Los constructores reclamar¨¢n un intercambio de deudas con las distintas Administraciones

Los constructores catalanes consideran necesario que la Administraci¨®n central acepte el intercambio autom¨¢tico de deudas entre las empresas del sector y las distintas Administraciones para equilibrar la situaci¨®n, financiera de las empresas. Los empresarios plantean la compensaci¨®n de las deudas tributarias por las cantidades atrasadas de obras p¨²blicas realizadas, seg¨²n fuentes pr¨®ximas al sector.De esta forma responden a las exigencias de estar al corriente de pago de todas las. obligaciones fiscales para poder aspirar a cobrar y contratar con la Administraci¨®n. Esta exigencia est¨¢ formulada en el Real Decreto de 3 de julio, publicado el pasado 26 de agosto, por el que se regula a efectos de la contrataci¨®n administrativa el requisito de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias.

El decreto establece la obligaci¨®n de "estar dado de alta en licencia fiscal y haber presentado las declaraciones o documentos de ingreso del impuesto sobre la Renta de las Personas F¨ªsicas, del impuesto sobre Sociedades, de los pagos a cuenta o fraccionado o de las retenciones a cuenta de ambos y de los impuestos sobre Tr¨¢fico de las Empresas y sobre el Lujo.

Estas mismas fuentes se?alan ue los constructores aceptan como l¨®gica la exigencia que el citado decreto formula y que no es m¨¢s que el desarrollo de lo que ya hab¨ªa sido anunciado en la ley de Sanciones e Infracciones. Para estos sectores resulta indiscutible que la Admistraci¨®n exija un total rigor fiscal con aquellas empresas a las que ofrece contratos de obra p¨²blica. Sin embargo, las demoras en el pago a los constructores de las distintas Administraciones: municipales, auton¨®micas y del Gobierno central, ocasionan problemas financieros, con frecuencia graves, a las empresas constructoras y sigue siendo un caballo de batalla y una reivindicaci¨®n pendiente de solucionar. El Conjunto de las Administraciones p¨²blicas adeuda unos 200.000 millones de pesetas a los constructores, seg¨²n el informe de la Asociaci¨®n de Empresas de Obras P¨²blicas de ?mbito Nacional (Seopan) del 31 de marzo de 1985. En las obras contratadas por los ministerios, la deuda representaba un 57,8% del valor de la contrataci¨®n. En las Administraciones auton¨®micas representaba el 62.8%.

En la memoria del reciente percance de la empresa catalana Sala Amat, SA, se indica que la falta de liquidez ha sido Ia causa de la presente suspensi¨®n de pagos" y que el motivo principal de las dificultades de tesorer¨ªa han sido los intereses financieros ocasionados por las demoras en los pagos de las deudas de las Administraciones p¨²blicas y privadas. Sala Amat calculaba, para su empresa, en m¨¢s de 100 millones el aumento de gastos ocasionados en un s¨®lo a?o por este concepto.

Argumentos para la propuesta

La formulaci¨®n de una posible pol¨ªtica de intercambios de deudas est¨¢ fundamentada, seg¨²n estas fuentes, en diversas argumentaciones. Por una parte porque ya es pr¨¢ctica habitual con muchos municipios, cuando un constructor presenta como garant¨ªa para una futura obra la documentaci¨®n de la deuda pendiente de cobro de una obra anterior.Por otra parte, viene siendo pr¨¢ctica habitual entre distintas Administraciones p¨²blicas o distintos departamentos de una misma administraci¨®n que se aceptan las deudas mutuas. Esto ser¨ªa aplicable por ejemplo entre el ministerio de Defensa y la Seguridad Social. Por todo ello, los constructores consideran, oportuno que se resten las mutuas deudas, de forma autom¨¢tica y siguen reclamando el cobro sin demora de las obras p¨²blicas contratadas.