?Un problema irresoluble?

Los ¨²ltimos acontecimientos referentes a la aplicaci¨®n de la ley de despenalizaci¨®n de algunos casos de aborto ponen en evidencia que, o la Administraci¨®n sanitaria toma medidas para asegurar la realizaci¨®n de los mismos en el sector p¨²blico sanitario, o esta ley se habr¨¢ convertido en un verdadero fraude para las mujeres.Desde que se aprob¨® la ley, algunas voces, como la Federaci¨®n de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad P¨²blica, se?alamos que para que pudiera llevarse a la pr¨¢ctica era necesaria una intervenci¨®n y una reglamentaci¨®n decidida por parte de la Administraci¨®n sanitaria para evitar el posible boicoteo de la misma por parte de los sectores m¨¢s reaccionarios de las profesiones sanitarias.

En aquel momento el ministro de Sanidad y Consumo se permiti¨® afirmar que estaba sorprendido por los pocos problemas que hab¨ªa planteado.

Hoy la realidad se ha revelado como muy distante de estas afirmaciones y parece preciso analizar cu¨¢les son los hechos ocurridos.

En primer lugar est¨¢ la postura de algunos profesionales sanitarios al respecto. La objeci¨®n de conciencia es perfectamente razonable y asumible, pero ella no puede, como ha sucedido en el ¨²ltimo caso aparecido en la prensa, justificar la falta de atenci¨®n a una paciente, que una vez realizado el aborto es simplemente una persona que precisa atenci¨®n sanitaria, la que no puede negarse en ning¨²n supuesto sin violar los m¨¢s elementales principios de la ¨¦tica profesional, por los mismos motivos que un m¨¦dico no puede dejar de atender a quien presenta complicaciones a consecuencia de un aborto clandestino, ya que los profesionales sanitarios estamos obligados a prestar asistencia a los enfermos independientemente de que estemos o no de acuerdo con los motivos que han producido dicha necesidad asistencial o con la ideolog¨ªa y creencias de quien la solicita. Este caso de negativa a la asistencia, que no es la primera vez que sucede en nuestro pa¨ªs en casos de aborto legal, pone de relieve m¨¢s flagrantemente la actitud de los colegios de m¨¦dicos al respecto, cuando apoyan p¨²blicamente a quienes, precisamente, entran en contradicci¨®n con los principios deontol¨®gicos de la profesi¨®n mantenidos desde el juramento hipocr¨¢tico.

Otro problema, no menos importante, ha sido la actuaci¨®n de la Administraci¨®n sanitaria, que, a pesar de las declaraciones triunfalistas del ministro, ha sido incapaz, por miedo al enfrentamiento con los colegios de m¨¦dicos, de hacer una regulaci¨®n practicable del derecho al aborto. Se han establecido mecanismos burocr¨¢ticos y lentos para su, aplicaci¨®n, y como consecuencia de ello, el caso que ahora se hace p¨²blico de un aborto legal, que puede dejar de serlo por dejaci¨®n de la Administraci¨®n (hay un plazo m¨¢ximo de 22 semanas), ya ha sucedido al menos en otras dos ocasiones, que han tenido que solucionarse por la v¨ªa londinense.

Lo mismo sucede con la acreditaci¨®n de centros hospitalarios, que lleva un retraso s¨®lo explicable por las presiones que ejercen los jefes de servicio, o con la utilizaci¨®n de los recursos sanitarios disponibles del sector p¨²blico, cuyo uso depende, hasta ahora, de la buena voluntad o de la valent¨ªa del respectivo director del hospital o director provincial del Insalud. Tambi¨¦n hay que se?alar los varios casos en que las comisiones de evaluaci¨®n han incurrido en dict¨¢menes contradictorios que acaban imposibilitando la realizaci¨®n de abortos legales.

Todos estos hechos est¨¢n llevando a que las mujeres que pretenden acogerse a esta ley y los profesionales sanitarios que est¨¢n dispuestos a participar en su aplicaci¨®n sean sometidos a un verdadero calvario de humillaciones, persecuciones y marginaci¨®n, cuyo resultado final es que muchos de ellos opten por solucionar estos problemas por otras v¨ªas. En este contexto, la actuaci¨®n de las feministas en Barcelona es un acto de absoluta coherencia, ante las limitaciones pr¨¢cticas que hoy existen para abortar en nuestro pa¨ªs legalmente. El aborto en Espa?a tiene una soluci¨®n racional, pero para alcanzarla es preciso que la Administraci¨®n se deje de promesas y declaraciones altisonantes y ponga en marcha los mecanismos precisos, que deben pasar por una agilizaci¨®n de los tr¨¢mites burocr¨¢ticos, una regulaci¨®n clara y detallada de la objeci¨®n de conciencia de los profesionales sanitarios, y por arbitrar los sistemas que permitan que los recursos sanitarios de los centros asistenciales p¨²blicos puedan ser utilizados sin las trabas de los jefes de servicio.

Claro est¨¢ que hay otra soluci¨®n, cuando menos pintoresca, y es que el Ministerio de Sanidad, a costa de su presupuesto, contrate con Iberia unos vuelos charter a Londres, para resolver, sin los conflictos que tanto parece temer, los casos de aborto legal que puedan producirse en nuestro pa¨ªs.

Consuelo Ruiz-Jarabo firma este art¨ªculo junto con 44 personas m¨¢s, todas ellas profesionales de la Sanidad y miembros de la Federaci¨®n de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad P¨²blica.