Una victoria de la libertad

LA SENTENCIA que desestima la demanda interpuesta por el ministro del Interior contra el director y la empresa editora de EL PA?S constituye una victoria de la libertad de prensa frente a los intentos del poder pol¨ªtico de restringir el ejercicio de los derechos a la informaci¨®n y a la opini¨®n. La decisi¨®n del magistrado Gonz¨¢lez Aparicio -cuya mod¨¦lica forma de conducir el proceso contrasta con la actuaci¨®n del ministerio fiscal- puede contribuir decisivamente a clarificar los equ¨ªvocos -inocentes en algunos casos, maliciosos en otros- suscitados por la entrada en vigor de la ley org¨¢nica de Protecci¨®n al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.Aunque esta norma fue promulgada para dar cumplimiento al mandato constitucional que ampara a los ciudadanos frente a las intromisiones en su vida privada, una pr¨¢ctica viciosa -a la que no son ajenos algunos asesores jur¨ªdicos, entre otros los de Jos¨¦ Barrionuevo- ha conducido a resultados tan absurdos como que un ministro socialista haya utilizado esa ley para pedir una cuantiosa indemnizaci¨®n econ¨®mica a un peri¨®dico o que presuntos delincuentes y personas procesadas invoquen su articulado para reclamar, tambi¨¦n, ping¨¹es sumas a los medios de comunicaci¨®n. Los efectos perversos de la ley, cuyo esp¨ªritu (la protecci¨®n de la intimidad frente a los excesos de la Prensa) ha sido burlado en ocasiones por leguleyos deseosos de complacer a sus clientes, alcanzaron tambi¨¦n a dos diputados socialistas, llevados ante los tribunales para responder de supuestas infracciones contra el honor de terceros. Los parlamentarios, en vez de modificar esa norma para delimitar inequ¨ªvocamente su alcance, optaron por escapar de su ¨¢mbito de aplicaci¨®n, mediante una ley org¨¢nica, aut¨¦ntico monumento al corporativismo parlamentario, que ampl¨ªa los beneficios de la inviolabilidad e inmunidad parlamentarias desde la esfera penal al ¨¢mbito civil.

La sentencia del magistrado Gonz¨¢lez Aparicio confirma que los textos de EL PA?S en que se basaba la demanda desestimada "se dirig¨ªan de forma clara y expl¨ªcita al ministro del Interior o al Sr. Barrionuevo como titular del departamento, y no a la persona del actor, aunque algunas veces se mencione su nombre dentro de un contexto m¨¢s amplio referido al mismo como ministro y responsable m¨¢ximo de los servicios de Seguridad Nacional". La peregrina idea de que los editoriales o las informaciones de EL PA?S sobre la pol¨ªtica de orden p¨²blico del Gobierno socialista pudieran haber estado animados por "un obsesivo af¨¢n difamatorio" contra el ciudadano Jos¨¦ Barrionuevo habr¨ªa movido a la sonrisa, de no hallarse al servicio de una estrategia de intimidaci¨®n a la libertad de expresi¨®n. Porque la situaci¨®n procesal creada por Barrionuevo con su demanda contra EL PA?S, acusado entre otras cosas de "atentar contra los pilares de nuestro sistema democr¨¢tico" y de tener una "desorbitada afici¨®n por el libelo", desempe?aba la funci¨®n latente de intentar amordazar las informaciones y las cr¨ªticas de este peri¨®dico sobre la pol¨ªtica y el funcionamiento del Ministerio del Interior.

La acci¨®n judicial apuntaba tambi¨¦n a desprestigiar y a desautorizar las noticias y las opiniones de este peri¨®dico. Al afirmar que la l¨ªnea informativa y editorial de EL PA?S sobre asuntos de orden p¨²blico est¨¢ dictada por una "incontenible animosidad contra la persona del se?or Barrionuevo" y un "premeditado y obsesivo af¨¢n difamatario" dictado por "la arbitrariedad m¨¢s pura", el ministro del Interior intentaba descalificar cualquier cr¨ªtica a su gesti¨®n o cualquier noticia molesta para su pol¨ªtica, endosadas a una siniestra conjura contra su persona. El intento ha fracasado.

Es importante se?alar que el juez, al admitir la excepci¨®n de incompetencia alegada por la defensa de EL PA?S, confirma que la ley de protecci¨®n del derecho al honor no puede ser esgrimida cuando los hechos justificadores de la demanda -en este caso, la l¨ªnea informativa y editorial de un peri¨®dico, supuestamente orientada a la difamaci¨®n del titular de la cartera de Interior- pudieran ser constitutivos de delito. La sentencia se?ala que si unos supuestos ataques al honor estuviesen tipificados como delitos, "su protecci¨®n habr¨¢ de realizarse a trav¨¦s de los procedimientos y jurisdicci¨®n penal por tener car¨¢cter preferente sobre los de orden civil". Pero en el caso de la demanda interpuesta por Barrionuevo esa preferencia de la jurisdicci¨®n penal era, adem¨¢s, "de derecho necesario y no dispositivo", ya que el objeto de una eventual acci¨®n judicial no ser¨ªa un delito privado sino un delito perseguible de oficio. Insiste la sentencia en que el presunto ofendido por un delito perseguible de oficio "no puede elegir una u otra v¨ªa procesal para solicitar la protecci¨®n de su derecho al honor, sino que, con arreglo a la disposici¨®n org¨¢nica, ha de acudir necesariamente al orden preferente de la jurisdicci¨®n penal". La decisi¨®n del juez encaja por completo con las alegaciones de los abogados de EL PA?S, con la t¨¦cnica jur¨ªdica m¨¢s elemental y con el propio sentido com¨²n. Puede uno preguntarse qu¨¦ clase de asesores legales tiene el Gobierno, y dentro de ¨¦ste el Ministerio del Interior.

Queda clausurado, as¨ª, un episodio puesto en marcha por un Gobierno hipersensible ante las cr¨ªticas y por la irrefrenable tendencia de cualquier poder a cercenar, hipotecar o condicionar la libertad de prensa. No creemos, sin embargo, que el error cometido por el ministro del Interior con su demanda contra EL PA?S sea una excepci¨®n en su carrera ni resulte comparable con otras equivocaciones, mucho m¨¢s graves y cargadas de consecuencias, de su departamento. Jos¨¦ Barrionuevo puede tranquilizarse, en cambio, sobre su futuro pol¨ªtico. Al parecer, nada hay que garantice con mayor eficacia la continuidad en este Gobierno que las cr¨ªticas de la sociedad dirigidas contra la deficiente gesti¨®n de uno de sus miembros. La crisis ayer abierta por Felipe Gonz¨¢lez no debe preocupar a un ministro que ha batido todas las marcas de rechazo por los ¨®rganos de opini¨®n p¨²blica que no se alinean con la oposici¨®n conservadora al Gobierno socialista.