El Gobierno recuperar¨¢ en 1986 el 50% de la capacidad fiscal cedida en el ¨²ltimo lustro a las autonom¨ªas

El Gobierno central recuperar¨¢ a partir del 1 de enero de 1986 casi el 50% de la capacidad fiscal cedida a las comunidades aut¨®nomas en los ¨²ltimos cinco a?os. Ello se producir¨¢ debido a la desaparici¨®n de varios impuestos transferidos y su sustituci¨®n por el impuesto del valor a?adido (IVA). El Gobierno central a¨²n no tiene definidos los criterios b¨¢sicos para articular un nuevo sistema de financiaci¨®n de las autonom¨ªas, y la confusi¨®n del actual Gabinete en este problema hace muy improbable que se pueda llegar a un acuerdo definitivo sobre la financiaci¨®n auton¨®mica antes del 31 de diciembre.

Una muestra clara del clima de confusi¨®n que existe actualmente en la Administraci¨®n central la constituyen las declaraciones ¨²ltimas del nuevo ministro de Administraci¨®n Territorial, que reabren temas pol¨¦micos (posible cesi¨®n del impuesto sobre la renta de las personas f¨ªsicas a las autonom¨ªas) que en su d¨ªa fueron declarados como innegociables por el entonces ministro de Econom¨ªa y Hacienda Miguel Boyer. Y tambi¨¦n la clara contraposici¨®n entre las tesis de Econom¨ªa y Hacienda y Administraci¨®n Territorial en cuanto a repercusiones sobre el ejercicio presupuestario de 1986 del hipot¨¦tico acuerdo de financiaci¨®n que pueda conseguirse.

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Todav¨ªa no se ha decidido, y es previo para elaborar una f¨®rmula de financiaci¨®n concreta sobre la que negociar con las autonom¨ªas, si el futuro sistema debe instrurnentarse en una de estas dos opciones: una mayor participaci¨®n porcentual de las comunidades aut¨®nomas en impuestos estatales (dinero que remite la Administraci¨®n central a las auton¨®micas, como sucede actualmente en la mayor¨ªa de las comunidades); o cesi¨®n de la gesti¨®n y recaudaci¨®n de los tributos a los Gobiernos regionales en sus propios territorios (las comunidades, en este caso, remiten al Estado central su porcentaje en las recaudaciones obtenidas, como ocurre ahora exclusivamente con el Pa¨ªs Vasco y Navarra).La diferencia entre una y otra opci¨®n no es balad¨ª: hay en juego razones contrapuestas de soberan¨ªa (qui¨¦n financia a qui¨¦n, el Estado central a las autonom¨ªas o ¨¦stas a aqu¨¦l), de eficacia recaudatoria (necesidad de un flujo continuo de informaci¨®n actualizada sobre los contribuyentes entre las distintas comunidades y entre cada una de ellas y la Administraci¨®n central); de coste econ¨®mico (dos administraciones de Hacienda o nuevas transferencias de miles de funcionarios desde la Administraci¨®n central a las auton¨®micas), y de coste pol¨ªtico (qui¨¦n sube los impuestos al contribuyente).

Al margen de esto, la Administraci¨®n tampoco conoce en estos momentos la repercusi¨®n real que van a tener los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder), que concede la CEE, en la financiaci¨®n de las autonom¨ªas. Tampoco hay criterios claros sobre el futuro del actual Fondo de Compensaci¨®n Interterritorial: la Administraci¨®n no ha decidido todav¨ªa reformarlo. La confusi¨®n es a¨²n mayor en torno a la articulaci¨®n o no de convenios bilaterales entre el Estado y las comunidades, que suponen dotaciones adicionales de financiaci¨®n para determinados Gobiernos regionales.

El compromiso p¨²blico adquirido por Felipe Gonz¨¢lez, en su reciente entrevista con el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, de ultimar antes de final de a?o una f¨®rmula definitiva de financiaci¨®n de las autonom¨ªas, contrasta fuertemente con la situaci¨®n descrita. Catalu?a y Galicia, las comunidades m¨¢s enfrentadas con el Gobierno (son las dos ¨²nicas que no han aceptado las dotaciones presupuestarias que se les han asignado para 1986) llevaban conversando desde principios de a?o con la Administraci¨®n central sobre la introducci¨®n de la f¨®rmula definitiva de financiaci¨®n prevista en la ley org¨¢nica de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas (LOFCA) y en sus estatutos. Jos¨¦ V¨ªctor Sevilla, ex secretario de Estado de Hacienda, que asesor¨® en este tema a ambos Gobiernos auton¨®micos, les advirti¨® en marzo pasado que no hab¨ªa ya tiempo suficiente, si no se quer¨ªa hacer una chapuza, para elaborar dentro de 1985 el sistema definitivo de financiaci¨®n, y ahora se pretende dar con la f¨®rmula en dos meses y medio.

El compromiso de Felipe Gonz¨¢lez ante Jordi Pujol ha servido para atenuar moment¨¢neamente el fuerte enfrentamiento p¨²blico suscitado entre la Administraci¨®n central y los Gobiernos regionales por la congelaci¨®n de sus dotaciones presupuestarias para 1986, pero no ha convencido a las comunidades aut¨®nomas. El propio conseller de Econom¨ªa y Finanzas de la Generalitat de Catalu?a, Josep Maria Cullell, declaraba esta misma semana que ese "compromiso suscita perplejidad y es muy dif¨ªcil sustraerse a un cierto escepticismo". El conseller argument¨® que en lo que resta para finalizar el a?o, "y despu¨¦s de un largo silencio de la Administraci¨®n central", es "muy precipitado plantear una modificaci¨®n verdaderamente sustancial al actual sistema de financiaci¨®n".

A estos argumentos, basados en dudas razonables sobre la escasez del plazo temporal y en la complejidad del problema, hay que a?adir otros que no aparecieron en la conferencia de Cullell. Al Gobierno le vendr¨ªa muy bien, con vistas a las elecciones de 1986, haber obtenido un consenso con las autonom¨ªas sobre el sistema de financiaci¨®n definitivo, que podr¨ªa capitalizar y que le evitar¨ªa las razonables acusaciones p¨²blicas de incumplimiento de leyes org¨¢nicas y de estatutos de autonom¨ªa.

Sin embargo, los Gobiernos regionales, y muy especialmente la Administraci¨®n de Pujol, tienen poco que ganar y algo que perder -los votos que pueden arrebatar al PSOE en las legislativas por su comportamiento con las autonom¨ªas- en la concreci¨®n de un acuerdo de financiaci¨®n que dif¨ªcilmente va a influir ya sobre los presupuestos de la Generalitat para 1986. S¨®lo unas condiciones excepcionales para Catalu?a, lo que repercutir¨ªa en un mayor coste para el Estado o un tratamiento privilegiado con respecto a otras comunidades, aumentar¨ªan la predisposici¨®n de Pujol a facilitarle a Gonz¨¢lez el cumplimiento de su compromiso.