Desnudar un santo para vestir a otro

Se olvida que el control de la legalidad corresponde, en definitiva, a los tribunales de justicia, y todo lo que se diga sobre este tema, aun por el Gobierno, no pasa de ser una opini¨®n, m¨¢s o menos fundamentada. La legalidad o ilegalidad de la acci¨®n del Gobierno, oponi¨¦ndose a la comparecencia de los 90 guardias civiles, as¨ª como la de la previa citaci¨®n de ¨¦stos por la juez de Bilbao, deber¨¢n ser establecidas por los tribunales si los procedimientos actualmente en curso llegan a buen fin.Por una parte, la juez de Bilbao ha citado a declarar para ma?ana al teniente coronel firmante del oficio en el que se alegaban diversas razones para la no comparecencia, y, por otra, el ministerio fiscal ha presentado finalmente un escrito de alegaciones, que no recurso en el sentido jur¨ªdico del t¨¦rmino por estar fuera de plazo, contra la decisi¨®n judicial de citar a los guardias civiles para la rueda de reconocimiento. La declaraci¨®n del teniente coronel parece ser el primer paso de la autoridad judicial para investigar la naturaleza y el origen de la orden alegada por el firmante del oficio, y el escrito del ministerio fiscal puede ser el inicio de un procedimiento que por v¨ªa de los recursos termine en las m¨¢s altas instancias judiciales. El Gobierno no ha ocultado su intenci¨®n de llegar, si es necesario, hasta el Tribunal Constitucional, alegando que la decisi¨®n de la juez de Bilbao ha podido conculcar derechos fundamentales, como es el de defensa o el derecho a la vida o a la integridad f¨ªsica de las personas. Como se ve, pues, el tema de la legalidad o ilegalidad deber¨¢ ser resuelto en su d¨ªa, y todo lo que se diga ahora sobre el mismo no pasar¨¢ de ser simplemente opinativo.

S¨ª debe analizarse, sin embargo, la acci¨®n del Gobierno desde una perspectiva pol¨ªtica, pues pol¨ªtico es el fondo de un problema que, si bien ha estallado ahora envuelto en ribetes jur¨ªdicos, enfrenta desde hace a?os a los estamentos judicial y policial del Estado que ejercen sus funciones en el Pa¨ªs Vasco. Este problema no es otro que la viabilidad de la investigaci¨®n judicial en las denuncias por malos tratos policiales en un contexto de lucha antiterrorista, en la que las Fuerzas de Seguridad del Estado dejan muchos muertos, y cuando se sabe que ETA utiliza la v¨ªa de las denuncias por malos tratos para obtener datos sobre los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado m¨¢s implicados en esta lucha.

Extra?a que un asunto en el que est¨¢n en juego, por una parte, valores constitucionales tan esenciales como el del control jurisdiccional por parte del poder judicial de todas las actuaciones presuntamente delictivas; por otra, derechos fundamentales, como el derecho a la vida o a la integridad f¨ªsica de las personas, y, en el fondo, la eficacia dentro el marco legal constitucional de la lucha contra el terrorismo de ETA, no haya sido abordado a iniciativa del Gobierno por los distintos poderes e instituciones del Estado m¨¢s directamente afectados.

Situaci¨®n conocida

Es en ese punto donde puede criticarse la actuaci¨®n del Gobierno, que habr¨ªa dejado pudrir una situaci¨®n ya conocida, y que ven¨ªa de lejos, sin forzar por la v¨ªa de la colaboraci¨®n institucional una f¨®rmula pr¨¢ctica de entendimiento entre jueces y responsables de las fuerzas que luchan contra el terrorismo, en la que, respetando y reconociendo la universalidad del control jurisdiccional sin excepci¨®n alguna, se hubieran adoptado de com¨²n acuerdo las medidas necesarias para obstaculizar la estrategia de ETA.Que se sepa, los problemas que plantean en el marco de la lucha antiterrorista las denuncias por malos tratos ante la autoridad judicial nunca han sido tratados global y conjuntamente por los poderes del Estado m¨¢s directamente afectados, quiz¨¢ por desconexi¨®n entre ellos. Desconexi¨®n dentro del Gobierno del departamento de Interior con el de Justicia; desconexi¨®n del Gobierno en su conjunto con el Consejo General del Poder Judicial; desconexi¨®n del Consejo General del Poder Judicial con los ¨®rganos de gobierno de los jueces del Pa¨ªs Vasco, y, finalmente, desconexi¨®n entre los propios jueces de Vizcaya y San Sebasti¨¢n, en cuyas juntas deber¨ªan haber reflexionado conjuntamente sobre estos problemas y haber esbozado una soluci¨®n pr¨¢ctica de los mismos. Desconexi¨®n tambien, por otro lado, de los responsables pol¨ªticos de Interior con los mandos de las fuerzas que act¨²an en primera l¨ªnea contra el terrorismo.

Colaboraci¨®n institucional

Lo que pudo hacerse por la v¨ªa de la colaboraci¨®n institucional se hace ahora por la v¨ªa de los hechos consumados, mediante el enfrentamiento institucional, apoyando a unos pero a costa de minar el prestigio de otros ante la opini¨®n p¨²blica; en terminolog¨ªa del refranero: desnudar un santo para vestir a otro. Esta situaci¨®n de desequilibrio en contra del poder judicial se va a reforzar todav¨ªa m¨¢s en el futuro si, como parece, va a sustraerse del conocimiento de los jueces naturales, mediante la correspondiente reforma legislativa que atribuir¨ªa esta competencia a la Audiencia Nacional, los procedimientos derivados de las querellas por malos tratos formuladas contra miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado.Si esto ocurriese, la dif¨ªcil defensa que ha tenido la Audiencia Nacional como tribunal ordinario, y no de car¨¢cter especial, en sectores prestigiosos del mundo del derecho y de la propia ciudadan¨ªa en el interior de Espa?a, y en el exterior, cuando se ha solicitado la extradici¨®n de terroristas, se har¨¢ todav¨ªa m¨¢s dif¨ªcil; pero, sobre todo, se har¨¢ evidente que persisten todav¨ªa en plena democracia retazos de la profunda desconfianza que el franquismo aliment¨® contra la funci¨®n jurisdiccional de los jueces: bajo la apariencia de la respetabilidad social, entonces, y ahora bajo la exaltaci¨®n de su funci¨®n constitucional, ir sustrayendo asuntos a su conocimiento mediante la v¨ªa de las jurisdicciones especiales o de los tribunales m¨¢s o menos especiales o especializados.

No es que ahora sea igual, pero cuesta trabajo creer que el Gobierno no tenga otra v¨ªa que la de la reforma legislativa, y se rinda una vez m¨¢s, en el campo de la lucha contra el terrorismo y de la pol¨ªtica sobre la seguridad ciudadana, a una iniciativa de la derecha, que va a enrarecer en el futuro las relaciones del propio Gobierno con todos los jueces, sean conservadores o progresistas.