariegos, y que impide desde el pasado 25 de abril la ejecuci¨®n de las mismas, con p¨¦rdidas para la empresa concesionaria que superan los 160 millones de pesetas, seg¨²n fuentes de MSP.Desde esa fecha, Rodr¨ªguez Barrero y, los ocho concejales comunistas de la corporaci¨®n, mayor¨ªa en el ayuntamiento, imposibilitan los trabajos de la explotaci¨®n minera, permaneciendo delante de la maquinaria d¨ªa y noche, incluso en tiendas de campa?a.

El alcalde de Villablino se?al¨® ayer que no ha tenido notificaci¨®n oficial de la decisi¨®n de la audiencia. Rodr¨ªguez Barrero afirm¨® que acata las decisiones de los tribunales, pero como ciudadano y miembro del PCE no se quitar¨¢ delante de las m¨¢quinas el lunes cuando empiecen a trabajar y que movilizar¨¢ a todo el pueblo para impedir los trabajos de destierre.

Seg¨²n el director general de MSP, Alfonso Garc¨ªa Arg¨¹elles, la concesi¨®n cuenta con los preceptivos permisos de Industria y del Icona, y carece de la autorizaci¨®n municipal a causa de la falta de respuesta del alcalde, quien "no respondi¨® a las dos solicitudes presentadas por la empresa".

La postura del titular del ayuntamiento, compartida por las juntas vecinales lim¨ªtrofes, CC OO, la C¨¢mara Agraria local y partidos ecologistas, carece del apoyo del resto de la corporaci¨®n, cinco representantes socialistas y tres del Grupo Popular.

Por su parte, la Junta de Castilla y Le¨®n, que inici¨® la formulaci¨®n de varios informes relativos a la legalidad de la actuaci¨®n municipal, algunos de ellos contradictorios, todav¨ªa no ha manifestado su opini¨®n oficial al respecto.

Rodr¨ªguez Barrero present¨® a principios de mayo una querella judicial contra la empresa P¨¦rez Canedo, que lleva a cabo la subcontrata del desmonte, y la sociedad minera, por "delito de resistencia, y desobediencia".