Los otros arrepentidos

EL CASO de Francisco Javier Albarr¨¢n, el joven heroin¨®mano que se entreg¨® voluntariamente a la polic¨ªa en Madrid el pasado mes de febrero y que ha librado una singular batalla hasta que hace muy pocos d¨ªas obtuvo la libertad provisional, ilustra a la perfecci¨®n la endeblez y obsolescencia de sectores enteros de nuestra sociedad, tan presta a presumir de organizaci¨®n, grado de civismo y respeto a lo que se llaman derechos humanos. Polic¨ªa, justicia y sanidad p¨²blica se han visto inmersas en una selva de imposible salida, en un laberinto del que s¨®lo se han liberado con una chapuza legal, que si ha solucionado, al menos en primera instancia, el caso particular de Albarr¨¢n, ha dejado en el mismo bald¨ªo resolutivo la posici¨®n a tomar ante posibles casos futuros.Que el mundo de la droga es un vivero de delincuencia es un hecho claro y admitido. La discusi¨®n sobre las drogas admitidas por la sociedad -de las que el Estado se beneficia con recaudaciones fiscales sustanciosas- y las que persigue, el hecho de que los precios de una dosis de hero¨ªna se multipliquen hasta cifras astron¨®micas porque as¨ª lo ha decidido la sociedad -prohibiendo su venta- y otras cuestiones de no menor importancia exigen el contraste de opiniones y los art¨ªculos de ataque o defensa se prodigan con frecuencia, incluso en las p¨¢ginas de EL PAIS. Pero en la rueda de la droga, si el comienzo puede ser nebuloso, no lo es el final. En este caso, Albarr¨¢n se entreg¨® en la comisar¨ªa madrile?a de Tetu¨¢n porque estaba acusado de dos atracos. Porque los fajos de billetes necesarios para el chute no llegan a los bolsillos del consumidor por arte de magia. Los cientos de miles de pesetas que se necesitan al a?o, hay que sacarlos de aIg¨²n sitio, y pocos tienen fortuna personal o una profesi¨®n que les engorde mensualmente la cuenta corriente.

Francisco Javier Albarr¨¢n decidi¨® un d¨ªa acabar con su dependencia y arrostr¨® el peligro de ser el primero en entregarse voluntariamente a la justicia para as¨ª acabar con esa rueda de atraco-pinchazo. La respuesta fueron seis meses de c¨¢rcel y nada parecido a un tratamiento m¨¦dico. El juez, adem¨¢s, exigi¨® para su fianza la cantidad de 400.000 pesetas, por dos atracos realizados con una pistola simulada y que sumaron entre ambos unas 116.000 pesetas; fianza que contrasta con las libertades provisionales que se han dado recientemente a cambio de unas cantidades casi rid¨ªculas en comparaci¨®n con los millones presuntamente evadidos, libertad que ha aprovechado alguno de los beneficiados para buscar un paradero desconocido. Que se sepa, Francisco Javier Palaz¨®n no se hab¨ªa entregado voluntariamente a la justicia, ni cooper¨® con la polic¨ªa para el esclarecimiento de los hechos, ni actu¨® bajo s¨ªndrome alguno de abstinencia.

Es ese proceso final, donde se ha situado el caso Albarr¨¢n, el que exige soluciones inmediatas. Bienvenidas sean las discusiones te¨®ricas, las campa?as de prevenci¨®n, los spots televisivos -aunque su eficacia siempre sea dudosa-, las elaboraciones de planes conjuntos ministeriales o lo que un Estado medianamente constituido siempre empieza en estos casos. Pero esa labor a largo plazo debe combinarse con medidas efectivas en el proceso final. Porque el n¨²mero de heroin¨®manos ya obliga al Estado a tomarse el asunto con seriedad. La sensibilidad media de la sociedad, que hace poco adujo el presidente del Gobierno, es en este caso manifiesta hacia el tema de la droga. Y con Albarr¨¢n se han dado de bruces todas las autoridades relacionadas con el mundo de la droga.

Porque si se admite que la hero¨ªna hab¨ªa llevado a este joven a cometer los atracos, nada parece m¨¢s sensato que tratarle de ese mal para as¨ª evitar la repetici¨®n de esos hechos. La situaci¨®n, en su gravedad, tiene un punto de paradoja. Hay un sector duro -en la derecha y en la izquierda, y hay que ser conscientes de ello- que aboga por el palo sin cuento al drogadicto, porque considera que todo consumidor de droga es un delincuente, activo o en potencia. Dejando aparte la duda ¨¦tica que se plantea ante un caso de esta naturaleza, incluso un puro sentido de la efectividad aconsejar¨ªa como m¨¢s indicado tratar cl¨ªnicamente a ese drogadicto para cortar su inclinaci¨®n al hecho delictivo. Meter en la c¨¢rcel al drogadicto es s¨®lo una soluci¨®n temporal, porque hasta los m¨¢s cavern¨ªcolas estar¨¢n de acuerdo en que alg¨²n d¨ªa habr¨¢n de ver la luz. El comerciante al que le han atracado, navaja en mano, para obtener el dinero de una papelina lo que debe pedir a gritos es que esos adolescentes dejen la droga para que as¨ª no necesiten volver a robarle. Porque las c¨¢rceles, como todo el mundo sabe, nada curan, y menos la drogadicci¨®n. Ni los sistemas de control m¨¢s r¨ªgidos han impedido la circulaci¨®n de drogas, alcohol o armas cortantes en las prisiones.

Pero, entonces, ?qu¨¦ hacer con ellos? Lo primero, evidentemente, es la exigencia de que haya centros espec¨ªficos para estos casos. Organizaciones privadas, religiosas o seudorreligiosas, han acaparado mayoritar¨ªamente este singular mercado de curaciones, con una dejaci¨®n escandalosa por parte del Estado, que se ve en la necesidad de dotar de ayudas y presupuestos a estas entidades para que cubran ese hueco dejado por la Administraci¨®n.

Pero hay, adem¨¢s, otra iniciativa que deber¨ªa tomarse en, cuenta, y es el car¨¢cter de arrepentido que comportaba el caso Albarr¨¢n. Con toda la cautela propia de generalizar casos particulares y con el obligado cuidado que ha de tener el Estado para evitar coladeros, es claro que ah¨ª se abre una v¨ªa para la reinserci¨®n social del drogadicto. No parece justo que Interior y Justicia trabajen denodadamente para el caso de los arrepentidos pol¨ªticos pero no para estos otros casos de arrepentimiento social.

Hay hechos recientes que vienen a abonar esta particularizaci¨®n de los casos que la justicia tiene entre sus manos. Los perdones por delitos han llegado ¨²ltimamente a las p¨¢ginas de los peri¨®dicos porque los jueces han admitido circunstancias especiales y han admitido las circunstancias l¨ªmite en que se desarrollaron algunos comportamientos que entraban formalmente en el terreno delictivo. Es posible que esas decisiones judiciales sean discutibles, pero el derecho y la administraci¨®n de justicia han de estar al servicio de la sociedad. Por eso esta nueva cuesti¨®n de los arrepentidos de la droga abre un serio problema a los tribunales, que no pueden ampararse s¨®lo en la rigidez de las normas y la mec¨¢nica aplicaci¨®n del derecho positivo.