La quiebra de la legalidad

La decisi¨®n del Gobierno de determinar la incomparecencia de 90 guardias civiles a una rueda de reconocimiento ordenada por una juez de Bilbao ha planteado diversas interrogantes. Desde el punto de vista de la legalidad, el autor ofrece las posibles respuestas.

?Es ¨²til y pertinente que un juez acuerde el reconocimiento en rueda de 90 presuntos autores de un delito cometido hace m¨¢s de cuatro a?os? Planteada la pregunta en un recinto acad¨¦mico para ser dilucidada por los aprendices de derecho obtendr¨ªa, con toda seguridad, una respuesta abrumadoramente negativa.El tema que contempla el interrogante enunciado ha saltado de la teor¨ªa a la realidad, suscitando un problema, de muy agudos perfiles que no puede afrontarse aisl¨¢ndolo del contexto procesal y pol¨ªtico en que se ha producido.

Ofrecer una relaci¨®n de 90 personas ante los intentos de identificar a tres posibles part¨ªcipes de un hecho objetivado por un informe m¨¦dico oficial incorporado al proceso parece un desaf¨ªo a la autoridad y competencias judiciales. Si respetamos la cronolog¨ªa de los incidentes procesales, nos parece que la decisi¨®n judicial no ha sido improvisada y est¨¢ perfectamente conectada con el objeto de la investigaci¨®n. En realidad, la decisi¨®n judicial ha sido provocada por la falta de colaboraci¨®n de las autoridades policiales.

El Gobierno ha reaccionado ordenando la incomparecencia y avalando una postura que data de anteriores responsables de la seguridad del Estado. Resulta preocupante que una determinaci¨®n de esta naturaleza se mantenga obstinadamente unos a?os despu¨¦s sin hacer una previa valoraci¨®n de todos los factores en liza y sin tener en cuenta su repercusi¨®n sobre la normalidad constitucional y el papel de las instituciones dentro del sistema democr¨¢tico.

Por encima de ef¨ªmeros pragmatismos est¨¢ dilucid¨¢ndose la credibilidad de los ciudadanos en los valores democr¨¢ticos, al mismo tiempo que se predica su inadecuaci¨®n para hacer frente a la criminalidad terrorista.

El conflicto ha llegado al Parlamento. Todos los grupos que han participado en las interpelaciones coinciden en calificar la decisi¨®n del Gobierno como una quiebra de la legalidad todav¨ªa vigente, pero ya se ha insinuado que la fractura puede ser f¨¢cilmente soldada con un nuevo producto legislativo que consagre la incomparecencia de los funcionarios policiales en las ruedas de reconocimiento o sustraiga su pr¨¢ctica a los jueces naturales. Una vez m¨¢s se pretende salvar las formas obviando los principioss y garant¨ªas que sostienen la legalidad democr¨¢tica.

Ambig¨¹edad

El Gobierno, por boca de dos de sus ministros, ha mantenido una cierta ambig¨¹edad entre la promesa del car¨¢cter excepcional de la decisi¨®n adoptada y la reafirmaci¨®n de la legalidad de su incitaci¨®n a la desobediencia policial. No ha aclarado suficientemente si la excepcionalidad va a ser ampliada a casos semejantes o si pretende convertir la inconiparecencia en un ¨¢rea de seguridad resguardada por una ley derogatoria que consagre el privilegio de los funcionarios encargados de la detenci¨®n de personas que, en el caso de la ley Antiterrorista, pueden estar durante 10 d¨ªas en las dependencias policiales.De momento no se ha dado una respuesta jur¨ªdica y pol¨ªtica al conflicto suscitado. El poder ejecutivo se ha salido del marco del debate, arrog¨¢ndose atribuciones judiciales y neg¨¢ndose abiertamente a dar cumplimiento a una resoluci¨®n judicial.

Si cada juez al que corresponda el conocimiento de hechos que revistan caracteres susceptibles de ser encajados en el apartado del C¨®digo Penal que sanciona la tortura se encuentra ante un masivo espectro de posibles culpables ser¨ªa preferible suprimir esta figura delictiva y denunciar el convenio internacional firmado por Espa?a antes que provocar est¨¦riles enfrentamientos entre los poderes del Estado.

Si la decisi¨®n del Gobierno se consuma ?qu¨¦ pueden hacer los jueces en el desempe?o de su labor investigadora?, ?c¨®mo podr¨¢n ejercitar plenamente las facultades juri¨ªsdiccionales que la Constituci¨®n les atribuye?, ?qu¨¦ resta de la sumisi¨®n a la legalidad constitucional de todos los poderes del Estado?, ?qu¨¦ puede hacer el individuo frente al muro de silencio que levantan las instituciones?, ?qu¨¦ puede ofrecer el sistema democr¨¢tico?

De momento s¨®lo la rectificaci¨®n del Gobierno podr¨ªa salvar este grave conflicto. La lucha antiterrorista no pierde su eficacia ni se debilita por facilitar al juez los nombres de las personas sospechosas, solamente sospechosas, de ser autoras de un hecho que, si resulta acreditado, repugna a toda conciencia civilizada.

Empecinarse en la actual postiara s¨®lo refuerza los objetivos de los que utilizan la violencia, el asesinato y la extorsi¨®n como arma de acci¨®n pol¨ªtica; ellos s¨ª que habr¨ª¨¢ conseguido sus objetivos. La democracia, vac¨ªa de contenido, terminar¨¢ perdiendo sus se?as de identidad, convirti¨¦ndose en resquebrajado edificio sin consistencia.

El sistema democr¨¢tico puede admitir sin mayores quebrantos que 90 guardias civiles comparezcan ante un juez, pero no puede permitirse la rebeld¨ªa de sus servidores sin hacer peligrar los principios esenciales que mantienen el contrapeso entre los poderes del Estado. Todav¨ªa es tiempo paira una soluci¨®n equilibrada. La democracia lo necesita y la raz¨®n y la ¨¦tica lo exigen.