Presentadas querellas criminales contra los administradores de tres compa?¨ªas de seguros en proceso de liquidaci¨®n

La Direcci¨®n General de Seguros, a trav¨¦s de la Comisi¨®n Liquidadora de Entidades Aseguradoras (CLEA), ha presentado ya en los juzgados de Madrid tres querellas criminales por supuestos hechos delictivos producidos en la administraci¨®n de otras tantas empresas aseguradoras en proceso de liquidaci¨®n.

La primera querella ha sido presentada contra Rafael C¨¢liz C¨¢liz y Marcus Strebel, ciudadano de nacionalidad suiza, administradores de la firma aseguradora Continental, SA, Compa?¨ªa Espa?ola de Reaseguros, habiendo correspondido al Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 18 de Madrid, que dict¨® auto el 3 de julio pasado, admiti¨¦ndola a tr¨¢mite y ordenando las diligencias oportunas.

La segunda acci¨®n judicial se llev¨® a cabo el 29 de julio pasado contra el mismo Rafael C¨¢liz C¨¢liz, Javier G¨®mez de la Granja y Fernando Buend¨ªa, administradores de la compa?¨ªa Seguros Hesperia, SA, esta vez ante el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 25 de Madrid, en el que ya se siguen diligencias por denuncia promovida por el ministerio fiscal contra los mismos querellados.

Finalmente, la tercera ha reca¨ªdo en Jos¨¦ Mar¨ªa Delgado y otros, como administradores de El F¨¦nix Sanitario, SA, habiendo correspondido al Juzgado n¨²mero 9 de Madrid, estando pendiente de tr¨¢mite procesal, por lo que a¨²n no ha sido admitida a tr¨¢mite.

?stas son las tres querellas materializadas. Hay otras dos pendientes de formalizaci¨®n y podr¨ªan sucederse algunas m¨¢s. La Direcci¨®n General de Seguros (DGS), con el CLEA como brazo ejecutor, trata con estas acciones de exigir las responsabilidades criminales a que hubiere lugar, as¨ª como las civiles derivadas de delito.

Saneamiento del sector

Estas acciones judiciales son consecuencia del saneamiento que a marchas forzadas vive el sector seguros, y marcan el fin de una etapa en el seguro espa?ol, etapa presidida por la ausencia de una adecuada normativa legal que hizo posible la existencia de numerosas pr¨¢cticas irregulares en el sector, con notorio perjuicio de los asegurados. As¨ª, casi todos los querellados son administradores de las compa?¨ªas, las que manejaban en su inter¨¦s privado, captando primas en el mercado y cometiendo frecuentes infracciones tales como utilizaci¨®n de cuentas de la sociedad, en beneficio propio, disposici¨®n incorrecta de fondos, delitos de estafa, etc¨¦tera.La Comisi¨®n Liquidadora tiene encomendada la tarea de liquidaci¨®n de 21 entidades aseguradoras, sobre las que anteriormente recay¨® orden administrativa de disoluci¨®n. En otras 13 firmas fueron los propios administradores quieres accedieron a llevar a cabo dicha liquidaci¨®n -lo que obvi¨® la intervenci¨®n del CLEA-, con lo que la cifra total de aseguradoras ya disueltas por v¨ªa de sanci¨®n es actualmente de 34.

Por detr¨¢s se acerca una segunda oleada de actuaciones administrativas, oleada en la que se ver¨¢n inmersas sociedades m¨¢s importantes que en la primera y que requerir¨¢n de la DGS una m¨¢s compleja tarea de gesti¨®n y administraci¨®n. A esta segunda oleada corresponden cerca de 165 sociedades en las que actualmente la DGS est¨¢ interviniendo mediente medidas cautelares -reposici¨®n de reservas t¨¦cnicas, obligaci¨®n de facilitar informaci¨®n-, mientras se llevan a cabo expedientes de inspecci¨®n e investigaci¨®n, de los que algunas puede terminar en disoluci¨®n forzosa y posterior liquidaci¨®n, con eventual intervenci¨®n del CLEA en el caso de qu e los propios gestores no lo hagan.

La tarea de la CLEA consiste en primer lugar en nombrar en cada sociedad afectada un liquidador delegado que las administra en ese per¨ªodo -tratando de recuperar patrimonios, bloqueando cuentas corrientes, etc¨¦tera-, cuya primera tarea reside en localizar y ordenar los documentos contables de la sociedad; a continuaci¨®n debe abordar una actualizaci¨®n contable mediante la elaboraci¨®n de un balance inventario de liquidaci¨®n; inmediatamente despu¨¦s se lleva a cabo una auditor¨ªa, previa a la formulaci¨®n de un plan de liquidaci¨®n, que se somete a la aprobaci¨®n de la junta rectora.