La dificultad de probar malos tratos

J. V., El abogado Jaime Sanz de Bremond declar¨® ayer que "es casi imposible demostrar que en una dependencia policial han existido malos tratos o torturas a un detenido si ¨¦ste no ha contado con asistencia letrada desde un primer momento". "En ¨²ltima instancia", prosigue el abogado, .es casi una cuesti¨®n de la palabra del presunto maltratado o torturado contra la del funcionario p¨²blico, y ¨¦ste siempre puede decir que las heridas que presenta el denunciante le fueron causadas al resistirse violentamente a la detenci¨®n, e incluso afirmar que el detenido se autolesion¨® en comisar¨ªa para fastidiar".

Por este motivo, el letrado cree que "los responsables pol¨ªticos de la polic¨ªa, desde los gobernadores civiles hasta el ministro del Interior, deben ser particularmente sensibles a las denuncias que efectuan ciudadanos sobre supuestos malos tratos y torturas en dependencias policiales. Esos ciudadanos no se benefician en absoluto por denunciar esos hechos; por el contrario, quedan marcados ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con los que en alguna ocasi¨®n pueden tropezarse de nuevo".

La actitud que el letrado estima correcta en los responsables pol¨ªticas "es la de efectuar verdaderas investigaciones sin tomar partido a priori, eso que siempre van diciendo de 'esta vez vamos a llegar al fondo del asunto'. El funcionario tiene el derecho de presunci¨®n de inocencia, pero tambi¨¦n el denunciante, que no debe ser acusado desde el poder de mentiroso".

Jaime Sanz de Bremond ha solicitado al juez de Instrucci¨®n de Getafe, Guillermo Ripoll, que su cliente, Manuel Rafael G¨®mez, efect¨²e en las dependencias de ese juzgado una diligencia de reconocimiento de los polic¨ªas querellados, para ver si entre ellos se encuentran los que le golpearon en el transcurso de su doble detenci¨®n. El abogado afirma estar "muy extra?ado" por la delegaci¨®n de competencias que est¨¢ haciendo en este asunto el juez de Getafe en la juez de Parla.

Asimismo ha solicitado que declaren ante dicho juzgado una abogada de la Asociaci¨®n de Derechos Humanos y el sacerdote Enrique de Castro, que tienen noticia de que otras personas fueron detenidas irregularmente y maltratadas el mismo d¨ªa y por los mismos motivos que Manuel Rafael G¨®mez.