El peritaje judicial sit¨²a en 760 millones el presunto fraude de la empresa SAVE
El fraude presuntamente cometido por la Sociedad An¨®nima Valenciana de Estacionamientos (SAVE) contra el organismo aut¨®nomo Aeropuertos Nacionales asciende a algo m¨¢s de 760 millones de pesetas, seg¨²n el peritaje judicial definitivo concluido esta misma semana. Esta cifra es la diferencia entre los c¨¢nones declarados y liquidados por SAVE y la cantidad que tendr¨ªa que haber satisfecho si no hubiera minorado las recaudaciones obtenidas en los aparcamientos de 11 aeropuertos espa?oles, de cuya concesi¨®n disfrutaba desde 1974 en alg¨²n caso.Seg¨²n el dictamen emitido por los peritos del Juzgado n¨²mero 12 de Valencia, encargado de la instrucci¨®n del sumario, y por los designados por las partes, la cifra exacta se eleva a 760. 178.350 pesetas y est¨¢ referida al per¨ªodo comprendido entre el inicio de la explotaci¨®n de los estacionamientos y el 30 de septiembre de 1985, poco antes de la detenci¨®n y la apertura de diligencias previas contra Vicente Iborra, presidente de la sociedad y, en aquellas fechas, de la patronal valenciana.
La citada cantidad se desglosa en 714.846,827 pesetas correspondientes al c¨¢non ordinario -que var¨ªa entre un 40% y un 60% de las recaudaciones brutas, aproximadamente- y 45.331.563 pesetas procedentes del c¨¢non adicional que, seg¨²n los contratos de las concesiones, SAVE hab¨ªa de satisfacer en los aeropuertos de Madrid y Barcelona si la recaudaci¨®n bruta sobrepasaba determinados topes, que variaban cada a?o.
Por aeropuertos, el de Barcelona es el que pre¨ªenta mayor desfase entre la liquidaci¨®n real y la reglamentada: 283.637.620 pesetas. En Madrid-Barajas, la minoraci¨®n alcanz¨® en los 12 ejercicios anuales citados la cifra de 217.030.695 pesetas.
Todas esas cantidades fueron trasvasadas a los cuatro estacionamientos propios de SAVE en Valencia y Murcia, de manera que figuran como ingresos, de los que se derivan los correspondientes pagos al Ministerio de Hacienda. Por esta raz¨®n, el auto de procesamiento dictado por apropiaci¨®n indebida y, falsedad en de documento p¨²blico el pasado 27 de febrero contra 34 personas, entre los que figuiran el consejo de administraci¨®n de la empresa en pleno, no incluye una menci¨®n de delito fiscal.
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