El fiscal del fraude a la Seguridad Social pide que el sumario se fraccione en 99 causas

El volumen y la complejidad del sumario sobre el fraude a la Seguridad Social, que instruye el Juzgado n¨²mero 2 de Barcelona, podr¨ªa desbordar a la actual Administraci¨®n de justicia. Esta afirmaci¨®n se desprende del escrito que el ministerio fiscal dirigi¨® el pasado 4 de septiembre al juez que investiga el caso, en el que propon¨ªa que la causa se fraccione en 99 procedimientos, evitando de esta manera un juicio multitudinario que podr¨ªa tardar hasta nueve a?os en celebrarse. El sumario sobre este fraude empez¨® a instruirse en enero de 1983. Han sido investigadas 150 empresas y procesadas 73 personas. El valor de lo defraudado es de 3.200 millones de pesetas.

El fiscal prev¨¦ que al finalizar la instrucci¨®n de la causa el n¨²mero total de procesados puede ser de unas 150 personas. Por otra parte, el sumario pasar¨¢ de tener los 70.000 folios actuales a 100.000. En opini¨®n del fiscal, la presencia de tantos procesados y tantos datos podr¨ªa dar lugar a una vista oral cuya "duraci¨®n y vicisitudes superasen nuestra iniaginaci¨®n". Con estos argumentos, propone el fraccionamiento del sumario en 99 partes, que son los vol¨²menes instruidos hasta ahora, en las que se agrupen, por un lado, los funcionarios supuestamente implicados y, por otro, cada una de las empresas o grupos de empresas investigados.La propuesta del fiscal, que debe ser estudiada por el instructor Germ¨¢n Gamb¨®n, ha sido acogida favorablemente por el abogado del Estado, pero criticada con dureza por la mayor parte de los letrados defensores de los implicados, quienes reivindican el derecho a la unidad del procedimiento.

Politizaci¨®n del caso

Seg¨²n estos letrados, la propuesta del acusador se basa en un error de principio, ya que -dicen- la causa ser¨¢ sobrese¨ªda para la mayor parte de los implicados antes de la apertura del juicio oral. Los defensores a?aden que si se acepta la sugerencia, del fiscal podr¨ªa provocarse una situaci¨®n de indefensi¨®n de los acusados, y resultar¨ªa violado el principio de conexidad entre acusados. El abogado Joan Piqu¨¦ Vidal, que defiende a bastantes de los empresarios catalanes implicados en este fraude, se opone a la petici¨®n del fiscal esgrimiendo argumentos de tipo pol¨ªtico. Seg¨²n Piqu¨¦, "esta causa se present¨® a la opini¨®n p¨²blica como el gran fraude de la industria catalana a la Seguridad Social, como si fuera el industrial catal¨¢n el hombre malo que causaba perjuicios a este instrumento social. Medios de comunicaci¨®n hablaron de proceso a la burgues¨ªa catalana".En su opini¨®n, la "¨²nica reparaci¨®n p¨²blica a la politizaci¨®n del tema se conseguir¨¢ con un juicio oral, p¨²blico y evidentemente masivo".

El mismo letrado asegura que todo este procedimiento judicial constituye un ataque injustificado a los industriales de Catalu?a, y que, por ello, "el pueblo catal¨¢n no merece una absoluci¨®n o un sobreseimiento callado, sino al rev¨¦s: necesita reivindicar la posici¨®n honesta de siempre y de sus industriales". A?ade que la investigaci¨®n estuvo dirigida hacia las empresas m¨¢s destacadas y representativas de la econom¨ªa catalana, y acaba su escrito refiri¨¦ndose a quienes "no midieron las consecuencias" de este proceso, que "no deber¨¢n en su momento quedar impunes de responder ante su conciencia y ante el pueblo catal¨¢n de la acci¨®n realizada".

Piqu¨¦ recalca una serie de datos que, en su opini¨®n, podr¨ªan evidenciar una cierta animadversi¨®n hacia los empresarios catalanes. Destaca el hecho de que los ordenadores de Orcasitas (Madrid) de la Seguridad Social tuvieran "s¨®lo errores en las liquidaciones procedentes de Barcelona", o que "la falta de personal o medios en los servicios administrativos de la Seguridad Social s¨®lo tuvieran fallos en los de Barcelona".

En algunos medios jur¨ªdicos se se?al¨® ayer a este peri¨®dico que existe cierta concomitancia entre los argumentos pol¨ªticos esgrimidos ahora por Piqu¨¦ Vidal y los expuestos en la defensa de los 25 ex consejeros de Banca Catalana incluidos en la querella presentada por el fiscal contra los antiguos administradores del grupo bancario.