Elecciones y contaminaciones

DURANTE LOS pr¨®ximos tres meses los trabajadores espa?oles tendr¨¢n la oportunidad de elegir sus representantes a comit¨¦s de empresa para un per¨ªodo de cuatro a?os. No es ¨¦ste, sin embargo, el ¨²nico objetivo de las elecciones sindicales. A trav¨¦s de ellas se determina tambi¨¦n el nivel de representaci¨®n institucional de los sindicatos.La categor¨ªa de sindicato representativo, determinado mediante porcentajes de delegados por una ley Org¨¢nica, conlleva en nuestro pa¨ªs numerosas ventajas. Entre ellas, la no despreciable de gozar de las ayudas econ¨®micas del Estado. Pero posiblemente la m¨¢s importante sea su reconocimiento como interlocutor social cualificado y su presencia en algunos de los organismos de la Administraci¨®n.

Realmente es dif¨ªcil encontrar una instituci¨®n a la que la sociedad espa?ola deba m¨¢s reconocimiento y con los que esta sociedad haya sido m¨¢s injusta. En una reciente encuesta s¨®lo un 8% de los trabajadores apoyan decididamente a los sindicatos y una mitad los aceptan pasivamente. Sobre la implantaci¨®n sindical, m¨¢s del 95% confesaba conocer a las dos organizaciones mayoritarias, CC OO y UGT, y en tomo a un 70% a CNT y USO. Sin embargo, s¨®lo el 14% reconoc¨ªa estar afiliado. De las personas encuestadas, el 38,4% declar¨® no estar dispuesto a votar en las pr¨®ximas elecciones o votar en blanco.

En este contexto, parece que las elecciones sindicales -y sobre todo el per¨ªodo previo a las mismas- debe servir para fortalecer la imagen y el papel que las organizaciones obreras juegan en la sociedad. Pero tambi¨¦n parece claro que la misma fuerza de la ley, los condicionantes que se imponen a los sindicatos para entrar en el campo de juego social, les obliga a lanzarse a una batalla electoral en un derroche de medios y dinero del que andan m¨¢s que escasos. Todo ello para alcanzar que el Estado reconozca surepresentatividad. En sentido estrictamente legal, el ministerio de Trabajo no convoca las elecciones, pero a efectos de reconocer la representatividad de cada grupo pondera los votos en los tres ¨²ltimos meses del a?o electoral.

Efectivamente, el sistema espa?ol de elecciones sindicales plantea serias dudas en cuanto a que sea el baremo m¨¢s adecuado para medir el grado de representaci¨®n de las centrales. Baste tener en cuenta adem¨¢s de lo apuntado, que el m¨¦todo de los porcentajes de delegados, seg¨²n la plantilla de cada empresa, hace que un delegado de Renfe, por ejemplo, precise de un n¨²mero incomparablemente superior de votos al de un peque?o taller de reparaci¨®n de Autom¨®viles. Puede darse as¨ª la paradoja de un sindicato que, a pesar de lograr un numero de votos m¨¢s alto que su contrincante, quede relegado a una segunda posici¨®n y ello provoca, bordeando la picaresca, que las centrales se vuelquen en la peque?a y mediana empresa y abran generosamente sus listas a los no afiliados.

Las elecciones que ahora comienzan presentan adem¨¢s una serie de factores que ponen en duda la limpieza del proceso. La torpeza e inoportunidad con que el Gobierno socialista ha procedido a devolver el patrimonio hist¨®rico incautado a CNT y UGT tras la guerra civil es un buen ejemplo. Nadie podr¨¢ cuestionar la justicia de restituir a las organizaciones obreras los bienes expoliados. Pero s¨ª es censurable que se haya llevado a cabo en el m¨¢s absoluto de los secretos. M¨¢s a¨²n, el Gobierno no ha cre¨ªdo oportuno siquiera hacer p¨²blicos los criterios utilizados por la empresa consultora Richard Ellis para valorar el patrimonio incautado en su d¨ªa a los sindicatos. No debe sorprender por tanto que numerosos sectores duden de que el Gobierno -aun admitiendo la valoraci¨®n como correcta- no la haya corregido para favorecer a una de las partes.

El desprecio con que el Ejecutivo parece abordar su pol¨ªtica informativa se confirma cuando el Ministerio de Trabajo anuncia sin ning¨²n pudor que no har¨¢ p¨²blicos los resultados electorales hasta que no finalice todo el proceso. La actitud de constituirse en ¨²nico propietario de estos datos, hurtando su conocimiento a la opini¨®n p¨²blica, no puede siquiera justificarse bajo la excusa de que se trata de no interferir en el proceso electoral y de que al fin y al cabo los resultados se ir¨¢n comunicando a los sindicatos representados en la comisi¨®n consultiva de elecciones sindicales. Ambas razones no resisten el mas m¨ªnimo an¨¢lisis: la falta de datos oficiales convertir¨¢ la contienda electoral en una batalla de cifras en la que cada organizaci¨®n se ver¨¢ tentada a ofrecer los resultados m¨¢s favorables a la opci¨®n que defienden y ocultando los que m¨¢s les perjudiquen. S¨®lo los datos refrendados por la Administraci¨®n, tal y como est¨¢n las cosas actualmente, pueden impedir la manipulaci¨®n interesada de las cifras.

Pero las cosas no deber¨ªan seguir como est¨¢n ahora. La paternalista y abusiva presencia de la Administraci¨®n en unas elecciones que institucionalmente no le conciernen, perturba la marcha del proceso e introduce un intervencionismo que no sin raz¨®n provoca sospechas. Entre las reformas pendientes para crear un sistema de definici¨®n institucional claro y din¨¢mico, se encuentra evidentemente la que lleve a la desaparici¨®n de esa participaci¨®n administrativa contra natura en el mundo sindical, secuela directa de la dictadura y heredera directa de sus concupiscencias. Las elecciones sindicales ser¨¢n enconadas, pero en su encono no es el factor menos importante las m¨²ltiples aberraciones que las determinan.