La esposa del principal responsable del 'caso Almer¨ªa' pide que sea indultado por sus "largos servicios a la patria"

El Ministerio de Justicia tramita una solicitud de indulto a favor del teniente coronel de la Guardia Civil Carlos Castillo Quero, condenado a 24 a?os de c¨¢rcel como autor, junto con otros dos miembros del mismo cuerpo, de un triple delito de homicidio en el denominado caso Almer¨ªa. La esposa del teniente coronel Castillo Quero alega, para la petici¨®n del indulto, "los largos servicios prestados a la patria" por el condenado. Mientras tanto, los tres guardias civiles cumplen sus condenas en establecimientos militares, a pesar de que la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Almer¨ªa implicaba su cumplimiento en prisiones ordinarias.

El subsecretario de Justicia, Liborio Hierro, confirm¨® a EL PA?S que se est¨¢ tramitando el indulto, pero declin¨® hacer cualquier vaticinio sobre la probabilidad de que sea concedido por el Gobierno. "No comment", dijo. La petici¨®n de indulto ha llegado al Ministerio de Justicia sin la conformidad de los familiares de las v¨ªctimas, algunos de los cuales (en concreto, Dolores Cobo, hermana de Luis Manuel Cobo Mier, y Socorro Montero, hermana de Luis Montero Garc¨ªa) han manifestado su indignaci¨®n ante la solicitud de gracia para el principal responsable de la muerte de sus hermanos.La tramitaci¨®n del indulto sigue su curso y ser¨¢ el Consejo de Ministros el que decida sobre la materia. Seg¨²n el subsecretario de Justicia, previamente a que el titular del departamento, Fernando Ledesma, eleve al Gobierno el expediente de indulto, deber¨¢n informar sobre el mismo, como es preceptivo, la Audiencia Provincial de Almer¨ªa, el ministerio fiscal y el centro penitenciario donde se encuentra cumpliendo la condena.

El 30 de julio de 1982 la Audiencia Provincial de Almer¨ªa conden¨® al teniente coronel Castillo Quero, al teniente ayudante Manuel G¨®mez Torres y al guardia Manuel Fern¨¢ndez Llamas, todos ellos pertenecientes a la Benem¨¦rita, como autores de tres delitos de homicidio en las personas de los j¨®venes Luis Manuel Cobo Mier, Luis Montero Garc¨ªa y Juan Ma?as Morales. Los hechos se produjeron el d¨ªa 10 de mayo de 1981, en la carretera de G¨¦rgal (Almer¨ªa), cuando los tres j¨®venes -que en un principio los guardias civiles consideraron miembros de ETA pero que, en realidad, eran trabajadores que iban a asistir a una primera comuni¨®n- eran trasladados a Madrid.

Castillo Quero fue condenado a 24 a?os de c¨¢rcel, G¨®mez Torres a 15 y Fern¨¢ndez Llamas a 12. La sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo el 16 de mayo de 1983, impuso adem¨¢s a los tres militares la separaci¨®n definitiva del servicio y, en consecuencia, el cumplimiento de sus respectivas condenas en c¨¢rceles ordinarias. El art¨ªculo 244 del C¨®digo de Justicia Militar as¨ª lo establece.

"Agravios comparativos"

Sin embargo, tres a?os despu¨¦s de dictada, la sentencia continua sin ejecutarse plenamente. En noviembre de 1983, tras no ser admitido a tr¨¢mite por el Tribunal Constitucional el recurso de amparo presentado por los tres condenados, la sentencia adquiri¨® plena firmeza. A partir de aquel momento, tanto el ministerio fiscal como la acusaci¨®n particular solicitaron reiteradamente al tribunal sentenciador que se hiciera efectivo el cumplimiento de la condena en c¨¢rceles ordinarias. La Direcci¨®n General de la Guardia Civil estim¨®, en cambio, que el cumplimiento de la condena en centros penitenciarios civiles crear¨ªa ,"agravios comparativos" con otros militares que, habiendo sido condenados por casos similares, cumpl¨ªan condena en centros no civiles.El hecho es que la plena ejecuci¨®n de la sentencia sigue en suspenso. En junio de 1984, un vocal de la minor¨ªa progresista del Consejo General del Poder Judicial plante¨® la procedencia de iniciar diligencias informativas por la posible negligencia de la Audiencia Provincial de Almer¨ªa, pero el presidente del Consejo, Federico Carlos Sainz de Robles, estim¨® que tal iniciativa significar¨ªa una intromisi¨®n en el ¨¢mbito jurisdiccional de los tribunales, excluido de la potestad disciplinaria atribuida al ¨®rgano de gobierno del poder judicial.

La Audiencia Provincial de Almer¨ªa dirigi¨® un exhorto al Ministerio de Defensa en relaci¨®n con la separaci¨®n del servicio de los guardias civiles condenados por el caso Almer¨ªa.

El director general de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa, Llu¨ªs Reverter, inform¨® ayer a este peri¨®dico que, en cumplimiento del mencionado exhorto, Defensa "ha solicitado un informe a la asesor¨ªa jur¨ªdica del Ministerio y otro al Consejo Supremo de Justicia Militar".

Efectos militares de las penas

Reverter asegur¨® que a este ¨²ltimo ¨®rgano corresponde "establecer los efectos militares de las penas impuestas por los tribunales de la jurisdicci¨®n ordinaria". Una vez que Defensa tenga en su poder ambos informes, "estar¨¢ en disposici¨®n para contestar a la Audiencia de Almer¨ªa", a?adi¨®.Mientras tanto, ninguno de los tres ex guardias civiles cumple sus respectivas condenas en c¨¢rceles ordinarias. El teniente coronel Castillo Quero estuvo inicialmente en la residencia de la comandancia de la Guardia Civil de Almer¨ªa -de la que hab¨ªa sido jefe-, despu¨¦s en la comandancia de C¨®rdoba y, m¨¢s tarde, en la prisi¨®n militar del castillo de Santa Catalina, en C¨¢diz. En esta misma prisi¨®n ha permanecido el teniente G¨®mez Torres. Por ¨²ltimo, el guardia Fern¨¢ndez Llamas ha estado en el cuartel de la Guardia Civil de Cabo de Gata, la comandancia de la Guardia Civil de Almer¨ªa, la prisi¨®n militar de Alcal¨¢ de henares y la Academia de Guardias J¨®venes de Valdemoro (Almer¨ªa).