Canarias y el ingreso en la Comunidad Europea

Ya desde que se iniciaron las negociaciones para la adhesi¨®n de Espa?a a la Comunidad Europea, el tema de la vinculaci¨®n que Canarias deb¨ªa tener en la Comunidad ampliada cre¨® todo un estado de ¨¢nimo expectante y una amplia discusi¨®n entre los sectores de m¨¢s peso en la econom¨ªa canaria.Como consecuencia de ello, y desde un primer informe realizado en 1979, y del que me cupo el honor de la autor¨ªa, Canarias ha sido la z¨®na espa?ola m¨¢s estudiada en relaci¨®n a las perspectivas abiertas por la integraci¨®n en la Comunidad Europea. T¨¦cnicos nacionales y extranjeros han dado su versi¨®n sobre los costes y beneficios que hacer entrar o no a Canarias en el Cord¨®n Aduanero Comunitario, aplicarle la pol¨ªtica agr¨ªcola com¨²n que la Comunidad hace aceptar a los nuevos pa¨ªses miembros o aceptar el resto del acervo comunitario pod¨ªan tener sobre la econom¨ªa canaria y sobre sus posibilidades de desarrollo.

Las peculiaridades jur¨ªdicas del archipi¨¦lago y los intereses econ¨®micos que se han creado en tal entorno hac¨ªan muy dif¨ªcil que Canarias pudiera llegar a formular una propuesta sobre su vinculaci¨®n a la Comunidad en el contexto de la integraci¨®n de Espa?a a la CEE. Tanto fue as¨ª que no se consigui¨® conciliar una postura com¨²n que transmitir a Madrid -en base a las atribuciones que le confiere en este sentido a Canarias la Constituci¨®n espa?ola y la ley 30/1972, de 22 de julio, de R¨¦gimen Economico Fiscal de Canarias- hasta diciembre de 1983, meses despu¨¦s, de las elecciones auton¨®micas de mayo de 1983.

Dif¨ªcil equilibrio

El documento-postura canario, asumido por el Gobierno espa?ol, fue presentado a la CEE en la sesi¨®n del 21 de febrero de 1984, y en ¨¦l se establec¨ªa un dif¨ªcil equilibrio entre el deseo de que Canarias sea considerada territorio de la Comunidad y el deseo de mantener el r¨¦gimen econ¨®mico fiscal de las islas basado en el puertofranquismo y la libertad comercial.

La verdad es que hab¨ªa un cieroto escepticismo en que la CEE aceptara el r¨¦gimen h¨ªbrido que se pretend¨ªa para la adhesi¨®n, y el propio Gobierno espa?ol asumi¨® la defensa del documento canario consciente de que entrar en la Comunidad, pero quedar fuera del Cord¨®n Aduanero Europeo, fuera de las organizaciones comunes de mercado de la pol¨ªtica agr¨ªcola com¨²n y fuera del sistema del impuesto sobre el valor a?adido", era casi una utop¨ªa a la vista de los reg¨ªmenes excepcionales quela Comunidad mantiene respecto a diversos territorios de algunos de sus pa¨ªses miembros.

A pesar de esta realidad, hay que decir, en honor a la verdad, que la propuesta se vendi¨® muy bien en Bruselas, y por ello el Documento de la Comisi¨®n Europea de octubre de 1984 acept¨® lo esencial de la declaraci¨®n espa?ola sobre Canarias, haciendo hincapi¨¦ en que la entrada en la Comunidad no deber¨ªa originar una recesi¨®n econ¨®mica en Canarias que amenazara su estabilidad pol¨ªtica.

D¨¦spu¨¦s, en estos ¨²ltimos meses, hasta la sesi¨®n del 28-29 de marzo de 1985 de la conferencia negociadora Espa?a-CEE, la postura sobre las condiciones de la incorporaci¨®n de Canarias a la Comunidad se ha ido perfilando en una forma que, a falta de concretar -como flecos finales de la negociaci¨®n hispano-comunitaria- algunos de los contingentes para las exportaciones canarias, s¨®lo encuentra ya a unos opositores: los agricultores-exportadores hortofrut¨ªcolas.

Precios de referenciaEl punto m¨¢s conflictivo existente se refiere a la obligaci¨®n que ha impuesto, a ¨²ltima hora de la negociaci¨®n, la Comunidad de que los productos agr¨ªcolas canarios exportados a la CEE respeten los precios de. referencia establecidos por la Comunidad para proteger a sus agricultores. La postura comunitaria es formalmente l¨®gica si tenemos en cuenta que Canarias se ha salido con la suya de quedar fuera de las reglamentaciones de la pol¨ªtica agr¨ªcola com¨²n, pero este argumento no resulta suficiente para los exportadores de tomates, pepinos, berenjenas y calabacines, que temen ser asaeteados por las tasas compensatorias, que los echar¨ªan del insustituible mercado comunitario una vez finalizado el per¨ªodo transitorio negociado.

A partir de aqu¨ª, el ambiente econ¨®mico canario est¨¢ caldeado ante el argumento de los agricultores exportadores de que pueden perderse 75.000 puestos de trabajo directos e inducidos debido, sobre todo, a que las exportaciones de productos hort¨ªcolas desde el sureste de la Pen¨ªnsula -hechas entonces desde dentro del cord¨®n proteccionista agrario de la CEE- dejar¨¢n fuera de mercado a los productos canarios con losque comparten hoy los mercados europeos en base a una bien pactada ordenacion sectorial llamada a desaparecer en el contexto CEE.

Con los problemas de desempleo que tiene Espa?a es posible que esta cifra esgrimida -presumiblemente exagerada- no resulte concluyente, y m¨¢s, por descontado, si se considera que en las propias Canarias los comerciantes y operadores tur¨ªsticos est¨¢n contentos del resultado de la negociaci¨®n, que les permite salvaguardar el puertofranquismo; que los plataneros ven en la pr¨¢ctica c¨®mo les queda reservado el mercado peninsular, y que los tabaqueros no tienen queja respecto al tratamiento que les espera a sus inputs y a sus outputs tras la adhesi¨®n parcial a la Comunidad.

La cuesti¨®n, sin embargo, exige un an¨¢lisis que pondere debidamente las cuestiones, tanto econ¨®micas como pol¨ªticas, que supone la creaci¨®n del frente com¨²n de protesta agr¨ªcola canario -median¨ªas insulares incluidas- y fuerza a que Espa?a le recuerde a la Comunidad el buen esp¨ªritu de entendimiento de la cuesti¨®n canaria que mostr¨® al aceptar el concepto global de la propuesta del archipi¨¦lago y la cl¨¢usula de reexamen del r¨¦gimen aplicable a Canarias que qued¨® plasmada en el punto IV del acta de Conclusiones sobre Canarias de la conferencia negociadora para nuestra integraci¨®n en la CEE. Y todo esto con mayor motivo si tenemos en cuenta que la Comunidad le exige a Espa?a el pago de contribuci¨®n por IVA en relaci¨®n a la renta generada por Canarias.