Los 'efectos secundarios' de la reforma agraria en Andaluc¨ªa

En septiembre se aprobar¨¢n los primeros decretos de actuaci¨®n en la comarca de Antequera, primera de las afectadas por la llamada ley de Reforma Agraria. Aunque la norma no se ajuste con precisi¨®n a la reivindicaci¨®n hist¨®rica que se esconde tras el t¨ªtulo, los gestores del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) se han encontrado en el ¨²ltimo a?o con propietarios temerosos, econom¨ªas subterr¨¢neas, datos contradictorios, fraudes a la ley y un c¨²mulo de datos inservibles en los catastros, elencos y censos oficiales. S¨®lo el 10% de las explotaciones funciona empresarialmente bien.

Desde que se declar¨® a Antequera como primera comarca de actuaci¨®n de la ley de Reforma Agraria hasta la inminente publicaci¨®n de los primeros decretos de actuaci¨®n, que muy probablemente contemplar¨¢n expropiaciones de uso, habr¨¢ transcurrido un a?o.Para cumplir el objetivo de la ley, que Jos¨¦ Mar¨ªa Sumpsi, director del IARA organismo encargado de ejecutarla, resume en "propiciar una agricultura m¨¢s moderna, m¨¢s eficiente y sobre todo m¨¢s transparente", lo primero era conocer con exactitud qu¨¦ y de qui¨¦n era la tierra.

Esa tarea de mesa comenz¨® a confeccionarse tomando como base los archivos oficiales, y ah¨ª se descubri¨® que los censos y catastros no est¨¢n actualizados y son un desbarajuste de cifras y datos,

Se manejaron documentos como el catastro y los parcelarios del Instituto Geogr¨¢fico y Catastral, el elenco de propietarios de ese instituto, el censo de explotaciones agrarias, el listado de cotos, los primeros estudios sobre la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, documentaci¨®n de las c¨¢maras agrarias y, sobre todo, el censo de gas¨®leo.

Subvenciones al gas¨®leo

Aqu¨ª aparecieron las primeras contradicciones, debido a que ese censo se utiliza para las subvenciones de gas¨®leo, que en principio eran en litros y ahora son en pesetas. Muchos propietarios andaluces declaraban m¨¢s tierra de la que ten¨ªan con objeto de obtener mayores subvenciones. Ahora pretenden desmentir ese censo para eludir la ley, que contempla actuaciones en aquellas fincas deficientemente explotadas cuya extensi¨®n sea superior a 300 hect¨¢reas de secano y -50 de regad¨ªo. El primer dise?o realizado bas¨¢ndose en esa documentaci¨®n arrojaba un total de 150 propiedades en la comarca de Antequera, 130 en la de Estepa-Osuna, 300 en la vega de C¨®rdoba y 450 en la vega de Sevilla. Pero una vez que se aprueban los decretos por los que se declaran esas comarcas como afectadas por la ley, se observa que esos datos no tienen nada que ver con la realidad.

Los catastros eran obsoletos y antiqu¨ªsimos. Se inicia una labor de cotejo, propietario por propietario, de la que se deducen nume osos errores, dificultades cartogr¨¢ficas y, en el caso de una c¨¢mara agraria de Sevilla, falseamiento de datos. El n¨²mero de fincas queda en 100 en Antequera, 97 en Estepa, 181 en la vega de C¨®rdoba y 260 en la de Sevilla.

El cuerpo de inspectores crea dos por el IARA ha observado en este per¨ªodo numerosos conatos de eludir la ley, empresarios d¨ªscolos, reticencias a la hora de rellenar las declaraciones y en general unas t¨¦cnicas arcaicas de explotaci¨®n agraria. En el ¨²ltimo a?o grandes explotaciones se subarriendan y dividen verbalmente para escapar de la reforma agraria, incluso burlando la vigente ley de Arrendamientos R¨²sticos, que prev¨¦ un m¨ªnimo de seis a?os. La base territorial de las explotaciones cambia vertiginosamente, siendo los empresarios de las vegas de C¨®rdoba y Sevilla los m¨¢s avispados en ese truco.

No obstante, la ley contempla una disposici¨®n adicional que se?ala que "la divisi¨®n de una finca no ser¨¢ obst¨¢culo cuando persiga un resultado contrario o fraudulento". La pr¨¢ctica del arriendo desata una aut¨¦ntica hambre de los labradores, que llegan a pagar hasta 70.000 pesetas por hect¨¢rea, form¨¢ndose un colectivo de arrandatarios desprotegidos.

Miedo al impreso

Los propietarios o detentadores en de tierras -la ley se refiere a explotaciones- afectadas se han mostrado remisos a rellenar las declaraciones sobre tipo de fincas y producciones. En Antequera hubo que realizar 17 declaraciones de oficio, en Estepa 2, en la vega de C¨®rdoba 16, y en la de Sevilla, la m¨¢s reticente, 55.Hasta ahora la agricultura estaba escasamente controlada, tanto por la inspecci¨®n de Hacienda como por la del Inem, para el control de jornales. Los inspectores del IARA han apreciado aut¨¦ntico temor en los propietarios, empresar¨ªos o poseedores de tierras ante el impreso de declaraci¨®n de tierras, porque act¨²a como. tenaza entre posibles beneficios en el gas¨®leo, si se declara m¨¢s, y la ley de Reforma Agraria, o entre el ¨ªntento de eludir al fisco, si se declara por debajo de la producci¨®n, y la misma ley agraria.