Una supuesta connivencia nunca admitida
Las supuestas sospechas de relaciones entre la polic¨ªa espa?ola y grupos armados anti ETA se vieron incrementadas en junio de 1985, cuando una serie de jueces italianos, franceses y espa?oles se?alaron fundados indicios de' que los atentados insertos en la guerra sucia contra la organizaci¨®n terrorista vasca ETA eran organizados y pagados por determinados servicios de informaci¨®n espa?oles. Sin embargo, el Ministerio del Interior, a trav¨¦s del titular del departamento, Jos¨¦ Barrionuevo, ha considerado siempre como una "calumnia" cualquier insinuaci¨®n que relacione al Gobierno espa?ol con una hipot¨¦tica guerra sucia.Uno de los informes en poder de los jueces referidos, elaborado por la Comisar¨ªa General de Informaci¨®n espa?ola sobre Giusseppe Calzona -miembro de los Grupos Antiterroristas de Liberaci¨®n, GAL-, afirma que ¨¦ste particip¨®, junto con destacados neofascistas italianos, en atentados contra etarras en el sur de Francia.
Calzona afirma que mantuvo estrechas relaciones con Jean Pierre Ch¨¦rid, miembro del Batall¨®n Vasco Espa?ol y de los GAL -muerto en 1984 en Biarritz-, y que conoci¨® el hecho de que Ch¨¦rid "estaba trabajando para alg¨²n servicio del Gobierno", ya con los socialistas en el poder en Espa?a.
Estas declaraciones de Calzona fueron ratificadas por los familiares de Ch¨¦rid (ver EL PA?S del 22 de junio de 1984), que se?alaron que el ex miembro de los GAL colaboraba con la polic¨ªa espa?ola desde 1978. Los citados familiares solicitaron una indemnizaci¨®n al Ministerio del Interior tras su muerte.En el informe de la Comisar¨ªa General de Informaci¨®n referido se se?ala el relato que Calzona hace de su relaci¨®n con los neofascistas italianos, comandados durante los primeros a?os de la transici¨®n por Steffano della Chiae, y sus atentados contra etarras en el sur de Francia.
Tras la detenci¨®n de cuatro miembros de los GAL -Rousset, Morganti, Domange y Lambert- en Marsella en noviembre de 1985, tres de ellos declararon que fueron contratados por los servicios secretos espa?oles para llevar a cabo atentados contra miembros de ETA, seg¨²n public¨® el diario Le Monde.
En junio de 1984, Jean-Philippe Labade, presunto miembro de los GAL, mantuvo una entrevista con una grupo de personas que viajaban en un coche cuya matr¨ªcula hab¨ªa correspondido al cupo de placas automovil¨ªsticas utilizadas en a?os anteriores por la Brigada Regional de Informaci¨®n de la Jefatura Superior de Polic¨ªa de Vizcaya. Juli¨¢n San Crist¨®bal, director de la Seguridad del Estado, declar¨® a ra¨ªz de aquellos hechos que la matr¨ªcula hab¨ªa sido dada de baja para esos usos en octubre de 1983.
El 23 de noviembre de 1980, tres informadores policiales a sueldo cruzaron violentamente la frontera franco-espa?ola, minutos despu¨¦s de perpetrarse el atentado contra el bar Hendayais, donde murieron dos ciudadanos franceses y resultaron heridos otros diez.
En mayo de 1985, Manuel Ballesteros, ex comisario general de Informaci¨®n, neg¨® ante la Audiencia Provincial de San Sebasti¨¢n, que le juzgaba por un presunto delito de denegaci¨®n de auxilio a la Justicia, conocer la identidad de los tres informadores policiales a sueldo que cruzaron la frontera francesa.Asimismo, Joaqu¨ªn Gamb¨ªn alias el Grillo, condenado a siete a?os por su relaci¨®n con el caso Seala, en su comparecencia en junio de 1985 ante la Audiencia Provincial de Valencia declar¨® que dos hermanos franceses, antiguos miembros de la Organizaci¨®n del Ej¨¦rcito Secreto (OAS, grupo terrorista de apoyo a una Argelia francesa), pertenec¨ªan "al servicio de informaci¨®n".,
La descripci¨®n que dio de ambos hermanos apunta a Gilbert y Clement Perret, que han sido relacionados con los GAL por diversos medios de comunicaci¨®n. Clement Perret muri¨® asesinado el pasado mes de agosto en Castell¨®n.
La organizaci¨®n terrorista ETA, mediante un comunicado an¨®nimo, se responsabiliz¨® de la autor¨ªa del atentado.
Interior niega
Jos¨¦ Barrionuevo, ministro del Interior, neg¨® ante el Pleno del Congreso de los Diputados, el pasado 4 de diciembre, que el Gobierno participe en una guerra sucia contra el terrorismo. En diciembre de 1983 el ministro amenaz¨® con "exigir responsabilidades" si se producen acusaciones de este tipo.
Sin embargo, el juez de instrucci¨®n de Bayona (Francia), Gilbert Cousteaux, y la polic¨ªa del Pa¨ªs Vasco f¨ªanc¨¦s consideraron "insuficientes" en mayo de 1985 las explicaciones que dio el Gobierno espa?ol sobre los posibles contactos de un miembro de los GAL con la polic¨ªa espa?ola.
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