El diario 'Le Progr¨¨s', 'intervenido' hasta que se decida sobre la legalidad de su venta a Robert Hersant

Soluci¨®n de compromiso para el caso del peri¨®dico Le Progr¨¨s, de Lyon, comprado por el magnate Robert Hersant. El Tribunal de Comercio de Par¨ªs ha decidido nombrar no un administrador judicial, como ped¨ªa el fiscal y deseaba el Gobierno socialista, sino un mandatario, es decir, un controlador que impida que se tomen "decisiones irreversibles" hasta que los jueces decidan, a fines de mes, si la venta del diario fue l¨ªcita o no.

El ciudadano Hersant, un conservador de 66 a?os, diputado europeo y candidato a la Asamblea Nacional en las elecciones del pr¨®ximo 16 de marzo, anunci¨® hace dos semanas la compra del grupo que edita Le Progr¨¨s (quinto peri¨®dico del pa¨ªs) y otras cuatro publicaciones m¨¢s, en abierto desaf¨ªo a la ley de 1984, que prohibe la concentraci¨®n de los medios de comunicaci¨®n.

El magnate, que es due?o ya de 20 diarios (nacionales y regionales) y de una quincena de publicaciones peri¨®dicas, explic¨® desde las p¨¢ginas de Le Figaro -la joya de su imperio- que para ganar una guerra, la de los medios de comunicaci¨®n, "hay que ir por delante de las leyes".

El Gobierno recogi¨® el reto y pidi¨® al fiscal de la Rep¨²blica que estudiara el caso. La Comisi¨®n Caillavet, encargada de vigilar el cumplimiento de la ley sobre transparencia y pluralidad de la Prensa, se reuni¨® en sesi¨®n de urgencia y decidi¨® tambi¨¦n recurrir al fiscal por incumplimiento de dos art¨ªculos del texto legal: el que obliga a comunicar por adelantado la compra-venta de un medio de comunicaci¨®n o de parte de sus acciones y el que estipula que ninguna sociedad o particular podr¨¢ controlar m¨¢s del 15% de la difusi¨®n nacional o regional de la prensa escrita.

Suplicatorio

El propietario de Le Figaro juega con el tiempo a su favor, porque la ley antimonopolio puede ser invalidada por la pr¨®xima Asamblea Nacional, en la que existir¨¢ probablemente una mayor¨ªa conservadora y en la que se sentar¨¢ ¨¦l mismo, y porque cualquier acci¨®n judicial contra Hersant exige que el Parlamento Europeo acceda previamente a un suplicatorio, lo que adem¨¢s de ser improbable exige varias semanas.El fiscal estim¨® que si, bien es problem¨¢tico procesar al ciudadano Hersant, no lo era tanto lograr que el Tribunal de Comercio nombrara un administrador judicial para impedir que el nuevo propietario comenzara a dirigir el grupo reci¨¦n adquirido, ni que se pronunciara sobre la licitud o ilicitud de la compra-venta.

La sentencia sobre el fondo del caso (validez de la operaci¨®n comercial), no se conocer¨¢ hasta el pr¨®ximo d¨ªa 27, pero de momento los jueces han decidido que no pueden impedir que Robert Hersant act¨²e como nuevo presidente.

El Tribunal de Comercio afirma que la sociedad est¨¢ funcionando normalmente, que Robert Hersant ha pagado los sala:r¨ªos atrasados (los trabajadores de Le Progr¨¨s no hab¨ªan cobrado su sueldo de diciembre ni la paga extraordinaria) y que el nombramiento de un administrador judicial privar¨ªa a las publicaciones de los medios de financiaci¨®n indispensables, causando la paralizaci¨®n completa del grupo.

Procede, sin embargo, prosigue el tribunal, adoptar medidas de precauci¨®n para evitar que Robert Hersant tome "decisiones irreversibles" antes de que se decida si la operaci¨®n de venta fue l¨ªcita.

Para vigilar los movimientos del magnate se ha nombrado un controlador judicial que asistir¨¢ a las juntas de accionistas, a los consejos de administraci¨®n y a cuantas reuniones decisorias se celebren para tomar nota e informar al tribunal si cree que se est¨¢ violando esa prohibici¨®n. El controlador, nombrado por tres meses, ser¨¢ un antiguo presidente del propio Tribunal de Comercio de Par¨ªs, Paul Paciot.

El primer episodio del pulso contra reloj entablado por Hersant y el Gobierno socialista franc¨¦s finaliza con tablas y sin que se haya llegado al fondo del problema.

La batalla decisiva se desarrollar¨¢ dentro de 13 d¨ªas, cuando el mismo tribunal decida si la venta debe ser considerada l¨ªcita o quedar sin efecto por incumplimiento de la ley.