El Gobierno respalda la incomparecencia, de 90 guardias civiles citados por una pez en relaci¨®n con presuntas torturas

El Gobierno respalda la incomparecencia de 90 guardias civiles ante el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Bilbao, en relaci¨®n con la investigaci¨®n de las presuntas torturas sufridas en 1981 por Tom¨¢s Linaza Euba, padre de un presunto etarra. Interior entiende que el reconocimiento en rueda no es el adecuado para investigar una denuncia "contra personas indeterminadas", y estima que la comparecencia es humillante y existen poderosas razones de seguridad para impedirla, seg¨²n el documento remitido a la autoridad judicial. En consecuencia, el ministerio fiscal se ha opuesto a tales diligencias. Por su parte, el portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Juan Jos¨¦ Mart¨ªnez Zato, asegur¨® que el Consejo no tiene que intervenir por el momento en este asunto, y que la autoridad judicial cuenta con resortes suficientes para responder a la negativa de quien se niegue sin justificaci¨®n a declarar.

El oficio remitido a la titular del juzgado bilba¨ªno por el director general de la Guardia Civil, teniente general Jos¨¦ Antonio S¨¢enz de Santa Mar¨ªa, se?ala que no parece que concurran los supuestos de los art¨ªculos 368 y 369 de la ley de Enjuiciamiento Criminal para la pr¨¢ctica de reconocimiento en rueda, que exige la comparecencia de una persona determinada contra la que se dirigen cargos. No hay constancia, dice el oficio, de que se hayan dirigido en este caso cargos contra personas en concreto.El escrito considera la comparecencia "p¨²blica y humillante", y advierte que existen "poderosas razones de seguridad que resulta obvio exponer" para oponerse a tal comparecencia, de la que tambi¨¦n resultar¨ªa perjuicio al servicio. Por estas razones, dice el oficio, "el Gobierno de la naci¨®n ha acordado que no se cursen ¨®rdenes de comparecencia a los relacionados".

Fuentes del Gobierno se?alaron que ya han pasado por estas comparecencias en rueda un total de 246 guardias civiles, sin contar los 90 cuya presencia se ped¨ªa ahora. Los 90 g¨²ardias citados por la titular del juzgado bilba¨ªno, Mar¨ªa Elizabette Huerta S¨¢nchez, para el pasado d¨ªa 3 -fecha en la que cumpli¨® 32 a?os-, no acudieron al reconocimiento en rueda.

Fuentes del Ministerio de Justicia afirmaron que para resolver el problema planteado por la citaci¨®n de la juez Huerta "no es necesaria una reforma legislativa, ya que basta con la aplicaci¨®n de las leyes vigentes".

El portavoz del CGPJ, Juan Jos¨¦ Mart¨ªnez Zato, manifest¨® que "el Consejo no puede ni debe decir nada en lo que afecta al orden jurisdiccional". A?adi¨® que, tiat¨¢ndose de una actuaci¨®n judicial sobre la que no se ha recibido queja de ning¨²n particular ni instituci¨®n, el Consejo no tiene porqu¨¦ intervenir. "Por ahora, no tenemos nada que decir", se?al¨®.

Mart¨ªnez Zato resalt¨® que, en todo caso, si es cierto que se ha producido la negativa de unos funcionarios a declarar, la autoridad judicial tiene resortes suficientes para responder jurisdiccionalm¨¦nte a esa negativa, si no la considera ajustada a derecho. "Aqu¨ª no se les dan ni se le tienen que dar instrucciones a los jueces", dijo. A?adi¨® que el Consejo respeta la independencia judicial, "que debe ser respetada tambi¨¦n por todo el mundo". Mart¨ªnez Zato record¨® que es misi¨®n del Ministerio Fiscal velar por la legalidad".

Fuentes del Ministerio Fiscal se?alaron que en el caso concreto de la citaci¨®n cursada a numerosos miembros de la Guardia Civil por la juez Huerta se ha hecho un uso incorrecto de los art¨ªculos 368 y 369 de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Dichos art¨ªculos regulan la dilig¨¦ncia del reconocimiento, en rueda, que est¨¢ prevista procesalmente para las acusaciones contra persona determinada, a fin de identificar al denunciado. Sin embargo, en este caso, a?aden, la denuncia se produjo "contra persona indeterminada", por lo que la citaci¨®n judicial, estima la fiscal¨ªa, "no es correcta desde el punto de vista jur¨ªdico".

Frente a esta posible incorrecci¨®n formal, Txema Montero, abo gado de Linaza, manifiesta qu mientras la existencia de las torturas es indudable, dados los certificados m¨¦dicos, la concreta identidad del pr¨¦sunto torturador no e posible facilitarla al juez, porque a los abogados de los detenidos no se les comunican los nombres de los guardias civiles que les interrogan o custodian.

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En esta misma l¨ªnea, el presidente de la Secci¨®n Segunda de la Audiencia de Bilbao y portavoz de Jueces para la Democracia, Juan Alberto Belloch, declar¨® a EL PA?S: "Si se, quieren evitar estos llamamientos, que la autoridad gubernativa encuentre al autor de los hechos, le someta a un expediente y lo remita a la autotidad judicial". Belloch a?adi¨® que si la autoridad gubernativa no tiene capacidad para hacer esto, "que al menos no estorbe la actuaci¨®n judicial, que a veces tiene que optar entre estas Citaciones masivas o aceptar la plena impunidad de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad".

Por su parte, el presidente de la Uni¨®n Progresista de Fiscales, Jos¨¦ Mar¨ªa Mena, que habl¨® a t¨ªtulo personal por no haber podido consultar con la ejecutiva de este colectivo, se?al¨® que "las ¨®rdenes emitidas en forma por los jueces dentro de su competencia, en ning¨²n caso pueden ser desautorizadas por ninguna autoridad gubernativa, al margen de los recursos que contra dichas ¨®rdenes puedan producirse".

El magistrado Joaqu¨ªn Navarro, que fue presidente de la Junta de Jueces de San Sebasti¨¢n entre febrero de 1981 y junio de 1984, afirm¨® que la no comparecencia cuando se es citado en forma puede hacer incurrir al citado en el delito de denegaci¨®n de auxilio a la justicia. Se?al¨® que las citaciones masivas s¨®lo suelen realizarse cuando se han agotado otros procedimientos para el esclarecimiento de los delitos de que se acusa a los miembros de los cuerpos de seguridad.