El presidente del Colegio de M¨¦dicos de Madrid asegura que los quir¨®fanos cerrar¨¢n si se aplican las incompatibilidades
El presidente del Colegio de M¨¦dicos de Madrid, Javier Matos, ha "retado" a la Administraci¨®n "para que aplique las incompatibilidades a partir del d¨ªa 1 de enero". "Si as¨ª lo hace", ha dicho, "se cerrar¨¢n los quir¨®fanos por falta de anestesistas y se paralizar¨¢ la sanidad espa?ola por falta de otros servicios b¨¢sicos". Por su parte, el director general de Inspecci¨®n de Servicios de la Administraci¨®n P¨²blica del Ministerio de la Presidencia, Javier Valero, ha asegurado que la ley se aplicar¨¢ con todo rigor, comenzando por aquellos m¨¦dicos que "muestran una conducta antisocial" al incumplir lo que marca la ley.
Estas dos posiciones se sit¨²an en un marco de tensiones entre los colectivos m¨¦dicos cuando faltan 20 d¨ªas para que termine el plazo de presentaci¨®n de los formularios donde los m¨¦dicos afectados por las incompatibilidades deber¨¢n elegir un solo empleo.Medios administrativos y sindicales calculan que 30.000 m¨¦dicos espa?oles tienen en estos momentos m¨¢s de un puesto de trabajo en la sanidad p¨²blica, aunque en ¨²ltimo t¨¦rmino los puestos vacantes cuando se aplique la ley en su totalidad no superar¨¢n los 15.000.
La aplicaci¨®n de la ley de incompatibilidades afecta de manera especial a Madrid, en cuyo colegio est¨¢n inscritos de forma obligatoria 20.000 m¨¦dicos. El presidente de este colegio, Javier Matos, apoya decididamente la postura aconsejada por la Organizaci¨®n M¨¦dica Colegial (OMC), presidida por Ramiro Rivera: rellenar el formulario s¨®lo con los nombres y apellidos, pero sin optar por ninguno de los puestos.
De esta manera se pretende poner en serias dificultades a la Administraci¨®n a la hora de resolver los puestos que deber¨¢n ser elegidos. Los m¨¦dicos partidarios de esta actitud creen que podr¨¢ derivarse un caos en la sanidad espa?ola al tener que ser la Administraci¨®n la que decida.
La OMC se ha quedado sola entre los colectivos m¨¦dicos en el apoyo de la actitud obstruccionista. Tanto la Confederaci¨®n Estatal de Sindicatos M¨¦dicos (CESM) como la Federaci¨®n de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad P¨²blica han recomendado a sus afiliados y asociados que se rellene correctamente el formulario, aunque por diversas y diferentes razones no est¨¢n de acuerdo con la forma en que se est¨¢ aplicando la ley.
Para debatir sobre las incompatibilidades, el colegio de Madrid ha convocado para el pr¨®ximo martes d¨ªa 17 una asamblea de los colegiados a quienes afecten. "Se trata de o¨ªr, opinar, aunar criterios, aclarar situaciones y aconsejar", ha dicho Javier Matos, que no ha descartado la posibilidad de que se adopte una postura concreta de forma colectiva ante la ley.
La actitud promovida por la OMC y apoyada por el presidente del colegio de Madrid y, en casi todos sus puntos, por el sindicato Fesime -minoritario y muy cercano a la OMC- ha sido calificada por fuentes oficiales y por expertos jur¨ªdicos como de "desobediencia civil".
Conducta antisocial
El propio director general jefe de la Inspecci¨®n General de Servicios de la Administraci¨®n P¨²blica, Javier Valero, designado como brazo ejecutor de la ley por el ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, la ha calificado de "conducta antisocial inconcebible en un Estado de derecho" y de "bochornosa actitud, incomprensible en corporaciones de servicio p¨²blico como son los colegios oficiales".
Javier Nadal ha explicado en un debate p¨²blico celebrado el pasado lunes d¨ªa 9 en la sede de la Cruz Roja de Madrid que la ley se aplicar¨¢ "con rigor y comenzando por los casos que no se hayan atenido a la legalidad". "Es verdad que la declaraci¨®n de boicoteo por parte de algunas corporaciones nos puede distorsionar el ritmo de aplicaci¨®n de la ley, pero utilizaremos todos los medios t¨¦cnicos que tenemos a nuestro alcance".
"Como primera medida", ha dicho Valero, "todas las administraciones p¨²blicas en las que trabajen m¨¦dicos y otros funcionarios est¨¢n obligadas a mandar a la Administraci¨®n central la n¨®mina del mes de enero. Estos datos ser¨¢n tratados por un potente ordenador que nos permitir¨¢ saber en algunas semanas qui¨¦nes figuran en dos o m¨¢s n¨®minas. Estos datos ser¨¢n contrastados con los de las declaraciones, y de esta manera sabremos a qui¨¦nes afectan las incompatibilidades y el grado de veracidad que se ha producido en los formularios". Quienes no se hayan atenido a la ley deber¨¢n devolver con car¨¢cter de apremio los salarios que les correspondan desde el d¨ªa 1 de enero de 1986 por el puesto que no hayan declarado.
Adem¨¢s se les abrir¨¢ un expediente administrativo por falta grave, que podr¨ªa terminar incluso con la p¨¦rdida temporal o indefinida del ¨²nico empleo que manten¨ªan en la Seguridad Social.
Matos calific¨® de bluff el ordenador que va a procesar las incompatibilidades, y a?adi¨®: "El Gobierno quiere que nos autodenunciemos, y pretende expropiarnos sin que se fije a cambio un justiprecio".
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